Asamblea Legislativa extiende por un mes más el régimen de excepción en El Salvador

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una nueva prórroga del régimen de excepción, medida que mantendrá suspendidas varias garantías constitucionales durante un mes adicional. La votación se realizó por dispensa de trámite, sin un estudio previo en comisión, y contó con el respaldo de la mayoría oficialista.

Con esta extensión, el régimen de excepción, vigente desde su decreto inicial el 27 de marzo de 2022, acumula 47 meses consecutivos de aplicación. La solicitud de prórroga fue incluida en la agenda del pleno de la Asamblea el mismo día de la votación, una práctica recurrente en cada extensión mensual de esta medida extraordinaria.

Resultados de la votación y respaldo legislativo

La prórroga fue aprobada con 57 votos a favor, uno en contra y dos diputados ausentes durante la votación. No se registraron modificaciones al decreto original, manteniéndose las disposiciones actuales del régimen de excepción.

Este régimen especial suspende temporalmente derechos constitucionales como la libertad de asociación, el plazo máximo para la detención administrativa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, medidas que han sido justificadas por el Ejecutivo como esenciales para combatir la violencia generada por pandillas en el país.

Impacto y cifras oficiales

Según datos oficiales, desde la implementación del régimen de excepción se han capturado 91,000 personas señaladas de pertenecer o colaborar con estructuras de pandillas. Esta cifra refleja la estrategia del Gobierno para enfrentar lo que ha denominado una emergencia en materia de seguridad pública.

El régimen también contempla un marco especial para la adquisición de bienes y servicios, cuyo régimen especial tiene vigencia ilimitada hasta que se dé por finalizado el estado de excepción. Esta disposición facilita la contratación y compra de recursos necesarios para la operatividad de la medida.

Contexto y alcance del régimen de excepción

El régimen de excepción fue decretado por primera vez en marzo de 2022 como respuesta a los altos índices de violencia relacionados con pandillas en El Salvador. Desde entonces, ha sido prorrogado mensualmente por la Asamblea Legislativa, consolidándose como la principal herramienta del Gobierno para fortalecer la seguridad ciudadana.

Durante su vigencia, se ha caracterizado por una restricción temporal de derechos fundamentales, bajo el argumento de salvaguardar la seguridad nacional y proteger a la población. Entre las restricciones más relevantes se encuentran la suspensión de garantías como la libertad de asociación, la limitación en los plazos de detención y el control especial de las telecomunicaciones.

Reacciones y perspectivas

La medida ha generado opiniones divididas en la sociedad salvadoreña y en la comunidad internacional. Por una parte, sectores que respaldan la prórroga argumentan que ha permitido una reducción significativa de la violencia y ataques de pandillas. Por otra, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por posibles abusos y la prolongación indefinida de la suspensión de garantías constitucionales.

El régimen de excepción continuará vigente durante todo febrero de 2026, a menos que la Asamblea Legislativa decida modificar o dejar sin efecto el decreto en futuras sesiones. La práctica de aprobar las prórrogas por dispensa de trámite, sin un análisis detallado en comisión, ha sido señalada como una característica permanente en la gestión de esta medida.

Conclusiones

La nueva prórroga del régimen de excepción representa la continuidad de una política de seguridad que ha marcado la agenda pública y legislativa en El Salvador desde 2022. La medida, que implica la suspensión temporal de derechos constitucionales, mantiene su vigencia con el objetivo declarado de combatir estructuras criminales que afectan la estabilidad y la seguridad ciudadana.

La Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista, ratifica así su respaldo al Ejecutivo en esta estrategia, mientras que la sociedad y observadores nacionales e internacionales siguen atentos a los efectos y consecuencias de esta política en materia de derechos humanos y restauración de la seguridad en el país.