Asamblea Legislativa pagó $98 mil por eventos navideños; persiste falta de transparencia en contratos

En diciembre de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador destinó un total de 98 mil dólares para la contratación de servicios de montaje y alimentación para un evento navideño, según registros oficiales disponibles en el portal COMPRASAL. Sin embargo, la institución no ha cumplido con brindar acceso a los contratos firmados, pese a las solicitudes realizadas bajo la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos.

Detalles de la contratación y evento navideño

Los datos registrados indican que el proceso de contratación comenzó el 28 de noviembre de 2025, con un plazo para la presentación de ofertas que finalizó el 3 de diciembre. La Asamblea firmó los contratos correspondientes el 15 de diciembre. Cinco días después, el 20 de diciembre, se llevó a cabo el concierto navideño en las instalaciones del órgano legislativo, donde se presentó la Banda El Salvador.

Este evento fue promovido públicamente a través de las redes sociales oficiales de la Asamblea, invitando a vecinos de diversas comunidades. Durante el acto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, expresó su respaldo a las decisiones del presidente Nayib Bukele y enfatizó el compromiso de continuar apoyando la gobernabilidad del país.

Distribución del gasto

El pago total de 98,246 dólares se distribuyó entre dos contrataciones directas: una empresa especializada en montaje de eventos recibió 51,491 dólares, mientras que otra empresa dedicada a servicios de alimentación facturó 46,755 dólares. No obstante, los términos específicos de estos contratos, incluyendo las actividades detalladas y condiciones pactadas, no han sido divulgados por la Asamblea.

Incumplimiento en la entrega de información pública

El 21 de enero de 2026, una solicitud formal para acceder a los contratos firmados fue presentada ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Asamblea. A pesar de que esta unidad aceptó la petición, hasta la fecha no se ha proporcionado la documentación solicitada. Esta situación contraviene la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP),que establece que los contratos de las instituciones públicas deben ser información oficiosa y estar disponibles al público sin necesidad de requerimientos formales.

Además, intentos de obtener una explicación sobre los criterios aplicados para estas contrataciones, a través del equipo de comunicaciones de la Asamblea y consultas directas con el presidente Ernesto Castro, no han recibido respuesta. Incluso, el titular del órgano legislativo ha evitado responder preguntas de periodistas antes de las sesiones plenarias.

Contexto de solicitudes pendientes en la Asamblea Legislativa

Este caso no es aislado dentro del órgano legislativo. En el último año, la Asamblea ha dejado sin resolver al menos tres solicitudes de información pública:

• Agosto 2025: Solicitud para conocer el costo de la remodelación del Salón Azul. La Asamblea respondió inicialmente que no existía presupuesto para dicha remodelación. La apelación para que se reconsiderara la respuesta fue aceptada, pero hasta ahora no se ha entregado la información.
• Octubre 2025: Solicitud de contratos relacionados con servicios de estrategia digital y auditoría de contenido por un monto total de 144,500 dólares, contratados en abril. La Asamblea pidió una prórroga de cinco días en septiembre, pero no ha proporcionado respuesta a la fecha.
• Enero 2026: La solicitud para acceder a los contratos de alimentación y montaje de eventos navideños por 98 mil dólares, que permanece sin respuesta, pese a la aceptación inicial de la petición.

Implicaciones para la transparencia y rendición de cuentas

La falta de acceso a información pública esencial como los contratos de servicios contratados por la Asamblea Legislativa afecta la transparencia y limita el escrutinio ciudadano sobre el uso de los recursos públicos. La Ley de Acceso a la Información Pública fue creada para promover la apertura y facilitar la vigilancia ciudadana, principios que se ven comprometidos cuando las instituciones no cumplen con sus obligaciones.

En el contexto salvadoreño, donde la gestión pública y la rendición de cuentas son temas de creciente interés social y político, el cumplimiento efectivo de estas normativas es fundamental para fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar una administración pública responsable.

Conclusión

La contratación por casi 100 mil dólares para un evento navideño organizado por la Asamblea Legislativa refleja una inversión significativa en actividades institucionales. Sin embargo, la negativa o la omisión en proporcionar los contratos correspondientes a estas contrataciones, pese a solicitudes formales, pone en entredicho el compromiso de la Asamblea con la transparencia y la rendición de cuentas.

La reiteración de demoras y falta de respuestas en solicitudes de acceso a información pública clave evidencia desafíos persistentes en la gestión documental y en el cumplimiento de la normativa vigente. Este escenario demanda una revisión y fortalecimiento de los mecanismos internos para garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la información y fiscalizar efectivamente el manejo de fondos públicos.