Comisión de Desarrollo Territorial retoma actividades tras seis meses de inactividad en la Asamblea Legislativa

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa de El Salvador, encargada de discutir legislación relacionada con obras públicas, transporte, vivienda y asuntos municipales, retomará sus actividades después de seis meses sin reunirse. La última sesión se realizó el 28 de octubre de 2025 y desde entonces la comisión ha suspendido todas las convocatorias programadas, acumulando un periodo prolongado de inactividad que ha generado cuestionamientos desde diversos sectores.

La reactivación de la comisión está prevista para el próximo lunes 27 de abril, fecha en la cual se ha convocado a una nueva sesión tras recibir una iniciativa del Ejecutivo. La propuesta legislativa consiste en un decreto para transferir un terreno ubicado en Puerto El Triunfo, departamento de Usulután, a favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO). Este proyecto tiene como objetivo facilitar la legalización de la tierra en beneficio de las familias que habitan en esa zona, lo que representa un avance en materia de vivienda social.

Contexto de la inactividad de la comisión

Desde su última reunión, la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial ha sido convocada en 10 ocasiones, pero todas las sesiones fueron suspendidas, dejando en pausa el estudio y dictamen de iniciativas importantes. Según registros oficiales, se acumulan 25 sesiones plenarias consecutivas en las que la comisión no ha presentado dictámenes para la aprobación del pleno legislativo.

El último informe trimestral de labores correspondiente al período entre mayo y julio de 2025 detalla que la comisión tiene pendiente el análisis y la toma de decisiones sobre 23 expedientes de propuestas de ley, lo que evidencia una acumulación significativa de trabajo pendiente.

Origen y funciones de la comisión

Con la reducción de comisiones aprobada al inicio de la actual legislatura, la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial heredó las responsabilidades de las anteriores comisiones de obras públicas, transporte y vivienda, así como la de asuntos municipales. Su mandato incluye la supervisión y dictamen de temas relacionados con infraestructura, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y servicios municipales.

Críticas por la paralización de funciones

La prolongada inactividad ha sido objeto de críticas dentro del ámbito político y académico. El diputado Francisco Lira, representante del partido ARENA, lamentó que la comisión haya desperdiciado un periodo importante para atender las necesidades de los municipios y las comunidades.

“Estos seis meses de abandono representan seis meses en los que no se escuchó a un solo alcalde ni se discutió una sola mejora para las comunidades. Prometieron que la reducción de municipios traería desarrollo, pero la realidad es que la comisión que debe vigilar que esto funcione ha guardado un silencio cómplice. No saben o no les importa cómo está afectando este caos a la recolección de basura o a los trámites ciudadanos.”

De manera similar, la directora de la maestría en desarrollo territorial de una universidad local reconocida, señaló que la comisión debería estar analizando los efectos de la reestructuración municipal, que cumplirá dos años el próximo 1 de mayo. La reestructuración implicó un cambio en las competencias y funciones de las municipalidades, lo que requiere un seguimiento normativo y técnico para garantizar la adecuada transición y gestión local.

“La Comisión mencionada debería estar analizando y dictaminando sobre temas relacionados con todo lo que atañe a un municipio: normativas, ordenamiento territorial, participación ciudadana, impuestos municipales, obras de infraestructura y demás, pero como a los municipios se les han quitado facultades, prácticamente no hay nada que abordar en relación con estos. Ya casi se termina el periodo que se dio para que se cumpliera con la reestructuración municipal, y no se habla de eso. Y esa fue una normativa que se dio en función de que se dieron cambios fundamentales que no iban a ser fáciles de asumir por las municipalidades.”

Composición actual y responsabilidades

La comisión está presidida por un diputado de la bancada oficialista y está conformada por 11 legisladores, todos pertenecientes al partido Nuevas Ideas. De estos, cinco miembros no tienen asignación en otras comisiones legislativas, lo que podría implicar una mayor disponibilidad para atender los asuntos de esta instancia.

El rol de esta comisión resulta clave para la definición de políticas públicas que afectan directamente a la infraestructura, el desarrollo territorial, la gestión municipal y la calidad de vida de las comunidades en El Salvador. Su reactivación es un paso necesario para avanzar en la discusión y aprobación de leyes que buscan mejorar la gestión de los recursos públicos y el desarrollo local.

Implicaciones para el desarrollo municipal

La comisión tiene en sus manos la responsabilidad de estudiar, dictaminar y proponer reformas que impacten en la vida cotidiana de los salvadoreños, especialmente en áreas como la vivienda social, el ordenamiento territorial, los servicios públicos y la administración local. La falta de sesiones prolongada limita la capacidad del Legislativo para responder a las demandas municipales y ciudadanas, y puede retrasar proyectos prioritarios para el país.

El terreno en Puerto El Triunfo que será transferido a FONAVIPO es un ejemplo concreto de cómo la comisión puede influir en políticas de vivienda y desarrollo, contribuyendo a la regularización de tierras para familias que requieren seguridad jurídica y acceso a servicios básicos.

Perspectivas y próximos pasos

La próxima reunión programada para el 27 de abril es una oportunidad para que la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial retome su rol fundamental en la Asamblea Legislativa. Será clave observar si esta reactivación se traduce en una mayor productividad legislativa y en la atención de los temas pendientes que afectan a los municipios y a la infraestructura nacional.

El seguimiento a las propuestas y dictámenes que emita la comisión será determinante para evaluar su impacto en la gestión pública y en la mejora de las condiciones de vida de los salvadoreños. Además, la comunidad política y la sociedad civil mantienen la expectativa de que esta instancia cumpla con su mandato y fortalezca su papel en el desarrollo territorial y municipal del país.