Asamblea aprueba 19 préstamos en 13 meses tras acuerdo con FMI y expertos advierten sobre riesgos de deuda

El Gobierno de El Salvador, tras anunciar en diciembre de 2024 la concreción de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI),inició un proceso de endeudamiento que se reflejó en la aprobación de 19 préstamos por parte de la Asamblea Legislativa en un periodo de 13 meses consecutivos. Esta dinámica se detuvo en marzo de 2026, cuando no se registró la aprobación de nuevos empréstitos.

Durante este periodo, la Asamblea, controlada por el partido Nuevas Ideas, avaló préstamos por un monto total de $2,773.7 millones. Los recursos aprobados contemplan financiamiento tanto para proyectos de inversión como para gastos corrientes del Gobierno. En particular, cuatro préstamos suman $900 millones destinados a cubrir gastos operativos del Estado.

Desembolsos y deuda pública: situación actual

Según los registros oficiales de desembolsos publicados por el Ministerio de Hacienda en el portal de Transparencia Fiscal, los $900 millones asignados para gasto corriente fueron desembolsados en su totalidad durante 2025, lo que significa que el Gobierno ya ha utilizado esos recursos.

Dos economistas especializados en finanzas públicas analizaron las cifras de préstamos aprobadas y desembolsadas, poniendo énfasis en la necesidad de mantener un control riguroso sobre los niveles de deuda para cumplir con los objetivos estipulados en el acuerdo con el FMI.

Ambos especialistas recordaron que la deuda pública no aumenta automáticamente con la aprobación de un préstamo, sino conforme se realizan los desembolsos. Por ejemplo, un crédito aprobado por $250 millones sólo incrementa la deuda en la medida que se desembolse ese monto, lo que puede darse de forma gradual durante varios años.

Estabilidad y reducción de la deuda: un objetivo clave

El propósito principal del financiamiento externo es lograr que la deuda pública en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) se estabilice y, posteriormente, disminuya. Además, es fundamental controlar el déficit fiscal, que se calcula como la diferencia entre todos los ingresos y gastos del país, incluyendo inversiones.

De acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por el Banco Central de Reserva (BCR),la deuda pública de El Salvador representa actualmente el 93 % del PIB, lo que indica que el país debe $93 por cada $100 generados en su economía.

En este contexto, la ausencia de un límite explícito en el acuerdo con el FMI respecto a la contratación de deuda fue señalada como un factor que podría complicar el control de los desembolsos y, en consecuencia, el cumplimiento de los objetivos fiscales y de reducción del déficit.

Preocupaciones sobre el gasto de capital y superávit primario

Los expertos coinciden en que los préstamos para inversión se desembolsan de manera gradual y que la mayoría de estos desembolsos ocurrirán después de la finalización del programa con el FMI. Sin embargo, insisten en que el Gobierno debe mantener un objetivo fiscal claro para reducir el coeficiente deuda/PIB, independientemente de la vigencia del programa.

Un aspecto clave en este proceso es la generación de un superávit primario, es decir, que los ingresos del Estado superen sus gastos, sin considerar los pagos de intereses de la deuda. Sin embargo, se observa que la actual dinámica de endeudamiento y gasto de capital no está alineada con las previsiones del programa y podría dificultar la consecución de este superávit.

Las cifras avalan esta preocupación: mientras en 2023 y 2024 se desembolsaron préstamos por un total combinado de $1,479.8 millones, en 2025 los desembolsos alcanzaron $1,757.7 millones, superando los años anteriores y sumando directamente a la deuda pública.

Impacto en la planificación fiscal

El análisis subraya que más allá de la cantidad de préstamos que la Asamblea pueda aprobar, lo fundamental es que la ejecución y los desembolsos se ajusten a lo planificado en el acuerdo con el FMI para evitar un aumento descontrolado de la deuda y el déficit fiscal.

El incremento en la inversión financiada con deuda implica una elevación del déficit, situación que debe monitorearse cuidadosamente para no comprometer la estabilidad financiera del país a mediano plazo.

Los economistas advierten que la prueba de fuego para evaluar el cumplimiento del programa será justamente la evolución de los desembolsos y cómo estos afectan el saldo de la deuda pública.

Proyecciones y retos para 2026 y más allá

De los 19 préstamos aprobados desde febrero de 2025, cuatro se destinaron a gasto corriente, mientras que los 15 restantes están vinculados a inversión. En el presupuesto nacional de 2026 se programaron desembolsos para al menos seis de estos préstamos, con un monto estimado de $281 millones. De materializarse, esta cifra incrementaría aún más la deuda pública.

Además, queda la expectativa sobre si los otros nueve préstamos serán incorporados al presupuesto durante el año, así como la posibilidad de que se aprueben nuevos créditos en 2026, lo que exige una planificación fiscal rigurosa para evitar desajustes.

Los expertos insisten en que la ejecución de los desembolsos debe estar alineada con el entendimiento alcanzado con el FMI para garantizar la sostenibilidad fiscal y evitar que un exceso en la contratación y desembolso de deuda genere un aumento del déficit y comprometa la estabilidad económica.

Conclusiones

La aprobación de 19 préstamos en 13 meses tras el acuerdo con el FMI refleja la dinámica de financiamiento que enfrenta El Salvador para cumplir sus metas de inversión y funcionamiento. No obstante, el incremento en los desembolsos y la necesidad de controlar el déficit fiscal requieren de una planificación cuidadosa y un monitoreo constante para asegurar que la deuda pública se mantenga dentro de niveles sostenibles y que el país pueda cumplir con los objetivos del acuerdo internacional.

El escenario actual plantea un reto importante para las autoridades salvadoreñas, quienes deberán equilibrar la ejecución de proyectos y gastos con la responsabilidad fiscal que demanda la estabilidad macroeconómica y la confianza de los mercados financieros.