Asamblea Legislativa establece juzgados y proceso especial para delitos con cadena perpetua en El Salvador

La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó recientemente una reforma constitucional que habilita la imposición de la pena de prisión perpetua para ciertos delitos graves. Además, aprobó un conjunto de modificaciones legales que buscan garantizar la aplicación de esta sanción, estableciendo un proceso judicial especial y nuevos órganos encargados de su tramitación.

Reformas constitucionales y legales para la cadena perpetua

En una sesión plenaria, el oficialismo introdujo y aprobó con dispensa de trámite dos reformas que instauran el denominado “Procedimiento Especial para Delitos de Extrema Gravedad”. Este proceso será aplicado por nuevos órganos judiciales designados como Juzgados de lo Criminal. Estas reformas forman parte de un paquete más amplio de cambios a diversas leyes relacionadas.

A pesar de que la Comisión Política de la Asamblea dedicó cuatro días al estudio de estas modificaciones, durante la plenaria ningún diputado del oficialismo realizó comentarios ni explicó el contenido o alcance de los cambios.

Creación y conversión de juzgados para delitos con cadena perpetua

La aprobación incluye la transformación de 13 juzgados y cámaras distribuidos en distintas regiones del país. Anteriormente, estos órganos judiciales tenían competencia en procesos relacionados con menores de edad y la supervisión de sus condenas. Con la reforma, su función se reorienta hacia la tramitación de casos por delitos graves tales como homicidio simple y agravado, feminicidio y feminicidio agravado, violación, violación en menor o incapaz, y violación agravada.

Esta medida pretende especializar la administración de justicia para casos que ameritan la máxima sanción penal, con el objetivo de agilizar y fortalecer el proceso judicial en estos asuntos.

Características del nuevo proceso especial

El procedimiento especial contempla aspectos ya implementados en otros procesos judiciales vinculados al régimen de excepción vigente en el país. Entre las disposiciones destaca la creación del artículo 416-E en el Código Procesal Penal, que permite continuar el proceso penal en ausencia del acusado si este no ha sido detenido. Esta facultad ya había sido introducida en 2022 para otros tipos de casos.

Para los imputados detenidos, la Fiscalía debe solicitar el inicio del proceso y el juez podrá imponer la prisión preventiva con base únicamente en la solicitud, sin necesidad de otras pruebas inmediatas. Además, se establece que para estos delitos no se otorgarán medidas sustitutivas a la prisión preventiva, una disposición que ya se aplica en casos del régimen de excepción desde 2025.

En cuanto a los plazos, la Fiscalía contará con un periodo inicial de 12 meses para presentar la acusación formal desde que se dicta la medida cautelar. Si necesita más tiempo, podrá solicitar una prórroga por otros 12 meses. Esto implica que una persona acusada de un delito con cadena perpetua podría estar detenida hasta 24 meses antes de que se formalice la acusación.

Si transcurrido este plazo la Fiscalía no presenta la acusación, el juez intimará al fiscal superior para que lo haga en un plazo de 24 horas. De no cumplirse esta exigencia, se decretará el sobreseimiento a favor del imputado y se levantarán las medidas cautelares, según lo estipulado en el artículo 416-F.

Una vez presentada la acusación formal, el juez tendrá tres días para fijar la fecha de audiencia de juicio, la cual deberá realizarse en un plazo no mayor a 30 días, conforme al artículo 416-G.

Beneficios para imputados que admitan culpabilidad

Otra disposición aprobada contempla que los acusados de delitos sancionados con cadena perpetua que acepten su culpabilidad podrán acceder a una reducción en el tiempo de espera para solicitar libertad controlada. El artículo 416-I establece que la revisión de la pena podrá efectuarse cuando se haya cumplido la mitad del tiempo que correspondería en caso de no haber aceptado la responsabilidad.

Por ejemplo, un sentenciado adulto cuya revisión de pena ordinaria corresponde a los 30 años, podrá solicitarla a los 15 años si reconoce su culpabilidad. Este mecanismo busca incentivar la admisión de responsabilidad, aunque durante la sesión plenaria no se ofrecieron explicaciones sobre los motivos para incluir esta disposición.

Contexto y perspectivas

El Salvador mantiene un enfoque firme en la seguridad pública y en la lucha contra la criminalidad, especialmente en delitos de alta gravedad. La habilitación de la cadena perpetua y la creación de un proceso judicial especializado forman parte de esta estrategia.

Sin embargo, la falta de debate público y de explicaciones detalladas por parte de los legisladores ha generado cuestionamientos respecto a la transparencia y oportunidad de las reformas. La aplicación efectiva de estas disposiciones requerirá un seguimiento cuidadoso para garantizar respeto a los derechos procesales y una adecuada administración de justicia.

Este desarrollo legislativo se suma a otras medidas adoptadas en los últimos años que buscan fortalecer el sistema penal salvadoreño frente a la violencia y la delincuencia organizada, en un contexto donde la seguridad ciudadana sigue siendo una prioridad nacional.