Condena a menor en El Salvador basada en fotos y domicilio genera controversia legal

Un caso judicial en El Salvador ha generado un intenso debate sobre la aplicación de la ley penal juvenil y las pruebas presentadas para condenar a menores en el contexto del régimen de excepción vigente en el país. Diego (seudónimo para proteger su identidad por ser menor de edad) fue condenado a 20 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas, basándose principalmente en fotografías obtenidas de redes sociales y en un análisis del entorno donde residía, lo que ha sido cuestionado por su familia y defensa legal.

Detención y acusación basada en denuncias anónimas

El 9 de junio de 2025, Diego, entonces de 15 años y estudiante de octavo grado en un centro educativo de Santa Ana, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mientras se encontraba en su aula. Los policías le mostraron imágenes que supuestamente demostraban su pertenencia a una pandilla, tras una llamada anónima que alertó a las autoridades sobre su presunta participación en actividades de reclutamiento de jóvenes para estructuras criminales.

Yesenia, madre de Diego y enfermera de profesión, relató que al llegar al plantel educativo constató el arresto de su hijo y buscó explicaciones con los agentes, quienes mencionaron que la denuncia anónima señalaba a Diego como reclutador. La madre niega rotundamente que su hijo haya realizado algún acto delictivo o que pertenezca a una pandilla.

Pruebas presentadas en el proceso judicial

Fuentes judiciales indicaron que, además de las fotografías obtenidas de redes sociales y el acta de detención, la Fiscalía presentó como pruebas la cadena de custodia de un teléfono celular decomisado al menor, impresiones en papel bond con imágenes del joven realizando ademanes supuestamente alusivos a pandillas, un informe pericial sobre el contenido encontrado en el teléfono y un estudio psicosocial.

Un análisis pericial destacó que la residencia de Diego se encuentra en una zona de Santa Ana asediada por pandillas y concluyó que el joven “forma parte de la estructura criminal” basándose únicamente en su domicilio. Esta conclusión ha sido fuertemente cuestionada por la defensa y la familia, quienes argumentan que no existen pruebas que acrediten la pertenencia activa del menor a alguna pandilla ni su participación en delitos específicos como extorsiones.

Sentencia y apelación

El Juez de Garantías para el Menor del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 20 años de prisión a Diego por el delito de agrupaciones ilícitas. Tras la sentencia, el joven fue trasladado al Centro de Inserción Social (CIS) El Espino, en Ahuachapán. La madre del menor calificó la condena como “injusta” y expresó su preocupación por el impacto que tendrá en la vida de su hijo.

Posteriormente, la defensa interpuso un recurso de apelación ante la Cámara Segunda contra el Crimen Organizado de San Salvador Centro, que admitió parcialmente el recurso y anuló la condena original. La Cámara argumentó que la pena de 20 años aplica únicamente a menores de 16 años cumplidos, mientras que Diego tenía 15 al momento de su captura.

Las reformas a la Ley Penal Juvenil establecen que los jóvenes entre 12 y 16 años pueden recibir una pena máxima de 10 años por delitos relacionados con la Ley Contra el Crimen Organizado. Por ello, la Cámara ordenó al juez de garantías fundamentar la pena impuesta y revisar la condena conforme a estas disposiciones.

Rechazo a la condena y denuncia de falta de pruebas

La familia y defensa de Diego insisten en que no desean una reducción de la pena sino la absolución, pues aseguran que no hay evidencia concreta que vincule al menor con pandillas ni delitos específicos. Incluso el director y subdirector del centro educativo, junto con otros maestros, firmaron declaraciones que respaldan el buen comportamiento del joven, sin embargo, estas fueron desestimadas durante el proceso.

Según la madre, “no han presentado ninguna prueba que demuestre que mi hijo forma parte de alguna estructura, y le han dado 20 años de prisión”. Este caso refleja un patrón señalado por organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el uso de pruebas genéricas y denuncias anónimas para condenar a menores bajo el régimen de excepción.

Contexto y críticas al régimen de excepción y reformas legales

Hasta principios de 2024, Amnistía Internacional documentó que 1,065 menores habían sido condenados en el marco del régimen de excepción en El Salvador, de un total de 1,194 capturados bajo esta medida de seguridad. Las reformas a la Ley Penal Juvenil y otras normativas relacionadas han ampliado las penas para menores, permitiendo que sean juzgados como adultos y enviados a cárceles para mayores, lo que ha generado rechazo de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Casos similares y cuestionamientos a las pruebas presentadas

El análisis realizado por El Oficial identificó que en otros casos de personas condenadas por agrupaciones ilícitas bajo el régimen de excepción, las pruebas presentadas son también genéricas y se basan en documentos oficiales como controles de personas detenidas, actas de detención y declaraciones de testigos criteriados, quienes en algunos casos son miembros activos o antiguos de pandillas.

Por ejemplo, en marzo de 2026, un hombre identificado como Arnoldo (seudónimo) fue condenado a 30 años por agrupaciones ilícitas en San Miguel con evidencias similares. Otro caso, el de Humberto (seudónimo),también implicó la presentación de perfiles delincuenciales y testimonios de testigos criteriados, resultando en una condena de 30 años.

Un abogado defensor que solicitó anonimato calificó estas prácticas como arbitrarias y señaló que “las pruebas genéricas presentadas por Fiscalía no comprueban que algunas personas formen parte de esta estructura. No basta solo con una ficha policial o la declaración de un perito ligado a la policía”.

Especialistas y defensores han denunciado que el uso de testigos criteriados, quienes reciben beneficios a cambio de declarar contra supuestos integrantes de pandillas, puede generar falsas acusaciones. “El delincuente tiene algún beneficio al denunciar a otros, aunque no los conozca o no tengan relación concreta”, apuntaron.

Situación actual del menor y perspectivas

Actualmente, Diego permanece privado de libertad en el Centro de Inserción Social El Espino, en Ahuachapán, mientras se resuelve la revisión de su condena. Este caso pone en evidencia los desafíos que enfrentan el sistema judicial y las autoridades en El Salvador para garantizar un debido proceso y respeto a los derechos de los menores, especialmente en un contexto de alta presión por la seguridad pública y la lucha contra las pandillas.

El debate en torno a la proporcionalidad de las penas, la calidad de las pruebas y la aplicación de las reformas legales continúa abierto, con implicaciones importantes para el futuro de la justicia juvenil en el país.