CIDH examina deterioro de independencia judicial en El Salvador durante régimen de excepción

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició el 9 de marzo de 2026 un análisis sobre el estado de la independencia judicial en El Salvador, en el marco del 195 período de sesiones que se realiza en Guatemala. En este espacio, se expusieron diversas preocupaciones respecto a la afectación de la institucionalidad judicial en el país, principalmente en relación con el régimen de excepción que se mantiene desde hace cuatro años.

El exprocurador de derechos humanos de El Salvador y actual jefe de Justicia Transicional de Cristosal presentó un informe detallado ante la CIDH, en el que señaló que esta medida de seguridad ha impulsado un deterioro acelerado de la independencia judicial. Este fenómeno, según explicó, afecta de forma directa el derecho de los ciudadanos a acceder a una justicia efectiva e imparcial, lo que compromete la garantía de un Estado de derecho pleno.

Contexto regional y preocupaciones de actores judiciales

Durante la audiencia, también intervino el presidente de la Federación Centroamericana de Jueces y Juezas por la Democracia, quien describió un patrón común en varios países de Centroamérica: la erosión deliberada de la institucionalidad judicial. De acuerdo con su exposición, este proceso incluye hostigamiento y represión contra quienes ejercen su labor con independencia, reformas legales regresivas y nombramientos y destituciones politizadas que, pieza a pieza, contribuyen a la captura del sistema judicial.

Estas declaraciones enfatizan una problemática regional donde la independencia judicial se encuentra en riesgo, afectando la confianza pública y la garantía de derechos fundamentales en los sistemas de justicia.

Reformas legales y nombramientos bajo reserva

El análisis presentado a la CIDH destacó que durante el régimen de excepción en El Salvador se han impulsado reformas penales que han permitido la realización de nombramientos de jueces bajo procedimientos opacos. Según se expuso, estos nombramientos no permiten verificar si se han cumplido los requisitos constitucionales o si los profesionales designados cuentan con el mérito y la idoneidad necesarios, ya que dichos procesos han sido declarados bajo reserva.

Un aspecto central de estas reformas es la instauración de la figura de los llamados "jueces sin rostro", quienes imparten justicia en procesos relacionados con miles de personas detenidas bajo el régimen de excepción. Esta modalidad, según el informe, elimina garantías judiciales tradicionales y justifica detenciones sin elementos probatorios individualizados, lo que pone en riesgo la imparcialidad y debido proceso.

Se advirtió que los jueces sin rostro asumen la responsabilidad de los juicios masivos y, potencialmente, de condenas injustas en el contexto del estado de excepción, lo que genera una preocupación considerable sobre la administración de justicia en El Salvador.

Preocupación internacional sobre la independencia judicial

En la misma audiencia participó la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, quien manifestó su inquietud respecto al uso de los sistemas judiciales en la región como herramientas para silenciar a críticos y defensores de derechos humanos. La especialista subrayó la importancia fundamental de que los Estados mantengan una independencia estructural judicial adecuada para garantizar una administración de justicia integral y efectiva.

Estas observaciones refuerzan la necesidad de salvaguardar la autonomía judicial frente a presiones políticas o de otro tipo, especialmente en contextos donde se implementan medidas excepcionales con impacto en derechos civiles y políticos.

Solicitudes a la CIDH y seguimiento institucional

Representantes de la sociedad civil, incluyendo a la jefa de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, solicitaron a la CIDH que emita recomendaciones para que El Salvador transparente los procesos de nombramiento de magistrados y jueces. Además, solicitaron que la Comisión realice una visita in loco al país para observar directamente la situación judicial y el estado de los derechos humanos.

En respuesta, la presidenta de la CIDH confirmó que se ha tomado nota de las exposiciones y que la Comisión está trabajando en la creación de una relatoría específica sobre la independencia de operadores judiciales. Esta medida busca fortalecer la capacidad de la CIDH para abordar y colaborar de manera más eficaz con los Estados miembros en la protección de la independencia judicial.

Próximas audiencias y seguimiento en El Salvador

La agenda del 195 período de sesiones de la CIDH contempla que El Salvador participe en otras dos audiencias programadas para el 10 de marzo, relacionadas con la violencia sexual y la situación de defensores de derechos humanos. Estas instancias permitirán continuar el análisis y el monitoreo de temas críticos que afectan los derechos fundamentales en el país.

El seguimiento de estas audiencias es fundamental para promover el diálogo entre el Estado, la sociedad civil y los organismos internacionales, con el fin de fortalecer las garantías judiciales y los mecanismos de protección de los derechos humanos en El Salvador.

La evaluación de la CIDH sobre la independencia judicial en el país se convierte en un elemento clave para impulsar reformas que garanticen una justicia accesible, transparente y libre de influencias políticas, especialmente en contextos de régimen de excepción que restringen derechos y libertades.