Apelan condena contra líder comunitario de Isla Tasajera por pena excarcelable

Los abogados defensores de Élmer David Funes Durán, líder comunitario de la Isla Tasajera en El Salvador, presentaron una apelación ante la Cámara de la Segunda Sección de San Vicente para solicitar la anulación de la condena en su contra o, en su defecto, que se le permitan medidas alternas al cumplimiento de la pena privativa de libertad.

El 28 de octubre de 2025, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca dictó una sentencia condenatoria de tres años de prisión contra Funes Durán, tras declararlo culpable por el delito de instigación en usurpación de inmuebles. Sin embargo, la defensa argumenta que la pena aplicada es excarcelable, y por lo tanto el condenado podría cumplirla mediante trabajos de utilidad pública o arresto domiciliar, opciones contempladas en la legislación salvadoreña para ciertos casos.

Argumentos de la defensa y contexto legal

Rudy Joya, abogado y vocero de la Unidad por la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc),explicó que la apelación busca revertir la decisión del tribunal o, en caso de que se confirme la condena, que se otorguen medidas alternativas al encarcelamiento. Según Joya, durante el proceso judicial se demostraron inconsistencias en las acusaciones fiscales y se evidenció que no existió delito de usurpación, dado que muchas de las familias residentes en la Isla Tasajera son nativas y han habitado el lugar por más de cinco décadas.

Además, el abogado señaló que aproximadamente el 80 % del territorio de la Isla Tasajera es propiedad del Estado y está catalogado como área protegida, lo que imposibilitaría la existencia de delitos de usurpación de inmuebles en esa zona. Por esta razón, la defensa considera que la condena carece de sustento jurídico sólido y que la privación de libertad resulta desproporcionada.

Controversia por la suspensión de beneficios legales

Un punto controvertido en el caso es que, pese a que la ley permite la aplicación de penas excarcelables como el cumplimiento de trabajos de utilidad pública, el juez encargado del Tribunal de Sentencia decidió suspender este beneficio para Funes Durán. La fundamentación del tribunal se basa en que la privación de la libertad busca evitar un supuesto daño o mal ejemplo para la comunidad, lo que la defensa califica como una medida arbitraria que vulnera los principios legales de legalidad y debido proceso.

El auto de detención provisional, emitido el 29 de octubre de 2025 por el mismo tribunal y al que tuvo acceso este medio, reconoce a Élmer David Funes Durán como expresidente de la Asociación de Desarrollo Comunal (Adesco) y líder comunitario de la Isla Tasajera. El documento señala que, en su calidad de líder, habría instigado a los residentes de las comunidades Valle Viejo y Valle Nuevo a ocupar terrenos pertenecientes a sociedades privadas, impidiendo que estas últimas ejercieran plenamente sus derechos de propiedad.

No obstante, la defensa ha rechazado categóricamente dichas imputaciones y argumenta que Funes Durán no ha incitado a la comunidad ni ha estado involucrado en actos que justifiquen la suspensión de beneficios legales. Además, señalaron que el acusado no forma parte actualmente de la Adesco, por lo que la acusación sobre su posible repetición de conductas ilegales carece de fundamento.

Contexto de la Isla Tasajera y procesos de desalojo

La Isla Tasajera es una zona costera que forma parte de la jurisdicción del departamento de La Paz y es conocida por su población asentada históricamente en el área, muchas veces en condiciones de vulnerabilidad social y económica. En los últimos años, diversas comunidades en zonas costeras de El Salvador han enfrentado procesos de desalojo y conflictos relacionados con la propiedad de los terrenos, lo que ha generado tensiones y denuncias por violaciones a derechos humanos.

En este contexto, la defensa de Funes Durán sostiene que el caso representa un ejemplo más de la compleja situación en la que se encuentran estas comunidades, donde los procesos legales no siempre consideran las particularidades sociales y culturales de los habitantes. Por ello, enfatizan la necesidad de que las autoridades judiciales actúen con apego a los derechos humanos y garanticen un debido proceso justo y equitativo.

Perspectivas y próximos pasos

La apelación presentada por la defensa será analizada próximamente por la Cámara de la Segunda Sección de San Vicente, instancia que tiene la potestad de confirmar, anular o modificar la sentencia impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca. Mientras tanto, Élmer David Funes Durán permanece privado de libertad cumpliendo la condena, a pesar de las solicitudes para aplicar medidas alternas.

Este caso ha generado atención en sectores de derechos humanos y organizaciones comunitarias, que observan con preocupación las implicaciones que podría tener para la protección de los derechos de las comunidades históricas en zonas protegidas y de alta vulnerabilidad. Asimismo, se plantea el debate sobre la proporcionalidad de las penas y el respeto a las garantías procesales en el sistema judicial salvadoreño.

El desarrollo de esta apelación será un referente para futuras controversias similares en El Salvador, donde la tensión entre el derecho a la propiedad y los derechos comunitarios demanda soluciones equilibradas y respetuosas del marco legal nacional e internacional.