Asamblea Legislativa elimina mayoría accionaria salvadoreña en bancos para atraer inversión extranjera

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma significativa en el marco regulatorio del sistema bancario nacional al derogar el artículo 10 de la Ley de Bancos. Esta disposición, hasta ahora vigente, establecía que al menos el 51 % de las acciones de los bancos constituidos en el país debía pertenecer a inversionistas salvadoreños o centroamericanos.

Con 56 votos a favor, la bancada oficialista y sus aliados respaldaron la medida, argumentando que la eliminación de esta restricción permitirá atraer nuevos capitales e incrementar la competencia dentro del sector financiero salvadoreño.

Contexto y fundamentos de la reforma

El decreto aprobado destaca que El Salvador atraviesa un periodo de dinamismo económico tanto a nivel nacional como internacional, lo que exige facilitar el acceso a nuevas inversiones y capitales. La reforma se sustenta en la necesidad de eliminar barreras legales que pudieran limitar la entrada de nuevos competidores al mercado financiero.

En palabras expresadas durante el debate, se busca fomentar la creación de nuevas fuentes de crédito para la población salvadoreña, promoviendo un sistema financiero más competitivo y diversificado.

Lo que establecía el artículo 10 derogado

El artículo 10, ahora eliminado, establecía que la propiedad accionaria de los bancos constituidos en el país debía mantenerse, como mínimo, en un 51 % en manos de inversionistas nacionales o centroamericanos, ya fueran personas naturales o jurídicas. Esta condición también aplicaba a bancos centroamericanos o extranjeros, siempre y cuando en su país de origen existiera regulación prudencial y supervisión equivalentes a los estándares internacionales, y que fueran reconocidos como entidades de primera línea por agencias clasificadoras de riesgo.

Además, la disposición facultaba a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para suscribir memorandos de cooperación con organismos fiscalizadores de los países de origen de los accionistas, con el fin de coordinar el intercambio de información y garantizar una supervisión consolidada de los bancos.

Con la derogación de este artículo, desaparecen tanto la obligación de mantener la mayoría accionaria en manos de inversionistas locales o regionales como las disposiciones relacionadas con la supervisión consolidada y los acuerdos de cooperación internacional.

Debate en la Asamblea Legislativa

Durante la sesión plenaria, la diputada suplente de Vamos expresó su preocupación por la eliminación total del artículo, señalando que con ello también se pierde un mecanismo clave de supervisión consolidada que permitía conocer el origen y la capacidad financiera de los accionistas extranjeros.

Enfatizó que la supervisión consolidada es fundamental para garantizar la liquidez y solvencia de los bancos, independientemente de dónde se encuentren los accionistas, e instó a reformar el artículo en lugar de derogarlo por completo para mantener ciertos controles y garantías.

Sin embargo, esta propuesta no contó con el respaldo mayoritario y solamente dos diputados votaron a favor de modificar en lugar de eliminar el artículo.

Por su parte, una diputada de la bancada oficialista defendió la derogación, argumentando que la actual regulación limita la capacidad de atraer nuevos actores financieros e inversiones extranjeras directas en el sector bancario salvadoreño.

Destacó que con la derogación se eliminan barreras para que personas naturales y jurídicas extranjeras puedan adquirir participaciones accionarias mayoritarias en bancos locales, lo que podría incrementar la competencia y diversificar la oferta de servicios financieros.

Implicaciones para el sistema financiero salvadoreño

Esta reforma representa un cambio importante en la estructura de propiedad de los bancos en El Salvador, ya que al desaparecer el requisito de mayoría accionaria local o regional, se abre la puerta a una mayor participación de inversionistas extranjeros con control mayoritario en las entidades financieras.

Desde la perspectiva oficial, esta medida podría traducirse en un incremento en la oferta crediticia y en la llegada de capitales frescos que impulsen el desarrollo económico del país.

No obstante, también se generan cuestionamientos respecto a los mecanismos de supervisión y control, especialmente en cuanto a la transparencia sobre el origen de los capitales y la solidez financiera de los accionistas foráneos.

La eliminación de la facultad de la SSF para establecer acuerdos de cooperación con autoridades financieras extranjeras podría dificultar el monitoreo consolidado y aumentar los riesgos asociados a la supervisión integral del sistema bancario.

Reflexión final

La reforma legislativa aprobada representa un giro en la política financiera nacional, orientado a modernizar y abrir el sistema bancario salvadoreño a la inversión extranjera. La medida busca dinamizar el mercado crediticio y fortalecer la competencia, aspectos que pueden beneficiar a consumidores y empresas.

Sin embargo, la ausencia de mecanismos claros para la supervisión consolidada y el control de los accionistas extranjeros plantea retos para las autoridades regulatorias, que deberán garantizar la estabilidad, transparencia y seguridad del sistema financiero en un entorno más abierto.

El desarrollo y la sostenibilidad del sistema bancario salvadoreño dependerán de la capacidad institucional para adaptarse a este nuevo marco y de la vigilancia continua para proteger los intereses económicos y sociales del país.