Cámara confirma absolución de ambientalistas en San Vicente y mantiene responsabilidad civil para cuatro de ellos

La Cámara de la Tercera Sección del Centro, con sede en San Vicente, ratificó la absolución de ocho ambientalistas y otros civiles procesados en un caso relacionado con hechos ocurridos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992). Al mismo tiempo, la Sala confirmó la responsabilidad civil impuesta a cuatro de los procesados, tras rechazar las apelaciones presentadas tanto por la Fiscalía General de la República (FGR) como por la defensa de los imputados.

El fallo, emitido el 7 de mayo de 2025, mantiene en firme la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Vicente el 24 de septiembre del mismo año, que absolvió a los líderes ambientalistas Teodoro Pacheco, Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Laínez y Saúl Rivas, así como a tres civiles más: Alejandro Castañeda, Fidel Recinos y Arturo Serrano.

Contexto del proceso judicial

Los procesados enfrentaban cargos por los delitos de asesinato en perjuicio de María Inés Alvarenga Leiva y por asociaciones ilícitas, acusaciones que se enmarcan dentro de hechos vinculados al conflicto armado que marcó la historia reciente de El Salvador. La guerra civil, que se extendió por más de una década, dejó profundas heridas y un complejo entramado legal en torno a casos de violaciones a derechos humanos y hechos de violencia.

En la sentencia original, el Tribunal de Sentencia de San Vicente determinó la absolución de todos los acusados en cuanto a los cargos penales. Sin embargo, estableció una responsabilidad civil en abstracto para cuatro de ellos: Teodoro Pacheco, Miguel Gámez, Alejandro Laínez y Arturo Serrano. Esta figura legal implica que, aunque no se les condenó penalmente, podrían enfrentar un proceso civil para resarcir los daños ocasionados a la familia de la supuesta víctima.

Rechazo a las apelaciones de Fiscalía y defensa

La Fiscalía General de la República interpuso un recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, argumentando que se había producido una errónea valoración de las pruebas y una indebida aplicación de la ley. No obstante, la Cámara de San Vicente consideró que la apelación carecía de fundamentos sólidos y que la Fiscalía se limitaba a expresar su inconformidad sin señalar vulneraciones específicas.

Según la resolución, "omiten expresar por completo de qué manera el tribunal sentenciador infringió las reglas de la sana crítica y únicamente realizan sus propias consideraciones acerca de algunos aspectos de las pruebas, por lo que no se puede inferir de qué forma se incurrió en la vulneración". En consecuencia, la apelación fue desestimada.

Por su parte, los cuatro ambientalistas a quienes se les impuso responsabilidad civil presentaron también un recurso para impugnar esta medida, alegando una incongruencia entre su absolución penal y la imposición de la responsabilidad civil en abstracto. Sin embargo, la Cámara determinó que esta apelación carecía de argumentación suficiente y que no se aportaron elementos que demostraran un error en la aplicación de la ley por parte del tribunal de primera instancia.

La resolución añade que "al no estar suficientemente fundado el defecto por errónea aplicación de la ley penal, como ya se ha dicho por no desarrollar un planteamiento argumentativo que justifique el supuesto yerro, el referido motivo deberá inadmitirse". Por lo tanto, la responsabilidad civil en abstracto permanece vigente, dejando abierta la posibilidad de una futura demanda civil por daños y perjuicios.

Implicaciones legales y sociales

Este caso representa un episodio significativo dentro del complejo proceso de justicia transicional en El Salvador, donde aún existen múltiples pendientes relacionados con hechos ocurridos durante el conflicto armado. La decisión de absolver a los acusados en sede penal, a pesar de la gravedad de las imputaciones, refleja la dificultad para obtener pruebas concluyentes y el desafío que supone aplicar el derecho en casos con un alto grado de complejidad histórica y social.

La confirmación de la responsabilidad civil en abstracto para algunos de los procesados, por otro lado, señala que el sistema judicial mantiene abierta la vía para que las posibles víctimas o sus familiares puedan buscar una reparación económica por los daños sufridos, a través de procesos civiles que se desarrollarán por separado.

Este tipo de resoluciones también genera debate en la sociedad salvadoreña sobre cómo equilibrar la justicia penal y la reparación a las víctimas en el contexto de un pasado marcado por la violencia política y social. La absolución en sede penal no implica necesariamente un cierre definitivo de la controversia, especialmente cuando existen responsabilidades civiles pendientes.

Conclusión

La Cámara de la Tercera Sección del Centro en San Vicente ha reafirmado la absolución de los ocho ambientalistas y civiles acusados, rechazando las apelaciones presentadas por la Fiscalía y la defensa. Al mismo tiempo, mantiene la responsabilidad civil en abstracto contra cuatro de ellos, dejando abierta la posibilidad de demandas civiles futuras.

Este fallo es un reflejo de la complejidad que representa el sistema judicial salvadoreño al abordar casos relacionados con hechos ocurridos durante la guerra civil, donde la búsqueda de justicia y reparación continúa siendo un reto para todas las partes involucradas y para la sociedad en general.