Claudia Ortiz advierte que reforma constitucional responde a presiones internacionales y aumenta riesgos de injusticia

La reciente aprobación en la Asamblea Legislativa de una reforma constitucional que habilita la imposición de penas perpetuas para delitos de homicidio, violación y actos de terrorismo ha generado diversas reacciones en el escenario político salvadoreño. Entre los posicionamientos más destacados se encuentra el de la diputada Claudia Ortiz, representante del partido Vamos, quien manifestó su voto en contra y ofreció un análisis crítico sobre el proceso y las implicaciones de esta modificación legal.

Proceso exprés y falta de consulta ciudadana

Uno de los principales argumentos expuestos por la legisladora para rechazar la reforma fue la forma en que se llevó a cabo su aprobación. Ortiz señaló que la Asamblea apeló a la dispensa de trámite, mecanismo que permite la aprobación de decretos sin consulta ciudadana ni debate previo, lo que calificó como una práctica inconsulta y poco transparente.

"Ninguna reforma a la Constitución que se apruebe de forma exprés y sin consulta es válida. Nunca hemos votado por una reforma que se haya hecho de esta manera", afirmó Ortiz en declaraciones a un medio local. La diputada enfatizó que esta dinámica limita la participación ciudadana y reduce el escrutinio público, elementos esenciales en reformas constitucionales que impactan derechos fundamentales.

Reacción a señalamientos internacionales

Más allá del procedimiento, Ortiz consideró que la reforma no responde a un diseño estratégico claro en materia de seguridad ni de justicia. En su opinión, la iniciativa constituye una respuesta directa a recientes informes internacionales que señalan presuntas violaciones de derechos humanos en el contexto del régimen de excepción vigente en el país.

Un grupo de expertos independientes ha documentado en su último informe múltiples irregularidades, entre ellas la detención arbitraria de más de 89,000 personas sin debido proceso, al menos 403 muertes ocurridas en centros penales hasta agosto de 2025, incluyendo casos de niños, y 540 desapariciones forzadas reportadas hasta febrero de 2025.

Ante estos señalamientos, la diputada afirmó que la reforma constitucional responde a una necesidad de mostrar acción frente a la comunidad internacional, pero advirtió que esta medida es una improvisación más que una política pública sólida. "Esta reforma es una reacción a señalamientos internacionales que ha recibido el Estado salvadoreño. No son una política seria ni de justicia ni de seguridad, es una improvisación", sostuvo.

Preocupaciones sobre la independencia judicial y derechos humanos

Ortiz reconoció la gravedad de los delitos contemplados por la reforma y afirmó que estos deben ser sancionados con todo el rigor de la ley. Sin embargo, expresó fuertes reservas acerca de la independencia y la imparcialidad del sistema judicial salvadoreño, particularmente en el contexto actual.

La diputada enfatizó que la justicia debe garantizar el derecho a un debido proceso y la presunción de inocencia, principios que, según ella, están en riesgo. "En el contexto en que estamos, a cualquiera se lo pueden llevar preso sin pruebas, sin un debido proceso, siendo inocente", advirtió.

Además, recordó casos documentados en los que jueces han ordenado liberaciones que no se han concretado, con personas desaparecidas dentro del sistema penitenciario. Este tipo de situaciones, dijo, ejemplifican los márgenes de error que podrían ampliarse con la nueva reforma, afectando especialmente a quienes no cuentan con recursos o representación adecuada.

Riesgos sociales y políticos de la reforma

La diputada también alertó sobre el clima de temor que podría incrementarse entre la población, al considerar que la reforma podría ser utilizada para reprimir críticas y limitar la exigencia de derechos ciudadanos. "Estamos en un país donde la gente tiene miedo de criticar a sus gobernantes, a exigir sus derechos, por miedo a irse preso. Hoy ese miedo va a ser incluso mayor", señaló en su intervención.

Ortiz concluyó que, aunque las reformas se presentan como mecanismos para proteger a la sociedad, en la práctica podrían volverse instrumentos de opresión y arbitrariedad. "Estas reformas que dicen que son para proteger al pueblo, el día de mañana pueden ser usadas en su contra y no habrá quien le defienda ante ese margen de error", advirtió.

Contexto legal y político en El Salvador

La aprobación de esta reforma se inscribe en un contexto de fortalecimiento del régimen de excepción en El Salvador, que ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones nacionales e internacionales por supuestas violaciones a derechos humanos. Desde su instauración, la medida ha permitido detenciones masivas y ha modificado procedimientos judiciales, generando un debate sobre el equilibrio entre seguridad y respeto a las garantías constitucionales.

En este sentido, la reforma a la Constitución para permitir penas perpetuas amplía el marco legal bajo el cual se puede castigar a personas vinculadas a delitos graves, pero también abre interrogantes sobre la protección de derechos fundamentales y la prevención de abusos.

Conclusión

El análisis presentado por la diputada Claudia Ortiz representa una voz crítica dentro del Legislativo ante una reforma que ha sido aprobada con rapidez y sin debate público amplio. Su planteamiento subraya la importancia de procedimientos transparentes y el respeto a los derechos humanos en la formulación de políticas de seguridad y justicia.

El desarrollo de esta reforma y su aplicación práctica serán observados con atención tanto por la sociedad salvadoreña como por organismos internacionales, en un momento en que el país enfrenta desafíos complejos en materia de seguridad y gobernabilidad.