Caso Sheila Mancía expone la deuda con el fútbol femenino de El Salvador

La solicitud de ayuda para financiar una operación de rodilla de Sheila Mancía, exjugadora de Águila, vuelve a poner en discusión la profesionalización de la Liga Femenina salvadoreña. Los reclamos por contratos, protección médica y condiciones de entrenamiento llevan años, mientras las experiencias centroamericanas muestran que disponer de un seguro tampoco garantiza cubrir toda una recuperación.

Sheila Mancía Pérez recurrió a la ayuda pública para reunir los $4,500 que necesitaba para una cirugía por rotura del ligamento cruzado anterior. Su petición, difundida a finales de octubre, expuso las dificultades que puede enfrentar una futbolista para acceder a tratamiento.

La exjugadora de Club Deportivo Águila explicó que la intervención era necesaria para recuperar la movilidad y realizar sus actividades cotidianas sin dolor. El monto de la operación superaba sus posibilidades económicas, por lo que compartió medios para recibir aportaciones.

Después de conocerse el caso, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil B., afirmó que la institución estaba atendiendo la situación.

La diferencia entre atender una emergencia individual y garantizar protección permanente constituye el centro del debate. La profesionalización implica establecer quién responde por una lesión, cómo se financia el tratamiento y qué derechos conserva la jugadora durante su recuperación.

Contratos y protección: una demanda que sigue pendiente

La falta de garantías contractuales antecede al caso de Mancía. Una investigación publicada en abril de 2023 documentó que las futbolistas de la liga llenaban fichas de inscripción, pero no firmaban contratos que formalizaran sus condiciones de trabajo.

En aquella revisión había equipos que entregaban remuneraciones, otros que únicamente proporcionaban viáticos y jugadoras que no recibían dinero. Esos datos describen la situación investigada entonces y no constituyen un registro actualizado de los pagos de todos los equipos.

Sin embargo, testimonios de 2026 muestran que la preocupación continúa. Damaris Quelez señaló este año que las futbolistas carecían de contratos donde quedara establecido qué protección tendrían ante una lesión y durante cuánto tiempo.

La jugadora también reconoció diferencias entre instituciones. Destacó la puntualidad de los pagos en Municipal Limeño y avances en patrocinio y competitividad, pero advirtió que el fútbol local no ofrecía ingresos suficientes para vivir de él.

El problema requiere distinguir la inscripción deportiva de la relación laboral. Registrar a una futbolista para competir no equivale a documentar salario, duración del vínculo, prestaciones y obligaciones médicas del equipo.

El Reglamento de Licencias de Clubes de la FESFUT para 2024-2025 contemplaba el registro de categorías femeninas y exigía contratos escritos para los jugadores profesionales. Esa disposición no demuestra, por sí sola, que todas las integrantes de la Liga Femenina estén contratadas como profesionales.

Tampoco resulta correcto afirmar que la ausencia de una firma libera automáticamente al equipo de obligaciones jurídicas. La legislación y la jurisprudencia salvadoreñas permiten reconocer una relación laboral a partir de los servicios prestados, la remuneración y la subordinación.

Por ello, la falta de contratos escritos y la inexistencia de derechos son situaciones distintas. Determinar las responsabilidades de cada equipo requiere examinar las condiciones reales del vínculo, además de las reglas federativas.

Las propias futbolistas plantearon esta discusión el 30 de mayo de 2023. Las capitanas solicitaron profesionalizar la competición, establecer contratos y disponer de canchas para entrenar, mediante una carta dirigida al Comité de Regularización.

Durante la gestión de Humberto Sáenz Marinero, la FESFUT concedió una audiencia para el 12 de junio de ese año. Sin embargo, un seguimiento periodístico publicado en mayo de 2024 indicó que la reunión no se concretó por compromisos laborales, de estudio y de cuidados de las jugadoras.

El antecedente comprobado es, por tanto, una petición colectiva y una audiencia frustrada. No existe base suficiente para describirla como una reunión realizada de la que no surgió ningún resultado.

Sí quedaron documentados anuncios posteriores. En 2023, Sáenz Marinero habló de profesionalizar la categoría mediante una liga independiente y, en febrero de 2024, reconoció que seguía pendiente implementar el plan estratégico presentado a los equipos.

Las advertencias de Quelez y la solicitud de Mancía permiten identificar la continuidad de problemas de protección. No bastan para negar cualquier avance, pero muestran que las demandas de garantías contractuales y médicas siguen teniendo vigencia.

Centroamérica ofrece mecanismos, pero no una garantía universal

Costa Rica cuenta con un mecanismo relevante: el seguro obligatorio de riesgos del trabajo. Su costo corresponde al empleador y contempla asistencia médica, cirugía, hospitalización, medicamentos y rehabilitación por accidentes o enfermedades laborales.

Esa protección resulta pertinente cuando existe una relación de trabajo y la lesión está comprendida en la cobertura correspondiente. No equivale a afirmar que todas las futbolistas costarricenses tienen asegurado cualquier tratamiento sin desembolsos propios.

En 2023, la Caja Costarricense de Seguro Social investigó vínculos laborales en equipos femeninos y exigió el pago de cargas sociales. El antecedente demuestra que la clasificación deportiva de una competición no resuelve por sí sola las obligaciones patronales.

Además, el reglamento de competición de UNIFFUT publicado para 2025 todavía describía el fútbol femenino como aficionado. La documentación consultada no permite presentar a Costa Rica como una liga completamente profesionalizada y con protección médica uniforme.

Panamá ofrece otra referencia, también con límites. En 2021 se anunció un seguro privado de accidentes personales para futbolistas de la liga masculina, la femenina y la categoría de ascenso, con prestaciones por gastos médicos y otras contingencias.

El caso de la panameña María Cervantes mostró las restricciones de ese modelo. Una cobertura de $10,000 permitió financiar su primera cirugía, pero después de otra lesión quedaban únicamente $2,000 disponibles, insuficientes para pagar la siguiente intervención.

El conflicto por completar el dinero y el posterior vencimiento de la póliza prolongaron su espera. El antecedente demuestra que asegurar a una plantilla exige revisar montos, vigencia y responsabilidades cuando el tratamiento supera la cobertura.

Para El Salvador, esas experiencias plantean una agenda concreta: contratos verificables, seguros adecuados al riesgo deportivo y procedimientos que mantengan la atención durante la rehabilitación. También mecanismos de reclamación cuando los compromisos no se cumplen.

El anuncio de atención a Mancía responde a una necesidad inmediata. La profesionalización pendiente consiste en convertir esa respuesta en una garantía exigible, para que acceder a una operación no dependa de reunir donaciones o de la repercusión pública del caso.