Asamblea Legislativa ratifica reforma constitucional que habilita cadena perpetua en El Salvador

En una sesión celebrada este jueves, la Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó una reforma constitucional que habilita la imposición de la cadena perpetua para los delitos de homicidio, violación y actos vinculados a organizaciones terroristas, principalmente pandillas. Esta iniciativa, promovida por el presidente Nayib Bukele, fue aprobada con un respaldo contundente de 58 votos a favor de un total de 60 diputados presentes, integrados mayoritariamente por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI),sus aliados y la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Sólo el partido minoritario VAMOS se abstuvo de acompañar la votación.

Detalles de la reforma constitucional

La modificación afecta el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución de la República, estableciendo que la prisión perpetua podrá imponerse exclusivamente a quienes cometan homicidio, violación o actos terroristas. Además, la reforma incorpora la prohibición explícita de la prisión por deudas, así como la prohibición de penas infamantes, proscriptivas y cualquier tipo de tormento, consolidando un marco legal que busca equilibrar la severidad de las sanciones con garantías fundamentales.

El texto reformado entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, lo que implica un proceso expedito tras la votación legislativa.

Contexto y antecedentes legislativos

Esta aprobación se produce apenas una semana después de la primera instancia de la reforma, la cual fue posible gracias a una norma aprobada en enero de 2025 que permite realizar enmiendas constitucionales dentro de una misma legislatura. Anteriormente, la Carta Magna salvadoreña requería la aprobación en dos legislaturas distintas para efectuar cambios, lo que alargaba considerablemente los procesos de reforma.

En ese mismo contexto, la reforma para habilitar la cadena perpetua es parte de una estrategia más amplia implementada por el Gobierno para fortalecer el sistema penal y la seguridad pública, especialmente en el marco del régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022, que busca combatir a las pandillas, identificadas como responsables de la mayoría de homicidios en el país.

Reformas complementarias y homologación normativa

Durante la sesión legislativa, se prevé la aprobación de una serie de reformas a leyes penales, incluyendo el Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley Contra Actos de Terrorismo y la Ley para una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres. Estas modificaciones buscan ajustar el marco normativo para que sea coherente con los cambios realizados a la Constitución, asegurando así la aplicabilidad efectiva de la cadena perpetua y otras medidas relacionadas con la seguridad y la justicia penal.

Implicaciones y reacciones

Expertos en derecho y analistas han señalado que esta reforma podría responder también a cuestionamientos internacionales. Juristas especializados han advertido que durante la vigencia del régimen de excepción se han registrado posibles violaciones a derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, lo que ha generado un debate sobre la legalidad y legitimidad de las medidas adoptadas por el Estado salvadoreño.

Desde la instauración del régimen de excepción, más de 91,650 personas han sido detenidas bajo sospechas de pertenecer o tener vínculos con pandillas. Sin embargo, también se han reportado más de 500 muertes bajo custodia estatal, lo que ha provocado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales, que llaman a garantizar un debido proceso y respeto a los derechos fundamentales en el marco de las acciones contra la delincuencia.

Situación de seguridad en El Salvador

Históricamente, El Salvador ha enfrentado altos niveles de violencia, situándose durante años entre los países con mayores tasas de homicidio a nivel mundial. En respuesta, el gobierno ha implementado políticas de mano dura que incluyen el régimen de excepción y ahora la posibilidad de aplicar cadena perpetua a delitos graves.

Estas medidas buscan reducir la incidencia criminal y mejorar la percepción de seguridad de la población, aunque también han generado debate sobre el equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos humanos, así como sobre la eficacia de las sanciones severas como mecanismo de prevención del delito.

Conclusión

La ratificación de la reforma constitucional que habilita la cadena perpetua en El Salvador representa un cambio significativo en la política penal del país, reflejando la voluntad del Gobierno y la mayoría legislativa de endurecer las penas contra delitos considerados de alta peligrosidad. El impacto de esta reforma y su implementación en el sistema judicial y penitenciario serán temas de seguimiento en los próximos meses, en un contexto donde la seguridad ciudadana continúa siendo una prioridad nacional, pero también un desafío en términos de derechos humanos y garantías procesales.