Audiencia en Congreso de EE.UU. aborda violaciones a derechos humanos en El Salvador bajo régimen de excepción

El 16 de abril de 2026, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos de El Salvador participaron en una audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos para examinar la situación de derechos humanos en El Salvador bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

La sesión contó con la participación de representantes de organizaciones internacionales, entre ellas Human Rights Watch, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES),el Centro de Derechos Humanos Robert y Ethel Kennedy, la Heritage Foundation, abogados y analistas externos. Durante el encuentro, se presentaron denuncias sobre el impacto de esta medida de seguridad implementada por el gobierno salvadoreño y sus consecuencias en el respeto a las garantías constitucionales y derechos fundamentales.

Contexto y denuncias sobre el régimen de excepción

El régimen de excepción, instaurado en marzo de 2022, ha sido prorrogado en 48 ocasiones, lo que ha generado cuestionamientos sobre su carácter temporal y excepcional. En el documento base presentado en la audiencia, se señala que, por definición, un estado de excepción debería ser una medida extraordinaria y limitada en el tiempo, por lo que su prolongación pone en duda si se ha convertido en una política permanente.

El director ejecutivo de la organización Cristosal, Noah Bullock, afirmó durante la sesión que esta medida no representa una desviación temporal de las normas constitucionales, sino que ha sido la base para la normalización de graves violaciones a derechos humanos en el país. Bullock subrayó que, tras varios años de vigencia, la violencia criminal de las pandillas ha sido sustituida por la corrupción y la violencia de un régimen autocrático.

Entre las denuncias presentadas se destaca la detención de aproximadamente 91,000 personas durante el régimen de excepción. De este total, el gobierno salvadoreño ha reconocido que alrededor de 8,000 detenidos han sido liberados por no tener vínculos con pandillas. Además, se informó de 513 muertes en cárceles salvadoreñas, con causas que revelan un patrón consistente de abuso físico severo, negligencia médica y condiciones inhumanas, según Bullock.

Detenciones arbitrarias y condiciones carcelarias

Representantes de Human Rights Watch y del Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos expusieron múltiples casos de detenciones sin orden judicial, limitaciones al acceso a defensa legal y condiciones de reclusión que podrían constituir tratos inhumanos o degradantes.

Juan Pappier, representante de Human Rights Watch, señaló que El Salvador ha estado bajo un estado de emergencia que suspende derechos básicos del debido proceso. Pappier indicó que se han identificado numerosos arrestos arbitrarios de personas sin vínculos con pandillas y que muchos de los detenidos permanecen en prisión preventiva sin acceso efectivo a recursos legales, en condiciones de hacinamiento extremo y con reportes de abusos.

Isabel Carlota Roby, del Centro Robert F. Kennedy, afirmó que los testimonios recogidos por su organización describen patrones sistemáticos de abuso físico y psicológico, incluyendo golpizas y aislamiento prolongado.

Restricciones al espacio cívico y libertad de prensa

Otro tema abordado en la audiencia fue el entorno para periodistas y organizaciones sociales. Sergio Arauz, presidente de la APES, denunció que la persecución sistemática de voces críticas se ha normalizado, señalando que El Salvador ya no es un lugar seguro para ejercer el periodismo.

Arauz explicó que más de 50 periodistas se encuentran en el exilio por temor a detenciones arbitrarias, mientras continúa la salida de defensores de derechos humanos del país. Además, describió un ambiente de miedo y autocensura, con casos documentados de vigilancia y hostigamiento contra comunicadores sociales.

Informe de expertos internacionales y postura gubernamental

Durante la audiencia también se retomó el informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 10 de marzo de 2026, en el que expertos internacionales concluyen que existen fundamentos razonables para considerar que en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad.

La directora de la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra, Susana SáCouto, expuso que las violaciones documentadas no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de un patrón sistemático que incluiría detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia.

SáCouto enfatizó que la seguridad no puede garantizarse a costa de cometer graves violaciones a los derechos humanos, planteando la necesidad de buscar un equilibrio que respete las garantías fundamentales.

Por su parte, el gobierno salvadoreño ha negado en reiteradas ocasiones que el régimen de excepción haya generado violaciones a derechos humanos, incluso en su última presentación ante la CIDH. Asimismo, el Caucus de El Salvador del Congreso de Estados Unidos manifestó en su cuenta oficial en X que el Estado salvadoreño no está cometiendo crímenes contra la humanidad.

Conclusiones y desafíos

La audiencia en el Congreso de Estados Unidos expone un escenario complejo en el que el régimen de excepción implementado en El Salvador para combatir la violencia de pandillas ha generado un conjunto de denuncias por violaciones a derechos humanos y afectaciones al estado de derecho.

Las organizaciones defensoras advierten sobre la prolongación ilimitada de esta medida y sus implicaciones para las libertades civiles, el debido proceso y la seguridad jurídica en el país. Además, denuncian un contexto que afecta a periodistas y defensores de derechos humanos, quienes enfrentan persecución, vigilancia y un ambiente de autocensura.

Este debate internacional plantea un desafío para El Salvador, que requiere encontrar mecanismos efectivos para garantizar la seguridad sin sacrificar los derechos fundamentales ni el respeto a los principios democráticos.

La audiencia quedó disponible para su consulta pública a través de una transmisión en la plataforma YouTube, facilitando el acceso a la información y promoviendo la transparencia en el seguimiento de estos temas.