CIDH analizará régimen de excepción y violencia sexual en El Salvador durante su 195° período de sesiones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha anunciado la inclusión de un espacio dedicado al análisis de la situación de los derechos humanos en El Salvador durante su 195° Período de Sesiones, que se llevará a cabo del 9 al 13 de marzo de 2026 en Guatemala. En estas audiencias públicas, organizaciones de la sociedad civil presentarán informes y evidencias sobre dos temas centrales: la situación de las víctimas de violencia sexual y el estado de las personas defensoras de derechos humanos detenidas en el marco del régimen de excepción vigente en el país.

Estas sesiones forman parte del mecanismo de la CIDH para examinar el cumplimiento de los derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En esta ocasión, las organizaciones salvadoreñas que trabajan en defensa de derechos humanos han adelantado que la documentación que presentarán aún está en proceso de consolidación, señalando que se encuentran "agregando casos" para fortalecer el informe final.

Defensa de personas detenidas bajo régimen de excepción

Uno de los temas prioritarios en la agenda de la CIDH será la situación de las personas defensoras de derechos humanos capturadas bajo la medida del régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 en El Salvador. Las organizaciones solicitarán un seguimiento riguroso a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión en septiembre de 2025, enfocándose en la protección de exfuncionarios y activistas detenidos, entre ellos la exdirectora de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López, arrestada en mayo de 2025, y el abogado constitucionalista Enrique Anaya, detenido en junio del mismo año.

La CIDH consideró que ambos se encuentran en una situación de "gravedad y urgencia" debido a los riesgos para sus derechos a la vida, integridad personal y salud dentro del sistema penitenciario salvadoreño. Además, las organizaciones solicitarán la adopción de nuevas medidas de vigilancia sobre las condiciones carcelarias de otros detenidos vulnerables bajo el régimen de excepción.

Victimización por violencia sexual y respuesta estatal

El segundo eje temático en la audiencia será la situación de las víctimas de violencia sexual en El Salvador. Organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres han denunciado la normalización de este tipo de violencia y han cuestionado la eficacia de las estrategias de prevención implementadas por el Estado. Señalan la falta de capacidad para la detección temprana en escuelas y otros espacios donde la violencia puede ocurrir, lo que limita la respuesta institucional.

Datos oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan un aumento significativo en las denuncias por violencia sexual en el último año. Entre junio de 2024 y mayo de 2025, la FGR atendió 8,038 casos, cifra que supera ampliamente los 3,018 casos reportados en el mismo período de 2023 y los 3,145 casos de 2022. Este incremento ha motivado a las organizaciones a exigir mayor atención estatal y mejores mecanismos de protección para las víctimas.

Contexto de denuncias previas ante la CIDH

Durante 2024, diversas organizaciones ya habían presentado denuncias ante la CIDH por presuntas violaciones a derechos humanos derivadas del régimen de excepción vigente en El Salvador. Entre las denuncias se encuentran detenciones arbitrarias masivas, violaciones al debido proceso, torturas, muertes bajo custodia estatal, restricciones al acceso a la defensa legal y a la comunicación de personas privadas de libertad, así como la criminalización de personas defensoras que documentan estos abusos.

En particular, se destacó el caso de la abogada Ruth López, quien ha sido señalada como víctima de persecución judicial. Las organizaciones solicitaron a la CIDH que instara al Estado salvadoreño a realizar investigaciones independientes sobre las muertes en centros penales, garantizar reparaciones integrales y restablecer las garantías judiciales suspendidas con la aplicación del régimen de excepción.

El informe anual de la CIDH de ese año expresó preocupación por la prolongada suspensión de derechos y por indicios de violaciones graves, recomendando fortalecer los controles judiciales sobre las detenciones y asegurar el debido proceso, además de señalar que varias recomendaciones previas al Estado permanecían sin cumplimiento o sólo con avances parciales.

Espacio cívico y persecución judicial en 2025

En 2025, las denuncias ante la CIDH también se enfocaron en el cierre del espacio cívico y la persecución judicial contra personas defensoras, periodistas y activistas. En una audiencia pública realizada en julio, las organizaciones denunciaron el uso del sistema penal y de la Ley de Agentes Extranjeros para restringir la libertad de asociación y expresión, así como la imposición de exilios forzados.

Estas organizaciones solicitaron un monitoreo especial de la CIDH sobre El Salvador y garantías para el ejercicio de la defensa de derechos humanos. Cabe señalar que el Estado salvadoreño no participó en dicha audiencia.

Tras estas exposiciones, la CIDH reiteró su preocupación por el uso del derecho penal como instrumento contra personas defensoras y recordó la obligación estatal de garantizar un entorno seguro para la labor periodística y de derechos humanos, enfatizando que "la seguridad pública no justifica restricciones desproporcionadas".

Casos emblemáticos y medidas cautelares

En 2025, más de 170 organizaciones solicitaron medidas cautelares en favor de Fidel Zavala, exvocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC),capturado en febrero y recluido en el Centro Penal La Esperanza. Se advirtió sobre el riesgo a su vida e integridad en ese centro penitenciario.

Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, han manifestado preocupación por la detención de Zavala, señalando que su situación es especialmente delicada debido a que ha sido testigo y denunciante de casos de tortura y malos tratos en centros penales.

Implicaciones para El Salvador

La incorporación de estos temas en la agenda de la CIDH durante su 195° Período de Sesiones refleja la persistente preocupación regional e internacional sobre la protección de los derechos humanos en El Salvador. Tanto la situación de las personas defensoras detenidas bajo el régimen de excepción como el aumento en casos de violencia sexual constituyen desafíos significativos para el Estado salvadoreño en materia de derechos humanos.

El seguimiento y recomendaciones que emita la CIDH luego de estas audiencias serán determinantes para evaluar la respuesta institucional y la garantía de derechos fundamentales en el país. A su vez, estas sesiones representan una oportunidad para que El Salvador atienda las observaciones internacionales y fortalezca sus mecanismos de protección y justicia.

El equipo de El Oficial continuará el seguimiento de estas sesiones y los desarrollos relacionados con la situación de derechos humanos en El Salvador, ofreciendo información verificada y análisis imparciales para la sociedad salvadoreña y la comunidad internacional.