Asamblea Legislativa aprueba reforma para aplicar cadena perpetua desde los 12 años en casos graves

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador avaló recientemente la ratificación de una reforma constitucional que habilita la imposición de sentencias de cadena perpetua para los delitos de homicidio, violación y terrorismo. Este avance legislativo incluye además la aprobación de modificaciones en cuatro leyes secundarias relacionadas con el juzgamiento de estos crímenes, que serán sometidas a votación del pleno legislativo el próximo jueves.

Cadena perpetua para menores desde los 12 años

Una de las novedades más controversiales de esta reforma es la posibilidad de aplicar la cadena perpetua incluso a jóvenes desde los 12 años de edad, siempre que sean encontrados responsables como autores o cómplices de los delitos mencionados. Según la redacción aprobada, los menores sentenciados a esta pena podrían optar a un régimen de libertad controlada tras cumplir 25 años de prisión, mientras que para los adultos la opción se habilitaría después de 30 años de encarcelamiento. Esto implica, por ejemplo, que un adolescente condenado a los 12 años podría buscar la libertad controlada a partir de los 37 años.

Debates y aclaraciones en la Comisión Política

Durante la sesión del lunes pasado, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) participaron en la exposición ante la Comisión, donde se discutieron aspectos técnicos y jurídicos de la reforma. La diputada que presidía la Comisión insistió en precisar que esta sanción se aplicaría a jóvenes entre 12 y 18 años, conforme a lo establecido en la Ley Penal Juvenil. A este respecto, el magistrado encargado de la Cámara Penal reafirmó que dicha ley rige para ese rango etario, y que los delitos de extrema gravedad podrían ser juzgados bajo este régimen.

Por su parte, otro magistrado apuntó que la Corte presentaría propuestas para precisar la aplicación de la normativa en casos de menores, particularmente para evitar que se extienda a niños menores de 12 años. Sin embargo, durante la aprobación de los dictámenes, no se incorporaron modificaciones en ese sentido, sino únicamente la inclusión de un periodo de "vacatio legis" de 30 días para permitir la adecuación del sistema judicial a los cambios normativos.

Coherencia con derechos y procedimientos especiales

Los magistrados defendieron la reforma argumentando que esta es compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que no implica una pena sin posibilidad de libertad, dado que los sentenciados podrían acceder a un régimen de libertad controlada tras cumplir los años estipulados en prisión. Además, la reforma extiende a los menores vinculados al crimen organizado la aplicación de los procedimientos contemplados en la Ley Contra el Crimen Organizado, en lugar de los procesos especiales para menores de edad.

Una consecuencia directa de esta homologación es la eliminación de la posibilidad de aplicar medidas sustitutivas en los procesos relacionados con los delitos mencionados, tanto para adultos como para adolescentes involucrados en estructuras criminales.

Reformas a la Ley Penal Juvenil y rechazo de organizaciones

Esta es la tercera reforma a la Ley Penal Juvenil impulsada por el Gobierno en los últimos cuatro años. La adaptación de los procesos y sanciones de adultos a menores vinculados al crimen organizado ha generado rechazo por parte de diversas organizaciones defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En febrero de 2025, el Comité de los Derechos del Niño (CRC),junto con otras entidades de Naciones Unidas, expresó preocupación señalando que estas reformas representan un retroceso significativo respecto a los compromisos internacionales de El Salvador para mantener un sistema de justicia juvenil con enfoque diferenciado, individualizado y especializado.

Contexto y perspectivas

El avance de estas reformas se da en un contexto donde El Salvador busca fortalecer su sistema de seguridad y justicia ante los altos índices de violencia y la presencia de estructuras criminales organizadas. La implementación de la cadena perpetua para delitos considerados de extrema gravedad responde a una política de mano dura que ha sido promovida por el actual Gobierno.

No obstante, la inclusión de menores de 12 años en el régimen de cadena perpetua genera un debate importante sobre los límites de la responsabilidad penal juvenil y el respeto a los derechos humanos. La falta de modificaciones en el dictamen para precisar estas edades indica que el Legislativo optó por mantener el texto original, aun cuando la Corte presentó observaciones para limitar la aplicación a adolescentes y no a niños.

La votación en el pleno legislativo será decisiva para definir el futuro de esta reforma y su impacto en el sistema penal salvadoreño, así como en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país.

Implicaciones legales y sociales

De aprobarse definitivamente, esta reforma implicará una transformación considerable en el sistema de justicia penal juvenil, equiparando algunas sanciones y procedimientos con los de los adultos en casos de delitos graves. Además, marcará un precedente en la aplicación de penas máximas a menores de edad en El Salvador.

El reto para las autoridades será garantizar que la aplicación de estas normas se realice con estricto apego a los derechos humanos, y que se brinde a los adolescentes una oportunidad real de reinserción social a través del régimen de libertad controlada después de cumplir la condena mínima requerida.

En paralelo, organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales continuarán observando y evaluando el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por El Salvador en materia de justicia juvenil y protección de la niñez.