Comisión de Hacienda aprueba ratificación de préstamo para infraestructura vial y refuerzos presupuestarios en El Salvador

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió un dictamen favorable para la ratificación de un préstamo por $135 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Este financiamiento está destinado al Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Fase I, un proyecto que contempla la construcción de pasos a desnivel, así como la ampliación y mejoramiento de calles en San Salvador.

La aprobación inicial de esta deuda externa se realizó el 4 de febrero de 2024. Sin embargo, tras la firma del contrato correspondiente entre el Estado salvadoreño y el BCIE, la normativa vigente establece que la Asamblea Legislativa debe otorgar una segunda autorización para que el Ejecutivo pueda iniciar la ejecución y desembolso de los fondos vinculados a las actividades del proyecto.

Detalles del proyecto vial

El Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Fase I busca mejorar la circulación vehicular y la conectividad en la capital. Las obras incluyen la construcción de varios pasos a desnivel en puntos estratégicos para reducir la congestión del tráfico, así como la rehabilitación y ampliación de vías urbanas consideradas prioritarias para el desarrollo económico y social.

La inversión de $135 millones representa uno de los proyectos de infraestructura más importantes impulsados en los últimos años, en línea con los esfuerzos gubernamentales para modernizar la red vial y mejorar la movilidad urbana en San Salvador.

Autorización para refuerzo presupuestario a la Fiscalía General

En la misma sesión, la Comisión de Hacienda avaló la solicitud del Ministerio de Hacienda para un refuerzo presupuestario de $580,849 dirigido a la Fiscalía General de la República (FGR). Este monto, también financiado a través de un contrato con el BCIE, permitirá a la institución avanzar en la construcción, equipamiento y modernización de sus oficinas centrales.

La actualización de la infraestructura de la FGR se enmarca en un esfuerzo por fortalecer las capacidades operativas y administrativas del órgano encargado de la persecución penal, contribuyendo así a la mejora del sistema de justicia en el país.

Apoyo al fondo de becas de la Asociación para la Promoción Humana

Adicionalmente, la Comisión aprobó la transferencia de $200,000 del Ramo de Hacienda hacia el Ministerio de Educación para apoyar el fondo de becas de la Asociación para la Promoción Humana. Este fondo financia la educación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el departamento de La Libertad, específicamente en los colegios privados La Floresta y Lamatepec.

El respaldo económico busca ampliar las oportunidades educativas para estudiantes de contextos desfavorecidos, contribuyendo a la reducción de brechas educativas y promoviendo la inclusión social a través de la formación académica.

Contexto y relevancia

La ratificación del préstamo y la autorización de estos refuerzos presupuestarios reflejan la coordinación entre los órganos Ejecutivo y Legislativo para impulsar proyectos prioritarios en diferentes sectores. La inversión en infraestructura vial responde a la necesidad de mejorar la movilidad en la zona metropolitana de San Salvador, que enfrenta desafíos por el crecimiento poblacional y el aumento del parque vehicular.

Por su parte, la modernización de la Fiscalía y el apoyo a la educación vulnerable son acciones complementarias para fortalecer el desarrollo institucional y social del país.

Estas decisiones forman parte de la agenda pública orientada a impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de la población salvadoreña, en línea con los objetivos nacionales de progreso y bienestar social.

Próximos pasos

Con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, se espera que el pleno de la Asamblea Legislativa ratifique formalmente el contrato de préstamo y los refuerzos presupuestarios en las próximas sesiones. Una vez autorizados, el Gobierno podrá proceder con la ejecución de los proyectos y la transferencia de recursos correspondientes.

El avance en estas iniciativas será monitoreado por las autoridades para garantizar la transparencia en el uso de los fondos y el cumplimiento de los plazos establecidos, asegurando que los beneficios lleguen de manera efectiva a la población.