Cinco familias demandan a Nicolás Maduro en Nueva York por presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas

Cinco familias demandan a Nicolás Maduro en Nueva York por presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas

Cinco familias de víctimas venezolanas presentaron una demanda civil contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante un tribunal federal de Nueva York, Estados Unidos, en la que lo responsabilizan por presuntas ejecuciones extrajudicia...

1 julio 2026
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Cinco familias de víctimas venezolanas presentaron una demanda civil contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante un tribunal federal de Nueva York, Estados Unidos, en la que lo responsabilizan por presuntas ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura cometidos por integrantes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

La acción judicial fue presentada este 1 de julio en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, y reúne los testimonios de seis personas que, por razones de seguridad, aparecen identificadas mediante seudónimos.

Los demandantes sostienen que entre 2017 y 2021 agentes de las FAES ejecutaron a seis personas: cuatro eran hijos de los demandantes y dos eran hermanos de otra de las víctimas. Además, aseguran que varios familiares también fueron sometidos a torturas durante esos operativos.

La demanda plantea que estos hechos no fueron casos aislados, sino parte de una política de represión ejecutada por ese cuerpo policial, al que vinculan directamente con la estructura de mando encabezada por Maduro.

Familias relatan asesinatos y torturas

Uno de los testimonios incluidos en la demanda corresponde a una mujer identificada como Jane Doe 2, quien afirma que su hijo murió tras ser golpeado de forma violenta y recibir disparos por parte de agentes de las FAES.

Según su relato, la víctima falleció ahogada por su propia sangre después del ataque.

Otros demandantes describen operativos en los que miembros de sus familias fueron asesinados y denuncian haber sufrido amenazas, persecución y torturas. Algunos aseguran que, tras los hechos, no tuvieron otra alternativa que abandonar Venezuela.

Las familias también afirman que los agentes alteraban las escenas de los crímenes para modificar la versión de los hechos. En uno de los casos incluidos en la demanda, se señala que un representante de la Fiscalía venezolana habría reconocido que existían órdenes de no investigar las actuaciones de las FAES.

¿Qué eran las FAES?

Las Fuerzas de Acciones Especiales fueron un comando de élite perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.

Este cuerpo fue creado para realizar operativos contra el crimen organizado, pero durante varios años fue señalado por organismos nacionales e internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Aunque las FAES fueron oficialmente disueltas en 2022, la demanda sostiene que su estructura habría continuado operando bajo otra dirección dentro de los organismos de seguridad del Estado venezolano.

Diversos informes elaborados por Naciones Unidas y organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y represión política atribuidas a esta unidad policial.

Manifestantes sostienen pancartas en apoyo al destituido presidente venezolano, Nicolás Maduro, frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, mientras Maduro aguarda su audiencia de lectura de cargos el 5 de enero de 2026 en Nueva York.
Manifestantes sostienen pancartas en apoyo al destituido presidente venezolano, Nicolás Maduro, frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, mientras Maduro aguarda su audiencia de lectura de cargos el 5 de enero de 2026 en Nueva York. AFP

La demanda responsabiliza a Maduro

En el documento judicial, las familias sostienen que Nicolás Maduro tenía responsabilidad sobre las actuaciones de las FAES debido a su condición de jefe del Estado y máximo responsable de las fuerzas de seguridad venezolanas durante el período en que ocurrieron los hechos denunciados.

Los demandantes afirman que las FAES estuvieron involucradas en al menos 1,300 muertes hasta el año 2020, cifra que utilizan como parte de los argumentos para sostener que existía un patrón sistemático de violencia.

Además, señalan que dentro de Venezuela no existen condiciones para buscar justicia, ya que consideran que acudir a los tribunales del país representa un riesgo para las víctimas y sus familiares.

Por esa razón recurrieron a la justicia estadounidense mediante una legislación federal aprobada en 1991 que permite a víctimas de presuntas torturas y ejecuciones extrajudiciales presentar demandas civiles en tribunales federales de Estados Unidos contra personas señaladas por violaciones graves a los derechos humanos.

El proceso en Estados Unidos

La demanda civil fue presentada en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, uno de los tribunales federales con jurisdicción sobre Brooklyn.

Este proceso busca que la justicia estadounidense examine las denuncias presentadas por las familias y determine si existen responsabilidades civiles derivadas de los hechos descritos.

De manera paralela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan otro proceso judicial en Nueva York.

Ambos se encuentran en medio de un juicio en el Tribunal Federal de Manhattan por cargos relacionados con presunto narcoterrorismo, importación de cocaína, delitos vinculados con armas y posesión de armas.

Mientras ese proceso continúa, los dos permanecen recluidos en un centro de detención ubicado en Brooklyn.

La nueva demanda presentada por las cinco familias se enfoca exclusivamente en las denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras violaciones a los derechos humanos atribuidas a integrantes de las FAES durante el período comprendido entre 2017 y 2021.

Con esta acción judicial, los demandantes buscan que un tribunal estadounidense conozca sus testimonios y determine las responsabilidades que, según sostienen, no pudieron ser investigadas ni juzgadas dentro de Venezuela debido a la falta de garantías para las víctimas y sus familiares.

Fuente original:elsalvador.com

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