Aumentan vuelos de deportación a El Salvador durante primer trimestre de 2026

El primer trimestre de 2026 evidenció un aumento en los vuelos de deportación hacia El Salvador desde Estados Unidos, según datos recientes recopilados por un estudio de monitoreo sobre vuelos gestionados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La cifra total de vuelos en este periodo alcanzó los 41, con un pico en marzo que superó los vuelos de los meses anteriores.

En concreto, durante marzo de 2026 se registraron 15 vuelos de retorno hacia El Salvador, cifra que representa un incremento frente a los 12 vuelos reportados en febrero y los 14 vuelos de enero. Este aumento se inscribe en una tendencia sostenida que inició en 2025, cuando la administración estadounidense implementó una estrategia intensificada de deportaciones.

Contexto y tendencias históricas

El año 2025 marcó un punto de referencia en la política migratoria de Estados Unidos con respecto a El Salvador, pues se observó un promedio mensual de 15 vuelos de deportación. En meses específicos como junio y julio, el número de vuelos alcanzó hasta 22, reflejando un esfuerzo continuo por parte de las autoridades estadounidenses para acelerar los procesos de retorno de personas migrantes.

Estos vuelos suelen despegar de ciudades como Alexandria, Luisiana, y Harlingen, Texas, para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, principal terminal aérea internacional del país. La frecuencia habitual de estos vuelos es de cuatro por semana, concentrándose principalmente los lunes, martes y viernes.

Incremento global en vuelos de expulsión

El aumento de vuelos de deportación observado en marzo no solo afectó a El Salvador. A nivel global, se contabilizaron 225 vuelos de expulsión hacia 46 países, un incremento del 23% en comparación con los 183 vuelos reportados en febrero y un aumento del 48% respecto al mes previo a febrero. Este contexto señala una intensificación generalizada en los esfuerzos de deportación impulsados por las autoridades migratorias estadounidenses.

Traslados forzosos a terceros países

El informe también destaca la realización de traslados forzosos de personas a países terceros, una práctica que ha generado controversias legales y humanitarias. Entre los países receptores de estas transferencias se encuentran, además de El Salvador, naciones como Camerún, Costa Rica, Eswatini, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Ghana, Guatemala, Honduras, Moldavia, Panamá, Polonia, Ruanda, Sudán del Sur, Uganda y Uzbekistán.

Adicionalmente, se han documentado casos en los que personas originarias de terceros países son trasladadas a México a través de la frontera terrestre con Estados Unidos. Esta modalidad forma parte de un esfuerzo coordinado por parte de la administración estadounidense para establecer acuerdos con países que faciliten la reubicación forzada de personas migrantes, aunque la legalidad de estas acciones —especialmente cuando se realizan sin previo aviso ni la oportunidad de impugnar los procedimientos— está siendo cuestionada actualmente en tribunales federales de Estados Unidos.

Implicaciones para El Salvador

La información pública sobre el destino de las personas deportadas es limitada, lo que dificulta estimar con precisión cuántas han sido detenidas en instalaciones como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. No obstante, entre enero y abril de 2026 se identificaron al menos cinco vuelos de traslado que involucraron a personas originarias de terceros países, enviadas a territorio salvadoreño. Tres de estos vuelos partieron de Harlingen, Texas, y dos de la base militar en la Bahía de Guantánamo, Cuba.

Este fenómeno plantea desafíos tanto para las autoridades salvadoreñas como para las organizaciones de derechos humanos, en términos de manejo humanitario, protección de derechos y seguimiento de los procedimientos migratorios. La llegada de personas deportadas o trasladadas desde terceros países puede implicar la necesidad de coordinar asistencia internacional, garantizar acceso a servicios básicos y promover mecanismos de reintegración social.

Perspectivas y desafíos legales

El incremento de vuelos y las prácticas asociadas de traslados forzosos reflejan una política migratoria estadounidense que busca optimizar y ampliar sus mecanismos de deportación, pero que también enfrenta cuestionamientos legales y éticos. La falta de transparencia respecto a los procedimientos y el poco tiempo otorgado a las personas para presentar recursos legales han motivado la apertura de procesos judiciales en Estados Unidos.

Ante este panorama, es fundamental que las autoridades salvadoreñas fortalezcan la cooperación regional e internacional para abordar las consecuencias derivadas de estas deportaciones masivas y traslados forzosos, asegurando el respeto a los derechos humanos y la protección de las personas afectadas.

Conclusión

Los datos de los primeros meses de 2026 confirman una continuidad en la tendencia de deportaciones desde Estados Unidos hacia El Salvador, con un aumento notable en marzo. Esta dinámica se enmarca en un contexto regional y global donde las políticas migratorias se intensifican y diversifican, generando nuevos retos para la gestión migratoria, la protección de derechos y la cooperación internacional.

El seguimiento riguroso y la transparencia en la información serán elementos clave para comprender el impacto real de estos vuelos y para diseñar respuestas efectivas que protejan a las personas migrantes y a las comunidades receptoras en El Salvador.