
Comisión Política aprueba reformas electorales sin aclarar cálculo de escaños para la diáspora
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa aprobó reformas electorales que crean una circunscripción para la diáspora con seis escaños, pero no se explicó cómo se calculó la redistribución de curules entre departamentos.
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa dio luz verde a un paquete de reformas electorales que incluye la creación de una nueva circunscripción para salvadoreños en el extranjero, con el fin de que la diáspora pueda elegir a sus propios representantes en el órgano legislativo. Sin embargo, durante la sesión no se aclaró cómo se calculó la cantidad de diputados asignados ni la redistribución de escaños entre los departamentos del país.
Antes de aprobar las reformas, los diputados escucharon a varios funcionarios públicos, entre ellos la vicecanciller, la viceministra de Diáspora y Movilidad, el director del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En esta instancia, la diputada de oposición manifestó su preocupación y solicitó una explicación detallada sobre la fórmula utilizada para determinar la cantidad de diputados que representarán a la diáspora.
De acuerdo con la reforma al Código Electoral, la diáspora contará con seis escaños en la Asamblea Legislativa. Debido a que los diputados oficialistas se opusieron a aumentar el número total de curules, fijadas actualmente en 60, se aprobó una redistribución que disminuye cinco diputados de San Salvador y uno de La Libertad para acomodar a la nueva circunscripción.
No obstante, ni representantes del Gobierno ni diputados de la bancada oficialista explicaron cómo se obtuvo este cálculo. La ley electoral establece que la asignación de diputados por circunscripción debe basarse en la población de cada departamento según el último censo disponible. Expertos en materia electoral han advertido que redistribuciones arbitrarias podrían afectar la representación justa de la población local.
La diputada opositor señaló discrepancias claras entre la redistribución aprobada y las cifras del censo 2024. Por ejemplo, mencionó que San Miguel tiene asignados cinco diputados, cuando según su población debería contar con cuatro. Usulután aparece con cuatro curules, pero le corresponderían tres. Por otro lado, San Salvador y La Libertad quedaron con 11 y 6 diputados respectivamente, aunque según el censo deberían tener 16 y 7 curules.
El director del RNPN, institución encargada del registro de salvadoreños dentro y fuera del país, declaró que no formaron parte del estudio que fundamentó la redistribución. "No hemos participado en ese tema. Sería inapropiado dar alguna referencia; sin embargo, quienes realizaron el estudio deben tener fundamentos técnicos y legales para haber establecido esa cantidad", afirmó.
Ante la falta de claridad por parte de los funcionarios y la ausencia de un argumento oficial, la diputada solicitó que se convocara al ministro de Gobernación, responsable de firmar y presentar el paquete de reformas, para que explicara el método utilizado para definir la redistribución de los escaños. Esta moción no recibió apoyo de los diputados oficialistas, por lo que la propuesta fue aprobada sin que se brindara una explicación pública sobre este aspecto fundamental.
El paquete de reformas no solo contempla cambios al Código Electoral, sino también modificaciones a la Ley de Partidos Políticos y a la Ley Especial para el Sufragio en el Extranjero. Entre sus disposiciones se encuentran normativas relacionadas con la representación de la diáspora, así como actualizaciones para adaptar la legislación a reformas previas aprobadas en 2024 y 2025, relacionadas con la reelección presidencial, la eliminación de la deuda política y la exclusión de diputados en el Parlamento Centroamericano.
Durante la discusión en Comisión, el único cambio introducido fue una modificación en la redacción de algunos artículos por parte de un diputado oficialista, sin alterar el contenido. Asimismo, se incorporaron artículos para eliminar referencias a la deuda política en las leyes electorales, en línea con las reformas impulsadas por el oficialismo.
En resumen, la aprobación de estas reformas electorales representa un avance en el reconocimiento de la diáspora como una circunscripción con representación legislativa propia, pero deja abierta la interrogante sobre la transparencia y fundamentación técnica en la asignación y redistribución de escaños. La falta de explicaciones detalladas podría generar cuestionamientos sobre la equidad en la representación territorial en la Asamblea Legislativa, aspecto crítico para la legitimidad del proceso electoral en El Salvador.
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