Asamblea Legislativa aprueba la prórroga 48 del régimen de excepción en El Salvador

En sesión plenaria celebrada el martes 24 de febrero, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la extensión número 48 del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. La votación contó con 57 votos a favor del oficialismo, un voto en contra emitido por el partido Vamos y la ausencia de dos diputados propietarios del partido ARENA.

La prórroga fue solicitada por el presidente de la República, Nayib Bukele, a través del Consejo de Ministros. Esta medida prolonga por 30 días la suspensión temporal de ciertas garantías constitucionales, específicamente las relacionadas con el derecho de defensa, el plazo de la detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia. Estas suspensiones están contempladas en los artículos 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución de la República.

Contexto y antecedentes del régimen de excepción

El régimen de excepción fue aprobado inicialmente mediante el decreto legislativo 333 el 27 de marzo de 2022, en respuesta a un incremento significativo en los homicidios, que durante un solo fin de semana superaron los 80 asesinatos. Desde entonces, esta figura jurídica ha servido como herramienta extraordinaria para enfrentar la crisis de violencia impulsada principalmente por pandillas y estructuras criminales que operan en el país.

En los casi dos años de vigencia, este régimen ha sido prorrogado repetidamente por la Asamblea Legislativa, con el argumento de que persisten las amenazas derivadas de estas organizaciones delictivas. La medida ha sido fundamental para implementar acciones más contundentes en materia de seguridad pública, aunque también ha generado cuestionamientos en materia de derechos humanos.

Defensa y argumentos a favor de la prórroga

El jefe de fracción del partido oficialista Nuevas Ideas, Christian Guevara, defendió la constitucionalidad y la continuidad del régimen de excepción durante la sesión plenaria. Señaló que el artículo 30 de la Constitución permite prórrogas sucesivas de 30 días, siempre que subsistan las circunstancias que motivaron la suspensión de derechos.

Guevara afirmó que, aunque las pandillas han sido debilitadas considerablemente, “aún existen” y representan una amenaza estructural que requiere la continuidad de medidas extraordinarias para controlar y reducir la violencia. Citó cifras oficiales que atribuyen al régimen la captura de más de 91,300 personas vinculadas a estructuras criminales, y destacó la reducción histórica de homicidios que ha mantenido al país con más de 1,140 días consecutivos sin asesinatos durante la actual administración gubernamental.

Otros diputados del oficialismo respaldaron la prórroga presentando ejemplos recientes de capturas de presuntos integrantes de pandillas, incluyendo menores de edad, y reiteraron que la herramienta legal es necesaria para impedir la reorganización de remanentes de estructuras criminales.

Postura del Consejo de Ministros y razones para la extensión

En el documento leído durante la plenaria, el Consejo de Ministros argumentó que persisten intentos de reorganización de pandillas, vínculos transnacionales y actividades ilícitas remanentes que ponen en riesgo la seguridad pública. Según el Ejecutivo, estas circunstancias justifican mantener las medidas extraordinarias con el fin de “preservar los avances alcanzados” en materia de seguridad.

El gobierno sostiene que la prórroga del régimen de excepción es una herramienta indispensable para consolidar la paz y proteger a la ciudadanía frente a las amenazas de las estructuras criminales, que continúan intentando recuperar espacios en el territorio nacional.

Críticas y cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos

Desde el inicio del régimen de excepción, diversas organizaciones nacionales e internacionales han expresado su preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos. Entre las críticas más recurrentes se encuentran las denuncias sobre detenciones arbitrarias, falta de garantías en los procesos judiciales y vulneraciones al debido proceso.

Estos sectores advierten que la suspensión de garantías constitucionales, aunque temporal y regulada, puede derivar en abusos y atropellos si no se aplican con estricto apego a la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales. Además, han solicitado mayor transparencia en la aplicación de esta medida y la implementación de mecanismos independientes de supervisión.

Balance y perspectivas del régimen de excepción en El Salvador

El régimen de excepción ha representado un cambio significativo en la estrategia de seguridad pública en El Salvador. La reducción de homicidios y el debilitamiento de pandillas son indicadores que el gobierno presenta como resultados positivos de esta política.

No obstante, la prolongación constante de este régimen también plantea desafíos en términos de equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos humanos. El debate público y político sobre esta medida continúa siendo relevante, dado que la estabilidad y paz social deben sostenerse en un marco de legalidad y garantías constitucionales.

La aprobación de la prórroga número 48 evidencia la continuidad de la apuesta del gobierno salvadoreño por mantener el régimen de excepción como una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado, mientras que la oposición y sectores sociales llaman a la cautela y atención en materia de derechos.

Con esta reciente extensión, la Asamblea Legislativa ratifica su compromiso con la política de seguridad vigente, en un contexto donde la consolidación de la paz y la prevención de la violencia siguen siendo prioridades nacionales.