Comunidad de Santa Marta y organizaciones piden mantener absolución de ambientalistas y rechazar nuevo juicio

El 19 de febrero de 2026, miembros de la comunidad Santa Marta, en el departamento de Cabañas, acompañados por familiares de los ambientalistas y organizaciones civiles, solicitaron a la Cámara de Segunda Instancia de San Vicente no admitir la apelación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) que busca ordenar un nuevo juicio contra los líderes locales. Además, pidieron que se mantenga firme el fallo absolutorio emitido en favor de los cinco ambientalistas y tres civiles involucrados en el proceso judicial.

La apelación de la FGR se refiere a un caso relacionado con presuntos delitos cometidos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992),en el que los acusados fueron absueltos por un tribunal de sentencia en San Vicente. La Fiscalía argumenta que hubo errores en la valoración de la prueba y en la aplicación de preceptos legales, además de señalamientos sobre una supuesta violación al debido proceso, lo que motivó su solicitud para que se ordene un nuevo juicio.

Rechazo unánime a la apelación fiscal

Alfredo Leiva, representante de la comunidad Santa Marta, calificó la apelación como un recurso "carente de argumentos y con vicios tanto de forma como de fondo", por lo que consideró que la Cámara debe rechazarla. Señaló, además, una "obsesión" por parte de la Fiscalía de obtener una condena contra los líderes ambientalistas, pese a que ya han sido absueltos en dos ocasiones.

"Rechazamos el nuevo intento de la Fiscalía de anular la absolución y reiteramos nuestra denuncia sobre la reactivación de la minería metálica en El Salvador. Las organizaciones sociales y la comunidad estamos firmes en que no se repita el juicio, pues se busca condenar sin pruebas", enfatizó Leiva durante la manifestación de apoyo a los ambientalistas.

En este sentido, las organizaciones civiles que acompañan la causa también expresaron su rechazo a la apelación fiscal, argumentando que este procedimiento forma parte de una estrategia para dilatar el proceso judicial y perseguir a los líderes de Santa Marta.

Familiares denuncian persecución judicial

Milton Rivas, familiar de los ambientalistas, sostuvo que la Cámara de Segunda Instancia debe desestimar la apelación presentada por la Fiscalía y mantener el fallo absolutorio emitido en dos procesos judiciales previos. Rivas calificó la insistencia del ministerio público como una persecución hacia sus allegados.

"Es una persecución que estamos sufriendo; están juzgando a nuestros familiares casi tres veces por el mismo delito. En dos procesos ya se evidenció que no cometieron ningún ilícito y no entendemos esta insistencia de la Fiscalía en perseguirlos. Esperamos que la Cámara de San Vicente pueda desestimar la apelación. Lo hemos sufrido en carne propia sin deber ningún delito", expresó Rivas.

Antecedentes y contexto del caso

El pasado 13 de febrero de 2026, el Tribunal de Sentencia de San Vicente absolvió a cinco ambientalistas y tres civiles de los cargos de asesinato y asociaciones ilícitas relacionados con hechos ocurridos durante el conflicto armado salvadoreño. No obstante, en esa misma resolución se dictó una condena de responsabilidad civil en abstracto contra cuatro de ellos: Teodoro Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Laínez y Arturo Serrano.

La condena civil abre la posibilidad de un proceso ulterior para determinar una indemnización económica por supuestos daños y perjuicios. Esta medida ha sido cuestionada por familiares y organizaciones, quienes argumentan que no existe sustento para la responsabilidad penal ni civil, y que se trata de una nueva forma de persecución contra los ambientalistas.

En respuesta, los cuatro imputados presentaron una apelación contra la condena civil el mismo 13 de febrero, solicitando que se anule dicha resolución.

Reacciones sobre la condena civil

Las organizaciones sociales y familiares manifestaron su rechazo a la imposición de la multa económica y a la posibilidad de que se abra un juicio civil para cuantificar daños, pese a que no se ha probado ninguna responsabilidad penal.

"Pedimos que se desestime la condena civil, pues no entendemos cómo se les puede imponer una multa sin haber cometido ningún delito. No hay sustento ni para la parte penal ni para la civil. Esto es parte de una persecución que ha venido desarrollándose desde el inicio del caso", indicó Milton Rivas.

Implicaciones para la comunidad y el país

Este caso ha generado un amplio debate en El Salvador sobre la protección de los derechos de los líderes comunitarios que defienden el medio ambiente y la oposición a la minería metálica, una actividad que ha sido reactivada en algunos territorios del país tras años de suspensión.

La comunidad Santa Marta está ubicada en un área donde la minería metálica ha sido motivo de controversia debido a los impactos ambientales y sociales que genera. La defensa de estos líderes ha sido clave para mantener la oposición a dicha actividad extractiva, posicionándose como un referente en la lucha ambiental nacional.

El desarrollo de este proceso judicial y las decisiones que tome la Cámara de Segunda Instancia serán determinantes para la jurisprudencia en casos similares y para la garantía de los derechos de las comunidades y sus líderes en El Salvador.

Próximos pasos legales

Actualmente, la Cámara de Segunda Instancia de San Vicente evalúa la apelación de la Fiscalía para decidir si ordena o no un nuevo juicio contra los ambientalistas. Paralelamente, se analiza la apelación presentada por los imputados para anular la condena de responsabilidad civil.

La expectativa de la comunidad y de las organizaciones civiles es que se mantenga la absolución y se rechacen los recursos que prolongan el proceso judicial. Esto, aseguran, permitirá cerrar un capítulo de persecución legal y avanzar en la defensa efectiva de los derechos ambientales en El Salvador.

El caso continúa siendo monitoreado por distintos sectores de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales interesados en la defensa ambiental y los derechos humanos en el país.