Candidata oficialista lidera intención de voto en Costa Rica en comicios marcados por inseguridad

Los ciudadanos de Costa Rica acudirán a las urnas este domingo para elegir al próximo presidente y renovar los 57 escaños de la Asamblea Legislativa, en un proceso electoral que se desarrolla en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad y la influencia del narcotráfico en el país.

La candidata oficialista Laura Fernández, politóloga de 39 años y exministra en el actual gobierno, lidera las encuestas con aproximadamente un 40 % de la intención de voto, cifra que representa el mínimo necesario para ganar en primera vuelta. Fernández aventaja por cerca de 30 puntos a su rival más cercano, el economista de centroderecha Álvaro Ramos, quien también compite en esta contienda donde participan un total de 20 aspirantes presidenciales.

Contexto político y social en Costa Rica

El escenario electoral está marcado por una ciudadanía preocupada por el deterioro de la seguridad pública y el retroceso en conquistas sociales históricas. Costa Rica, tradicionalmente considerada uno de los países más seguros de América Latina, ha experimentado un aumento significativo en la violencia y la criminalidad. Actualmente, el país registra una tasa de 17 homicidios por cada 100,000 habitantes, un nivel récord en su historia reciente.

Este aumento de la violencia está vinculado al avance del narcotráfico y la penetración de carteles mexicanos y colombianos, que han transformado a Costa Rica de un territorio de tránsito a un punto de exportación de drogas. Esta situación ha generado alarma entre expertos y sectores de la sociedad civil, que advierten sobre los riesgos de un posible debilitamiento institucional y la consolidación de un "narco-Estado".

Propuestas y modelo de seguridad inspirado en El Salvador

Laura Fernández ha basado su campaña en una estrategia de mano dura contra la delincuencia, tomando como referencia el modelo de seguridad implementado en El Salvador bajo la administración del presidente Nayib Bukele. Entre sus principales propuestas destaca la finalización de la construcción de una megacárcel, diseñada para alojar a pandilleros y criminales de alta peligrosidad, similar al penal salvadoreño.

Además, Fernández ha prometido la aplicación de estados de excepción como medida para combatir la criminalidad, una estrategia que ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos debido a los posibles abusos y restricciones a las libertades civiles que puede implicar.

Esta postura ha resonado entre sectores que demandan mayor seguridad. Algunos simpatizantes ven en este enfoque un camino para recuperar la tranquilidad y el orden, mientras que otros alertan sobre la posibilidad de un viraje hacia un autoritarismo encubierto.

Relación con el Gobierno actual y apoyo político

Fernández es considerada la candidata oficialista que busca dar continuidad al gobierno del presidente Rodrigo Chaves, cuya retórica confrontativa y discurso de orden mantienen respaldo en amplios sectores de la población. Chaves ha responsabilizado a la oposición, en especial al Poder Judicial y al Congreso, de la indulgencia frente al crimen organizado, lo que ha sido uno de los ejes centrales del debate político.

La candidata pide el voto para obtener una mayoría legislativa significativa, con la intención de alcanzar al menos 38 diputados que le permitan impulsar reformas constitucionales y cambios en el sistema judicial, reforzando así su estrategia de seguridad y gobernabilidad.

Riesgos de autoritarismo y debates electorales

El oficialismo enfrenta críticas de sus adversarios, quienes acusan a Fernández y al presidente Chaves de adoptar un populismo autoritario que podría derivar en un debilitamiento de las instituciones democráticas. La oposición cuestiona la adopción de un modelo político similar al de El Salvador, donde el mandatario ha concentrado el poder tras controlar el Congreso, modificar la Corte Suprema y habilitar la reelección indefinida.

En Costa Rica, la reelección consecutiva está prohibida, pero críticos temen que el actual mandatario busque mantenerse en el poder a través de otros mecanismos y ejercer influencia desde las sombras.

Durante un debate televisado reciente, el candidato de izquierda Ariel Robles cuestionó la transformación del país: “¿En qué momento pasamos de soñar con ser la Suiza centroamericana a soñar con ser El Salvador?” Por su parte, Álvaro Ramos advirtió que “las dictaduras modernas no siempre llegan con tanques”, subrayando el riesgo de un autoritarismo encubierto.

El historiador Víctor Hugo Acuña, de la Universidad de Costa Rica, ha señalado que el país se encuentra en una “transición autoritaria incipiente”, cuyo desenlace dependerá del resultado electoral y de la capacidad de las instituciones para resistir posibles intentos de concentración de poder.

Desafíos sociales y económicos

Además de la seguridad, otro tema relevante en estas elecciones es el desafío social y económico que enfrenta el país. Aunque la pobreza se redujo del 18 % en 2024 al 15.2 % en 2025, Costa Rica sigue siendo uno de los seis países más desiguales de América Latina, según el índice de Gini. La protección del Estado de bienestar, pilar del modelo costarricense, se percibe amenazada en medio de las políticas propuestas.

Participación electoral y proceso comicial

Unos 3.7 millones de costarricenses están habilitados para votar en estas elecciones presidenciales y legislativas que definirán el rumbo político del país para los próximos cuatro años. Las mesas electorales abrirán durante 12 horas, cerrando a las 6:00 p.m. hora local (00:00 GMT). Se espera que los primeros resultados oficiales sean difundidos tres horas después del cierre, según las autoridades electorales.

El desarrollo de estos comicios se observa con atención regional, dado que un eventual triunfo de Fernández ampliaría el espectro de gobiernos de derecha en América Latina, tras recientes victorias conservadoras en países como Chile, Bolivia, Perú y Honduras.

Relaciones internacionales y seguridad

La relación con Estados Unidos también forma parte del contexto político actual. Costa Rica mantiene vínculos estrechos con Washington, en particular en materia de seguridad y migración. En 2025, el país acogió a 200 migrantes deportados, en su mayoría de origen asiático, y ha bloqueado la participación de empresas chinas en la red 5G, alegando riesgos de espionaje.

Este alineamiento con Estados Unidos y la adopción de un discurso de mano dura contra la criminalidad forman parte integral de la campaña oficialista y el debate político nacional.

Perspectivas y retos post-electorales

El próximo domingo, Costa Rica enfrentará una elección decisiva que definirá no solo quién conducirá el Ejecutivo y el Legislativo, sino también la orientación política y social del país en un momento de alta incertidumbre. La consolidación de un modelo de gobernabilidad basado en la seguridad y el orden, o bien la defensa de un sistema democrático pluralista y respetuoso de los derechos humanos, será el eje central del futuro inmediato.

Con cerca de un tercio del electorado aún indeciso, el desenlace permanece abierto, lo que subraya la importancia de la participación ciudadana y el respeto al proceso democrático en un país históricamente reconocido por sus logros en estabilidad y bienestar social.