Centros Penales reservan por siete años datos de reos fallecidos durante régimen de excepción en El Salvador

La Dirección General de Centros Penales (DGCP) ha establecido la reserva de información referente a los reos fallecidos en el marco del régimen de excepción vigente en El Salvador, restringiendo el acceso a datos contenidos en el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) por un período de siete años. Esta decisión ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y el acceso a información pública en un contexto que involucra derechos humanos y el control penitenciario.

Desde 2021, la DGCP comenzó a limitar el acceso a la plataforma SIPE, que contiene información sobre personas privadas de libertad y movimientos penitenciarios. Para finales de ese mismo año, jueces y abogados dejaron de poder consultar esta base de datos, lo que marcó un cambio significativo en la política de acceso a la información penitenciaria.

Negativa formal a entregar datos sobre fallecidos

En abril de 2024, la DGCP respondió a una solicitud formal de información, en la que se requerían datos desagregados de personas fallecidas en centros penitenciarios desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de abril de 2026. La petición solicitaba detalles como el perfil del fallecido, causa de muerte, situación jurídica, centro penitenciario de ocurrencia y temporalidad del hecho. Sin embargo, la DGCP negó entregar esta información, argumentando que los registros penitenciarios se consideran «reservados» durante siete años, sin especificar exactamente desde cuándo se cuenta dicho período.

En su resolución, la institución apoyó su postura en el artículo 27, inciso tercero, de la Constitución de El Salvador, que establece como función del Estado la organización de los centros penitenciarios con el objetivo de corregir, educar y formar hábitos de trabajo para la readaptación de los delincuentes. Según la DGCP, esta normativa justifica mantener bajo reserva los datos del SIPE para proteger la gestión penitenciaria y la rehabilitación de la población privada de libertad.

Limitaciones y alcance de la reserva informativa

La DGCP además mencionó las competencias de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) para gestionar este tipo de solicitudes, señalando que la ley le permite no entregar datos estadísticos que se consideren reservados. Sin embargo, la resolución no aclaró si la negativa se basa únicamente en esta reserva o si existen otros motivos vinculados a la seguridad o protección de datos personales.

Desde 2021, la institución ha aplicado una política de reserva que no solo afecta los datos de fallecimientos, sino también otros aspectos relacionados con el sistema penitenciario, como la capacidad instalada de las cárceles, programas de rehabilitación, estadísticas de hacinamiento y condiciones carcelarias.

Reacciones y contexto nacional

La falta de información oficial ha sido motivo de preocupación para familiares de los privados de libertad, abogados y organismos tanto nacionales como internacionales, quienes han denunciado las dificultades para acceder a datos confiables sobre capturas, condiciones en los centros penitenciarios, fallecimientos bajo custodia estatal e investigaciones relacionadas.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han señalado la opacidad y la falta de transparencia durante la aplicación del régimen de excepción, que fue implementado en marzo de 2022 para enfrentar la violencia y delincuencia en el país.

Adicionalmente, agrupaciones locales como Socorro Jurídico Humanitario han documentado un total de 523 muertes ocurridas en las prisiones desde marzo de 2022 hasta la primera semana de mayo de 2026. Algunas de estas muertes presentan indicios de violencia, lo que ha generado demandas para que se realicen investigaciones exhaustivas y se garantice el acceso a la información pública.

Implicaciones para la transparencia y derechos humanos

El resguardo por siete años de información relacionada con fallecimientos en centros penitenciarios en el marco del régimen de excepción impone un reto importante para la garantía de derechos humanos y el ejercicio del derecho a la información en El Salvador. La restricción dificulta la fiscalización ciudadana y limita la posibilidad de que familiares y representantes legales puedan conocer las circunstancias de los decesos.

En un contexto donde el sistema penitenciario enfrenta críticas por posibles violaciones a derechos fundamentales y condiciones carcelarias cuestionables, la ausencia de datos oficiales dificulta la formulación de políticas públicas informadas y la supervisión adecuada por parte de organismos de control y la sociedad civil.

Por otro lado, el argumento constitucional esgrimido por la DGCP enfatiza la necesidad de proteger la gestión interna de los centros penales para cumplir con los objetivos de corrección y rehabilitación, lo que abre un debate sobre el equilibrio entre la transparencia y la confidencialidad en el manejo de información sensible.

Conclusión

La reserva de información por siete años sobre los reos fallecidos durante el régimen de excepción en El Salvador refleja una política institucional que privilegia la confidencialidad en el sistema penitenciario, pero que al mismo tiempo limita el acceso a datos públicos esenciales para la rendición de cuentas y la protección de derechos humanos. Este escenario subraya la importancia de establecer mecanismos que permitan un equilibrio entre la seguridad institucional y la transparencia, garantizando que el derecho a la información no se vea comprometido en contextos de excepción.