Audiencias únicas del régimen de excepción convocan con menos de 24 horas de antelación en El Salvador

En el marco del régimen de excepción vigente en El Salvador, los Tribunales de Crimen Organizado han iniciado la convocatoria de fiscales y abogados defensores para las audiencias únicas correspondientes al año 2026. Sin embargo, diversas fuentes judiciales han confirmado que algunas de estas citaciones se han emitido con menos de 24 horas de antelación, lo que ha generado preocupación respecto a la garantía de los derechos procesales de los imputados.

Un caso emblemático es la audiencia única programada para el martes 27 de enero a las 8:00 de la mañana en el Centro Judicial Contra el Crimen Organizado, ubicado en Soyapango. En esta diligencia judicial se prevé la presentación de pruebas contra 157 personas agrupadas bajo una misma estructura vinculada a delitos de agrupaciones ilícitas. La notificación oficial para su participación en esta audiencia fue entregada apenas el lunes 26 de enero, lo que representa menos de un día de anticipación.

Fuentes judiciales que solicitaron el anonimato por temor a represalias explicaron que esta notificación tardía limita severamente el derecho a la defensa, ya que hasta el momento no se ha permitido revisar ni valorar las pruebas que la Fiscalía ha presentado. “Nos han notificado hoy que para mañana se realizará la celebración de una audiencia única donde desfilará toda la prueba contra más de 150 personas acusadas de pertenecer a pandillas. Previo a eso no hemos podido ni revisar ni analizar la pertinencia o la legalidad de las pruebas”, señaló una de las fuentes consultadas.

Implicaciones en los derechos procesales y el debido proceso

Especialistas en materia legal y derechos humanos han manifestado su preocupación por esta práctica, ya que se considera que la notificación con tan escaso margen de tiempo y la imposibilidad de acceder a la prueba vulneran derechos fundamentales, tales como el derecho a la defensa y el debido proceso, garantizados tanto por la legislación nacional como por instrumentos internacionales ratificados por El Salvador.

Una de las fuentes destacó que la legislación internacional establece que las personas imputadas deben contar con un tiempo razonable para preparar su defensa, lo que incluye el derecho a revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía y a solicitar la incorporación de pruebas de descargo. “En los casos bajo régimen de excepción, esto no se ha cumplido”, afirmó.

Además, se ha constatado que los requerimientos fiscales en estos procesos pueden ser extensos y poco claros, ya que en algunos casos no especifican detalladamente las pruebas que sustentan la acusación para cada imputado, lo que dificulta aún más la preparación adecuada de la defensa.

Calendario y organización de las audiencias únicas

De acuerdo con información recabada, las convocatorias para las audiencias únicas comenzaron a enviarse desde el viernes 23 de enero. Sin embargo, no existe claridad sobre el criterio utilizado para calendarizarlas, puesto que algunas están programadas para esta misma semana, mientras que otras se han fijado para meses posteriores, como marzo.

Esta falta de un calendario definido genera incertidumbre entre operadores de justicia y defensores, quienes señalan que la acumulación de procesos en audiencias únicas con grandes cantidades de imputados podría traducirse en procedimientos acelerados que menoscaban las garantías procesales.

Audiencia única: figura legal y sus particularidades

El régimen de excepción vigente contempla reformas a la Ley contra el Crimen Organizado que introducen la figura de la audiencia única abierta. Esta modalidad permite que un proceso judicial permanezca activo hasta por dos años, en tanto la Fiscalía continúe sumando nuevos acusados a la estructura que se está juzgando.

Esta figura busca agilizar los procesos contra estructuras delictivas complejas, pero también ha generado debates sobre su impacto en los derechos de los imputados, especialmente cuando las audiencias se convocan con poca anticipación y sin permitir una revisión adecuada de las pruebas.

Balance y perspectivas

La práctica de notificar audiencias únicas con menos de 24 horas de antelación abre un debate sobre el equilibrio entre la eficacia en la lucha contra la criminalidad y la protección de los derechos fundamentales dentro del sistema judicial salvadoreño. Mientras el régimen de excepción ha sido una herramienta prioritaria para reducir la violencia y desarticular estructuras criminales, expertos y operadores jurídicos insisten en la necesidad de garantizar que estos procesos respeten los estándares mínimos del debido proceso y la presunción de inocencia.

El respeto a estos principios es esencial para fortalecer la confianza en las instituciones judiciales y evitar que medidas extraordinarias se traduzcan en vulneraciones que puedan ser objeto de impugnaciones, lo que a la larga podría dilatar los procesos y afectar la justicia efectiva.

Ante este contexto, diversas voces dentro del sector judicial y de la sociedad civil llaman a establecer mecanismos claros y transparentes para la calendarización de audiencias, así como a garantizar tiempos adecuados para la preparación de la defensa, especialmente en casos que involucran a un número elevado de imputados y pruebas complejas.

El seguimiento riguroso de estas recomendaciones es crucial para que la lucha contra el crimen organizado avance sin menoscabar derechos fundamentales, consolidando así un sistema judicial que sea a la vez eficiente y respetuoso de las garantías constitucionales.