Cámara LEIV revoca medidas de protección contra exdiputado por acoso a Marcela Villatoro

La Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer (LEIV) revocó el pasado 30 de enero las medidas de protección otorgadas previamente a la diputada Marcela Villatoro, miembro del partido ARENA, en un caso relacionado con presuntos ataques y acoso en redes sociales por parte del exdiputado Romeo Auerbach, exmiembro de GANA.

Esta decisión se da tras una apelación presentada por Auerbach contra la resolución inicial de un Juzgado LEIV que prohibía al exlegislador referirse a Villatoro y su familia a través de plataformas digitales. La diputada Villatoro había hecho pública esta medida el 21 de enero, destacando la protección judicial contra la violencia digital y las amenazas en su contra.

Argumentos para la revocación de las medidas

En su análisis, la Cámara LEIV fundamentó la revocación en la ausencia de una situación de riesgo inmediato y actual que justificara la continuidad de las medidas de protección, conforme a los principios de proporcionalidad y necesidad que rigen estos procesos judiciales. El órgano judicial señaló que no se pudo establecer la urgencia requerida para mantener la prohibición de que Auerbach se manifestara sobre Villatoro en redes sociales.

Asimismo, la Cámara distinguió entre el ámbito público y privado, indicando que no existen evidencias claras de amenazas directas en espacios privados, sino únicamente manifestaciones efectuadas en el espacio público digital. Esta distinción fue clave para determinar que las medidas preventivas inicialmente concedidas no se ajustaban a la realidad del caso.

Reacciones de las partes involucradas

Desde la tarde del 31 de enero de 2026, medios nacionales intentaron obtener la versión oficial de la diputada Villatoro respecto a la decisión de la Cámara LEIV. La parlamentaria indicó que no ha sido notificada formalmente sobre la revocación, pero manifestó que esperaba este resultado debido a la presión pública ejercida por el exdiputado Auerbach y el comentarista Wálter Araujo a través de sus plataformas digitales.

En un video compartido con medios, Villatoro expuso declaraciones de Araujo, quien en su programa en redes sociales anunció movilizaciones frente al órgano judicial para exigir la reversión de las medidas de protección. La diputada afirmó que no aceptará la decisión sin luchar por el respeto a las mujeres que enfrentan violencia, sin importar su filiación política.

"No lo voy a permitir, no por mí, sino por todas las mujeres que son ultrajadas, sean de oposición o de gobierno, y que quedan en la impunidad. Esta decisión deja un mal precedente y cambia resoluciones similares que ya habían sido dictadas, como las dos otorgadas a la diputada Alexia Rivas", expresó Villatoro.

Además, denunció que la revocación de las medidas podría constituir una violación a tratados internacionales que protegen a las mujeres frente a la violencia, sin distinción política. Según la diputada, la decisión se habría producido tras una llamada gubernamental a la Cámara LEIV, insinuando presiones políticas tras el caso.

Postura del exdiputado Romeo Auerbach

Por su parte, Romeo Auerbach se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que la "batalla ha sido ganada" y rechazó las restricciones a la libertad de expresión, calificando las medidas de protección como un uso político o electoral disfrazado de violencia de género.

Este caso ha generado un debate público sobre los límites entre la protección frente a la violencia de género en espacios digitales y la garantía del derecho a la libertad de expresión, especialmente en un contexto político polarizado.

Contexto y relevancia del caso en El Salvador

En El Salvador, la violencia contra las mujeres, incluyendo la que se produce en el ámbito digital, ha sido objeto de esfuerzos legislativos y judiciales para su prevención y sanción. La Cámara LEIV es una instancia especializada creada para atender estos casos, garantizando el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, tal como establece la normativa nacional e internacional.

La revocación de medidas de protección en un caso de acoso en redes sociales contra una diputada pone en evidencia los desafíos para equilibrar la protección efectiva ante la violencia de género y la defensa de otros derechos constitucionales como la libertad de expresión.

Este episodio también refleja las tensiones políticas entre partidos en el país y cómo estas pueden influir en la percepción y manejo de casos judiciales relacionados con la violencia y el acoso.

Casos similares y precedentes

El caso de Marcela Villatoro no es aislado. Recientemente, una exmilitante de Nuevas Ideas fue condenada a seis años de prisión por expresiones consideradas como violencia contra la diputada Alexia Rivas, otro episodio que ha marcado la discusión sobre la protección judicial frente a la violencia política y de género en El Salvador.

Estos antecedentes subrayan la importancia de fortalecer los mecanismos de protección y la interpretación adecuada de la ley para garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos y sociales sin temor a la violencia o el acoso.

Conclusión

La decisión de la Cámara LEIV de revocar las medidas de protección a favor de la diputada Marcela Villatoro ha generado diversas reacciones y pone en el centro del debate la compleja interacción entre derechos fundamentales. Mientras algunos sectores defienden la libertad de expresión sin restricciones, otros alertan sobre la necesidad de proteger a las mujeres de todas las formas de violencia, incluyendo la ejercida en plataformas digitales.

El caso continuará siendo objeto de seguimiento por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y actores políticos, quienes demandan un equilibrio justo y efectivo que garantice tanto la libertad como la protección contra la violencia.