Brazaletes Electrónicos en El Salvador: Tecnología y Supervisión para el Monitoreo Penal

Recientemente, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma a la Ley de Presupuesto General de la Nación 2026 para destinar $970,671.87 a la adquisición de 776 brazaletes electrónicos destinados al monitoreo de personas privadas de libertad. Esta inversión forma parte de una estrategia para controlar el desplazamiento de reos procesados por delitos no graves, a través de tecnología avanzada que permite vigilancia en tiempo real.

Funcionamiento tecnológico de los brazaletes electrónicos

Los brazaletes cuentan con un sistema de GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y conexión inalámbrica que transmiten la ubicación del portador a un centro de control. Este centro, administrado por autoridades penitenciarias y la Policía Nacional Civil (PNC),recibe información continua para garantizar que la persona monitoreada no se aleje del perímetro autorizado.

Además, estos dispositivos están equipados con sensores que generan alertas automáticas si el usuario intenta quitarse el brazalete, si se desplaza fuera del área permitida o si incumple horarios establecidos para regresar a puntos de control. De esta manera, se fortalece la supervisión y se facilita la prevención de posibles fugas o violaciones a las medidas impuestas.

Supervisión y responsabilidades institucionales

Fuentes judiciales consultadas explican que la facultad para autorizar el uso de estos dispositivos corresponde a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y al Órgano Judicial. La PNC participa en el monitoreo, pero no es responsable directo de la administración de los brazaletes. Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, aclaró que la responsabilidad recae principalmente en Centros Penales y el sistema judicial.

Contexto internacional y proveedores tecnológicos

En el ámbito global, fabricantes reconocidos como GEO Group, BI Incorporated, Attenti, Buddi y 3M Electronic Monitoring lideran la producción de dispositivos con GPS y sistemas de comunicación para vigilancia electrónica. Estos aparatos permiten rastreo en tiempo real y son utilizados por diversos países para controlar a personas con medidas judiciales alternativas a la prisión.

En El Salvador, sin embargo, la información sobre los proveedores y la cantidad exacta de dispositivos en uso se mantiene bajo reserva oficial. Solo se sabe que en mayo de 2025 la Asamblea aprobó una partida de $3.9 millones para adquirir 3,108 dispositivos adicionales, lo que indica una apuesta creciente por esta tecnología en el sistema penal.

Marco legal y derechos de los portadores

La Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica en Materia Penal, reformada en julio de 2020, establece un marco legal para el uso de estos dispositivos y reconoce derechos fundamentales de los privados de libertad que los portan. Entre estos derechos destacan:

• Ser informados de forma clara y comprensible sobre las condiciones de uso y consecuencias del incumplimiento.
• Disfrutar de libertad ambulatoria controlada dentro de límites judiciales.
• Preservar su intimidad y privacidad conforme a lo establecido en la resolución judicial.
• Acceder a educación y empleo para facilitar su rehabilitación y reinserción social.
• Recibir información adecuada sobre el uso y cuidado del dispositivo asignado.

La norma también contempla el uso de brazaletes para agresores de violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia contra las mujeres, garantizando el monitoreo para evitar acercamientos a las víctimas denunciantes, en cumplimiento con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

Monitoreo técnico y operatividad

El Centro de Monitoreo de Medios de Vigilancia Electrónica, dependiente de la DGCP, es el ente encargado de la supervisión técnica de los dispositivos y el seguimiento en tiempo real a los portadores. Este centro se encarga de recibir las alertas y coordinar las acciones correspondientes ante cualquier anomalía detectada.

Análisis del uso y aplicación de los brazaletes electrónicos

En un análisis sobre la aplicación práctica de estos dispositivos, se resalta que la defensa legal puede solicitar medidas sustitutivas a la detención, y el juez evalúa su procedencia. Una vez autorizada, la DGCP verifica la disponibilidad de los brazaletes y el personal técnico instala los equipos, que incluyen componentes fijos en residencias o áreas autorizadas para delimitar el radio de libertad del usuario.

El procedimiento culmina con la colocación formal del brazalete en una audiencia ante el tribunal, Fiscalía y defensa. Este proceso garantiza transparencia y control judicial sobre la medida.

Adicionalmente, los brazaletes facilitan la participación de privados de libertad en programas como Plan Cero Ocio, que permite a los internos realizar actividades laborales o educativas fuera de los centros penitenciarios bajo vigilancia constante. No obstante, se señala que esta aplicación se encuentra en un área gris legal, dado que la ley establece su uso para personas que han cambiado la medida cautelar a la detención domiciliaria o similar, situación que no siempre se cumple en estos programas.

Implicaciones legales y retos actuales

Las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, aprobadas en agosto de 2025, modificaron la supervisión judicial de privados de libertad, centralizando el seguimiento en tribunales especializados en crimen organizado. Esto incluye procesos bajo régimen de excepción y programas como Plan Cero Ocio. Como consecuencia, los jueces de vigilancia penitenciaria han dejado de ejercer funciones directas de control, lo que genera incertidumbre sobre la responsabilidad judicial en caso de incumplimientos o incidentes.

Este cambio plantea interrogantes sobre el derecho de defensa y la transparencia en la supervisión, pues existe preocupación en sectores jurídicos sobre el acceso a información y la protección de los derechos de las personas bajo vigilancia electrónica.

Conclusiones

La implementación de brazaletes electrónicos en El Salvador representa un avance tecnológico para el sistema penal, permitiendo monitorear en tiempo real a personas privadas de libertad o bajo medidas alternativas. Su uso está regulado por un marco legal que busca equilibrar el control judicial con los derechos fundamentales de los usuarios.

No obstante, persisten desafíos en cuanto a la transparencia institucional, la claridad en la aplicación legal de los dispositivos y la adecuación de los mecanismos de supervisión judicial. La continuidad y expansión de esta tecnología en el país dependerán del fortalecimiento de protocolos y garantías legales que aseguren su adecuada operación y respeto a los derechos humanos.