Asamblea Legislativa evalúa creación de Autoridad Salvadoreña de Economía Azul para impulsar pesca sostenible

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió recientemente una propuesta de ley para la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA),un nuevo organismo autónomo que estará adscrito al Ministerio de Economía. Esta entidad tiene como propósito principal implementar y ejecutar políticas públicas vinculadas a la pesca, acuicultura y actividades relacionadas, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, fomentar el crecimiento económico y promover el uso racional y sostenible de los recursos marinos y acuáticos del país.

El proyecto de decreto legislativo, presentado por el Ejecutivo ante la Asamblea, define que la ASEA será la institución encargada de la aplicación de la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y Acuicultura, establecida mediante el Decreto Legislativo 637, emitido el 6 de diciembre de 2001. La autoridad tendrá un amplio espectro de funciones, sumando un total de 39 atribuciones específicas que buscan fortalecer el sector pesquero y acuícola en El Salvador.

Funciones y responsabilidades de la ASEA

Entre las funciones principales de la ASEA figura la coordinación con diversas instituciones públicas y privadas, así como con organismos nacionales e internacionales, para impulsar el desarrollo de la denominada economía azul. Este modelo de desarrollo sostenible se basa en la utilización responsable y eficiente de los recursos marinos, costeros y de aguas continentales, integrando sectores como la pesca, acuicultura, turismo, innovación tecnológica y la protección ambiental.

La autoridad tendrá la responsabilidad de regular y ordenar la actividad pesquera y acuícola en el territorio nacional. Esto incluye la supervisión y emisión de normativas relacionadas con el otorgamiento de licencias y permisos, la imposición de sanciones, la aplicación de vedas, la definición de cuotas de captura, la delimitación de zonas autorizadas para la pesca y los métodos permitidos para estas actividades. De esta manera, se busca asegurar un manejo responsable que permita la preservación de los ecosistemas acuáticos y la continuidad productiva del sector.

Promoción de la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático

Un aspecto fundamental en el mandato de la ASEA es la promoción de la sostenibilidad ambiental. La entidad será la encargada de definir criterios y lineamientos para la protección de ecosistemas marinos y costeros, así como para la adaptación a los efectos del cambio climático. Se contempla además la incorporación de tecnologías limpias que contribuyan a minimizar el impacto ambiental y favorezcan la resiliencia de las comunidades y los recursos naturales.

Impulso a la investigación y capacitación

La ley propuesta destaca la importancia de la investigación científica aplicada al sector pesquero y acuícola. La ASEA tendrá la responsabilidad de promover programas de formación, asistencia técnica y certificaciones para pescadores, acuicultores y demás actores vinculados, incluso ofreciendo capacitación a nivel universitario. Esta estrategia busca fortalecer el conocimiento técnico y la innovación, mejorando la productividad y sostenibilidad de las actividades relacionadas con la economía azul.

Administración de infraestructura y registro sectorial

Entre sus atribuciones, la autoridad gestionará la infraestructura vinculada a la pesca y acuicultura, como muelles y embarcaciones, además de mantener registros actualizados sobre pescadores, productores y proyectos en el sector. Asimismo, será responsable de la recopilación y administración de datos relevantes para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, un problema que afecta la conservación de los recursos y la economía local. Esta información también facilitará una mejor planificación estratégica y el diseño de políticas públicas efectivas.

Participación en acuerdos internacionales y formulación de políticas públicas

La ASEA tendrá la capacidad de representar al Estado salvadoreño en acuerdos, tratados y convenios internacionales relacionados con la pesca, acuicultura y comercio internacional de especies protegidas. Esta función es clave para fortalecer la cooperación regional y global en la gestión sostenible de los recursos acuáticos.

Además, la autoridad podrá proponer nuevas leyes y políticas públicas vinculadas a la economía azul y al ordenamiento marino-costero, contribuyendo a una visión integral y actualizada que responda a las necesidades del país y a los compromisos internacionales en materia ambiental y económica.

Proceso legislativo y próximos pasos

La iniciativa legislativa fue remitida a la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, donde se espera que los legisladores soliciten ampliaciones y explicaciones sobre el alcance y las implicaciones de la propuesta antes de emitir un dictamen favorable o en contra. El análisis en esta comisión es un paso fundamental para garantizar que la futura autoridad cuente con un marco normativo sólido y consensuado que permita su correcto funcionamiento y la viabilidad de sus objetivos.

Contexto nacional y relevancia de la iniciativa

En El Salvador, la pesca y la acuicultura representan sectores económicos y sociales importantes, especialmente para comunidades costeras que dependen de estos recursos para su subsistencia. Sin embargo, estos sectores enfrentan desafíos significativos, como la sobreexplotación, la pesca ilegal y los efectos adversos del cambio climático.

La creación de una autoridad especializada para la economía azul responde a la necesidad de fortalecer la gobernanza, mejorar la regulación y fomentar un desarrollo sostenible que permita a El Salvador aprovechar de manera responsable sus recursos marinos y acuáticos. Esta medida se alinea con tendencias internacionales que reconocen el valor estratégico de la economía azul para la seguridad alimentaria, la generación de empleo y la protección ambiental.

En definitiva, la propuesta busca establecer un ente rector que impulse políticas integrales y coordinadas, promueva la innovación y garantice la sostenibilidad del sector pesquero y acuícola, contribuyendo así al desarrollo económico y social del país.