Colombia implementa bloqueo de celulares en cárceles tras denuncias por estafas telefónicas desde El Salvador

El Gobierno de Colombia anunció este lunes 26 de enero la implementación de medidas urgentes para combatir las estafas telefónicas y extorsiones que se originan desde el interior de sus centros penitenciarios. Entre las acciones más destacadas se encuentra el bloqueo inmediato de las señales celulares en varias cárceles, una respuesta directa a denuncias formuladas por autoridades de El Salvador que identificaron llamadas fraudulentas desde prisiones colombianas, afectando a ciudadanos de varios países latinoamericanos.

Medidas inmediatas en cárceles específicas

El ministro encargado de Justicia de Colombia, Andrés Idárraga Franco, confirmó que desde esta misma semana se ha ordenado bloquear la señal celular en los establecimientos penitenciarios ubicados en Cómbita (Boyacá),Valledupar (Cesar) y La Dorada (Caldas). Estas prisiones han sido señaladas como puntos críticos desde donde operan redes de extorsión telefónica que utilizan la modalidad de secuestro falso para engañar a personas en la región.

Durante un evento realizado en la cárcel La Modelo de Bogotá, en el que se entregaron elementos de protección al personal de vigilancia y custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec),el funcionario enfatizó que no existen excusas técnicas para retrasar estas medidas y que el bloqueo de señal debe ser una acción inmediata y contundente.

Denuncias desde El Salvador y alcance regional

Las declaraciones del ministro colombiano coinciden con los señalamientos realizados el pasado sábado 24 de enero por el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro. Según Villatoro, una red de estafas telefónicas opera desde la prisión de Cómbita, Colombia, y afecta a personas en varios países de Latinoamérica mediante llamadas que simulan secuestros para intimidar y extorsionar a las víctimas.

El ministro de Seguridad salvadoreño explicó que esta modalidad consiste en contactar a personas que ofrecen servicios o conocimientos en oficios específicos, citándolos a lugares apartados donde los estafadores simulan tenerlos secuestrados y rodeados por un grupo criminal, específicamente el Cartel Jalisco Nueva Generación. A través de amenazas y engaños, los delincuentes buscan obtener dinero de sus víctimas.

Aunque un número reducido de salvadoreños ha caído en estas estafas, las autoridades han confirmado que las llamadas fraudulentas se originan fuera del país y que esta práctica ha adquirido un carácter transnacional preocupante.

Investigación y colaboración internacional

El ministro Idárraga reconoció que la extorsión desde las prisiones colombianas se ha «naturalizado» y que es fundamental impedir su expansión hacia otros países, especialmente en Centroamérica. Por ello, anunció que su cartera llevará a cabo investigaciones exhaustivas y establecerá comunicación directa con las autoridades salvadoreñas para verificar la información, determinar responsabilidades y coordinar acciones conjuntas.

Además, el funcionario relacionó esta problemática con recientes ataques y asesinatos contra funcionarios penitenciarios, lo que evidencia la gravedad y complejidad de la situación. En respuesta, se abrirá un espacio de diálogo con los sindicatos del Inpec para fortalecer la protección del personal que custodia las cárceles y garantizar condiciones más seguras para quienes laboran en el sistema penitenciario.

Contexto del sistema penitenciario colombiano

El sistema penitenciario de Colombia enfrenta desafíos estructurales que dificultan el control efectivo de la seguridad interna. El hacinamiento, la corrupción y el ingreso ilegal de teléfonos celulares son factores que han facilitado la operación de redes criminales desde las cárceles. A pesar de anuncios reiterados para implementar controles tecnológicos, la aplicación de medidas como el bloqueo de señales ha sido irregular, lo que ha permitido la persistencia de actividades ilícitas desde los centros de reclusión.

Las denuncias por extorsión con origen en las prisiones colombianas continúan siendo significativas, lo que subraya la necesidad de acciones contundentes y sostenidas para erradicar este fenómeno.

Detalles técnicos y alcance de las estafas

Las autoridades salvadoreñas identificaron más de 375 números telefónicos utilizados para esta modalidad de engaño, con códigos principalmente de Colombia, México y Guatemala. Actualmente, se detectan más de 100 teléfonos activos desde la prisión de Cómbita, lo que evidencia la magnitud y organización de esta red delictiva.

El ministro Villatoro afirmó que, con apoyo de aliados internacionales, se logró demostrar técnicamente que estas llamadas proceden de internos de la cárcel colombiana, lo que confirma la responsabilidad del sistema penitenciario en el origen de estas estafas.

Implicaciones para El Salvador y la región

La denuncia del Gobierno salvadoreño pone de relieve la dimensión regional de la problemática, dado que el delito trasciende fronteras y afecta la seguridad y tranquilidad de ciudadanos en múltiples países. El fortalecimiento de la cooperación bilateral y multilateral es fundamental para combatir estas redes y garantizar que las prisiones no se conviertan en centros de operación para actividades criminales que impactan a nivel internacional.

En este contexto, el anuncio colombiano representa un paso importante hacia el control efectivo de las comunicaciones en las cárceles y un compromiso renovado para enfrentar las amenazas que surgen desde el sistema penitenciario.

Conclusiones

El bloqueo inmediato de señales celulares en cárceles colombianas es una medida urgente que busca contener la proliferación de estafas telefónicas que afectan a ciudadanos en El Salvador y otros países de Latinoamérica. Esta acción responde a denuncias concretas y evidencia la necesidad de abordar los problemas estructurales del sistema penitenciario, así como de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar redes criminales transnacionales.

La implementación efectiva de estas medidas y la investigación conjunta entre Colombia y El Salvador serán clave para mitigar este fenómeno y proteger a la población de modalidades delictivas que aprovechan las vulnerabilidades del sistema carcelario.