Casa Presidencial ejecutó $63 millones en inteligencia en 2025, superando ampliamente su presupuesto oficial

En 2025, el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE),dependencia de la Casa Presidencial de El Salvador, ejecutó un gasto de aproximadamente $63 millones en sus operaciones, una cifra que excede en 42 veces el presupuesto oficial aprobado por la Asamblea Legislativa, que fue de apenas $1.5 millones, según el informe de "estado demostrativo de ejecución presupuestaria de gastos por unidades primarias" elaborado por el Ministerio de Hacienda.

Este organismo tiene, conforme a la Ley del OIE, tres funciones principales: realizar labores de inteligencia estratégica destinadas a preservar la estabilidad nacional, garantizar la seguridad del presidente de la República, su gabinete y delegaciones diplomáticas, y coordinar el protocolo en actos oficiales con presencia internacional.

Desfase entre presupuesto aprobado y gasto real

Históricamente, el presupuesto asignado al OIE, en particular la partida destinada a gastos reservados, ha sido un tema controversial, debido a que ha sido utilizado con discrecionalidad por gobiernos de diferentes orientaciones políticas, tanto de derecha como de izquierda. Esta situación ha derivado en acusaciones de corrupción, como en el caso judicial conocido como “Saqueo Público” que involucra al expresidente Mauricio Funes.

En respuesta a dichos escándalos, en septiembre de 2019, el presidente de El Salvador se comprometió públicamente a eliminar la partida de gastos reservados dentro del presupuesto de la Presidencia y a que los gastos del OIE fueran auditables, con la promesa de reducir el gasto a la mitad. No obstante, ese mismo año el OIE reportó un gasto de $30.8 millones, muy por encima del presupuesto aprobado.

Entre 2019 y 2025, el Ministerio de Hacienda registró un presupuesto público aprobado para inteligencia estatal de $54.7 millones, mientras que el gasto acumulado real alcanzó $238.9 millones, lo que implica una ejecución promedio 4.4 veces superior a lo presupuestado. Si se hubiera cumplido la promesa de reducir el gasto a la mitad, el OIE debería haber gastado un máximo de $108 millones en ese periodo, sin embargo, la cifra real duplicó ampliamente esa cantidad.

Adicionalmente, si el gasto se hubiera mantenido constante desde 2019 en $30.8 millones anuales, el gasto acumulado en el primer sexenio presidencial sería de $215.9 millones, cifra que igualmente queda por debajo de los $238.9 millones realmente ejecutados, es decir, una diferencia de $23 millones.

La desaparición de la partida secreta y la opacidad en el gasto

El Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Público contemplaba una partida específica codificada como 54315, denominada "Gastos Reservados", destinada a sufragar actividades especiales autorizadas por la Presidencia. Legalmente, esta figura se fundamenta en el artículo 2 de la Ley del Presupuesto General del Estado, que faculta al Órgano Ejecutivo a transferir recursos para gastos imprevistos mediante acuerdos con el Ministerio de Hacienda.

Tradicionalmente, esta partida fue considerada una "caja negra" debido a la falta de rendición de cuentas y transparencia en su uso. El presidente actual aseguró la eliminación de esta clasificación durante su gestión, sin embargo, en la práctica, ahora todos los gastos específicos de la Casa Presidencial, no únicamente los correspondientes a esa partida, permanecen ocultos al público.

Esta situación contrasta con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, que exige la transparencia en el gasto público. Actualmente, no se reportan detalles sobre gastos específicos en publicidad, asesores, pasajes o viáticos de la Presidencia, lo que limita el control social y la fiscalización ciudadana.

Comparación del gasto del OIE con otras unidades y ministerios

Del total devengado por la Presidencia de la República en 2025, que fue de $160.2 millones, el OIE representó el 39.3 %, con $63 millones, convirtiéndose en la segunda unidad presupuestaria con mayor ejecución, solo detrás de Apoyo a Instituciones Adscritas, que gastó $49.5 millones.

En contraste, la Secretaría de Innovación, una dependencia con un presupuesto modificado de $48.5 millones, ejecutó apenas $17.3 millones. Además, el gasto del OIE superó en 2025 al devengado por seis ministerios de forma individual y al presupuesto combinado de las carteras de Medio Ambiente, Trabajo y Vivienda.

Por ejemplo, el Ministerio de Turismo —considerado estratégico para el crecimiento económico nacional— ejecutó $44.6 millones, casi $18 millones menos que el OIE, a pesar de contar con un presupuesto considerablemente alto.

Otras carteras como Cultura, Desarrollo Local y Trabajo y Previsión Social ejecutaron $35.2 millones, $34.7 millones y $16 millones, respectivamente, cifras muy inferiores a las del OIE. En áreas sensibles como Medio Ambiente y Vivienda, el gasto fue de $16.1 millones y $10.3 millones, respectivamente, que sumados apenas se acercan a la cifra del organismo de inteligencia.

Dentro del rubro de Desarrollo Local, destaca que una sola unidad, Apoyo al Programa hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador, concentró $24.4 millones del total devengado, lo que indica una concentración significativa de recursos en determinados programas.

Presupuesto aprobado para 2026 y perspectivas

Para el año 2026, la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto de $12 millones para el OIE, distribuido en tres líneas: $10 millones para inteligencia estratégica del Estado, $1 millón para protocolo del Estado y $1 millón para seguridad del Estado. Aunque esta cifra es ocho veces superior al presupuesto aprobado en 2025, la experiencia de los últimos seis años sugiere que el gasto real podría superar ampliamente la cifra aprobada.

Conclusión

El desbalance entre el presupuesto aprobado y el gasto real del Organismo de Inteligencia del Estado refleja una persistente opacidad y falta de fiscalización en el manejo de fondos públicos dentro de la Casa Presidencial. La eliminación formal de la partida secreta no ha conducido a una mayor transparencia, ya que ahora los gastos específicos de la institución permanecen ocultos, limitando el acceso a información pública clave para el control ciudadano.

En un contexto donde la estabilidad y seguridad nacional son prioridades, la asignación de recursos debe ser acompañada de mecanismos claros de rendición de cuentas para garantizar eficiencia y transparencia en el uso de los fondos públicos, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.