¿China te exige títulos universitarios para que seas un influencer responsable?

La versión de una supuesta “nueva ley para influencers” comenzó a extenderse con fuerza fuera de China a finales de 2025. Algunas publicaciones incluso aseguraban que había entrado en vigor el 25 de octubre y que quien careciera de título universitario tendría prohibido hablar sobre asuntos profesionales.

Una investigación de Annie Lab, proyecto de verificación vinculado al Centro de Periodismo y Estudios de Medios de la Universidad de Hong Kong, revisó documentos legislativos chinos y no encontró ninguna ley aprobada en esa fecha con esas características.

Lo que sí encontró fue un conjunto de disposiciones anteriores y posteriores que, vistas en conjunto, explican por qué surgió la historia: China efectivamente ha elevado las exigencias para quienes producen contenido especializado y se presentan ante millones de usuarios como expertos.

Las reglas comenzaron antes de la supuesta “nueva ley”

Uno de los antecedentes más claros apareció en 2021. Las reglas chinas para cuentas públicas de Internet establecieron que las plataformas deben solicitar información sobre formación profesional y determinadas cualificaciones a quienes registren cuentas dedicadas a economía, educación, salud y asuntos judiciales.

Un año después, en junio de 2022, la Administración Nacional de Radio y Televisión y el Ministerio de Cultura y Turismo emitieron el Código de Conducta para Presentadores en Internet, aplicable a transmisiones y contenidos audiovisuales.

Su artículo 13 establece que, cuando una transmisión aborda asuntos que requieren un nivel profesional elevado, como salud, finanzas, derecho o educación, el presentador debe poseer la correspondiente cualificación profesional.

La credencial debe ser presentada a la plataforma, que tiene la responsabilidad de comprobarla y conservar el registro correspondiente.

Ahí aparece una diferencia fundamental respecto a las publicaciones virales: la norma china utiliza el concepto de “cualificación profesional”, no establece como requisito universal poseer un título universitario.

Dependiendo de la actividad, esa acreditación puede ser una licencia profesional, certificado, habilitación laboral, vínculo con una institución determinada u otra documentación reconocida para ejercer.

La investigación de Annie Lab comprobó, además, que plataformas chinas como WeChat y Bilibili aceptaban diferentes documentos según la especialidad. En algunas categorías ni siquiera figuraba un diploma universitario como requisito obligatorio.

El control tampoco quedó solamente en el papel. En 2024, la Administración del Ciberespacio de China inició una campaña específica contra el contenido falso y vulgar en transmisiones en vivo y pidió reforzar la verificación de credenciales en finanzas, educación, salud y asuntos judiciales.

La medida apuntaba, entre otras prácticas, contra personas que se hacían pasar por médicos, expertos financieros, docentes o profesionales del derecho para vender productos, cursos o servicios.

China endureció el cerco sobre los falsos médicos

El cambio más contundente ocurrió en el área sanitaria. En julio de 2025, cuatro organismos chinos aprobaron nuevas instrucciones para regular la divulgación médica realizada por cuentas independientes en Internet.

Las plataformas quedaron obligadas a revisar de forma más rigurosa las credenciales de médicos, enfermeros, farmacéuticos, técnicos sanitarios, investigadores y personal relacionado con universidades o centros de investigación.

Para un médico, por ejemplo, pueden comprobarse tanto el certificado de cualificación como su licencia para ejercer y la institución donde trabaja. Para investigadores o personal universitario existen otros documentos de acreditación.

Las plataformas también deben mostrar información que permita al público conocer el área profesional y antecedentes del responsable de la cuenta.

La disposición va un paso más lejos: una cuenta sin acreditación no puede producir y difundir contenido profesional de divulgación médica.

A las cuentas existentes que carecían de certificación se les concedió un plazo de dos meses para acreditar sus antecedentes, mientras que las cuentas nuevas deben superar la comprobación antes de publicar ese tipo de información.

China también obligó a identificar las fuentes utilizadas en contenidos médicos y a señalar cuándo se utilizan materiales antiguos, dramatizaciones, experiencias personales o información generada mediante inteligencia artificial.

Las reglas apuntan expresamente contra falsos médicos, remedios inventados, historias fabricadas para vender productos y cuentas que utilizan supuesta información sanitaria para promocionar medicamentos o suplementos.

Esto puede alcanzar determinados contenidos de nutrición cuando entran en el ámbito de la salud, la prevención o tratamiento de enfermedades. No significa, sin embargo, que cualquier comentario cotidiano sobre alimentación requiera automáticamente una licencia médica.

Una propuesta de 2026 quiere ampliar el sistema

China dio otro paso en julio de 2026. La Administración del Ciberespacio publicó para consulta una amplia reforma de las reglas que regulan los servicios de información en Internet.

El proyecto establece que las plataformas deberían comprobar los antecedentes profesionales y las cualificaciones legalmente obtenidas de las cuentas públicas que produzcan contenidos en campos considerados especialmente sensibles.

La lista propuesta incluye finanzas, educación, salud, asuntos jurídicos, cuestiones militares, religión, servicios de recursos humanos y servicios funerarios.

Una vez verificados esos antecedentes, la plataforma debería incorporar una identificación especial a la cuenta para que los usuarios conozcan que sus credenciales han sido comprobadas.

Hasta septiembre de 2026, el documento localizado en los registros oficiales continúa presentado como proyecto sometido a consulta pública. Incluso deja sin completar la fecha en que debería entrar en vigor.

Y, nuevamente, el texto no dice que únicamente las personas con título universitario puedan expresarse sobre esos asuntos. Habla de antecedentes profesionales, cualificaciones para ejercer o acreditaciones exigidas por la legislación correspondiente.

Tampoco aparece “tecnología” como una categoría general sometida a este filtro. Un ingeniero, programador, periodista especializado o aficionado seguiría entrando en situaciones distintas dependiendo del contenido y de si realiza alguna actividad regulada.

El sistema tampoco significa que un ciudadano común tenga prohibido mencionar medicina o economía en una conversación en Internet. Las reglas se concentran especialmente en cuentas que producen información profesional, prestan servicios, realizan divulgación especializada o se presentan ante el público como voces autorizadas.

La diferencia es importante. Contar una experiencia personal con una enfermedad no equivale necesariamente a presentarse como médico y recomendar tratamientos; comentar una noticia económica tampoco equivale a ofrecer asesoría financiera o promocionar inversiones.

Lo que China ha construido durante los últimos años es, por tanto, un sistema progresivo de verificación para elevar la barrera a quienes utilizan una apariencia de autoridad profesional para difundir consejos, vender servicios o construir una audiencia.

La intención declarada por las autoridades es reducir información falsa o engañosa en áreas donde una recomendación incorrecta puede afectar la salud, el patrimonio o los derechos de una persona.

Pero presentar este modelo simplemente como una “ley que prohíbe hablar a influencers sin universidad” distorsiona su alcance. No se trata de una única ley recién aprobada, no exige exclusivamente un diploma universitario y tampoco cubre indiscriminadamente todos los temas especializados.

Lo que sí es cierto es que en China, para determinadas áreas, ganar millones de seguidores ya no basta para presentarse como experto: las plataformas deben comprobar que detrás de esa autoridad pública exista alguna credencial profesional que la respalde.