Condenan a 10 años de prisión a hombre que robó más de $12,000 tras asaltar conductor en Mejicanos

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador dictó condena de 10 años de prisión por el delito de robo agravado y cinco años por hurto por medios informáticos contra un hombre identificado como Andrés Isaac Zeledón Merino, de 26 años, por un ilícito cometido el pasado 24 de abril de 2024 en el bulevar Constitución, en el municipio de Mejicanos.

Según la resolución judicial divulgada por los Centros Judiciales, el imputado abordó de manera violenta a un conductor mientras este cedía el paso a un grupo de peatones. Desde la ventana del vehículo, Zeledón Merino le exigió de forma amenazante la entrega de sus pertenencias, específicamente su teléfono celular y la billetera, en la que portaba tarjetas de crédito y débito.

La víctima, tras el asalto, continuó su marcha hasta llegar a su residencia, donde procedió a denunciar el hecho ante las autoridades y solicitó el bloqueo inmediato de sus tarjetas bancarias para evitar un uso indebido. Sin embargo, días después, al intentar realizar un retiro con una tarjeta de reposición en un cajero automático, recibió una notificación de fondos insuficientes.

Modalidad del robo y manejo de fondos sustraídos

La investigación judicial determinó que el imputado, tras apropiarse de las tarjetas físicas, utilizó la banca en línea de la víctima para realizar operaciones financieras fraudulentas. Entre estas acciones, gestionó un adelanto salarial por la suma de $708 y un préstamo por un monto de $12,049.70.

Posteriormente, el dinero obtenido a través de estos movimientos fue transferido a las cuentas bancarias de dos personas más: Eduardo Ernesto Acosta Magaña y Nataly Yanira Morales Rodríguez. Ambos individuos retiraron los fondos en diferentes cajeros automáticos, sumando un total hurtado de $12,967.38.

Condenas adicionales por complicidad en hurto informático

El Tribunal Segundo de Sentencia también sentenció a Acosta Magaña y Morales Rodríguez a dos años de prisión cada uno por el delito de hurto por medios informáticos. Cabe destacar que Nataly Yanira Morales Rodríguez fue condenada en ausencia, lo que indica que no se presentó durante el proceso judicial.

Contexto y cifras en seguridad informática en El Salvador

Este caso ejemplifica la creciente preocupación en El Salvador por los delitos relacionados con la ciberseguridad y el manejo fraudulento de recursos bancarios. La combinación de un asalto físico con el uso ilícito de plataformas digitales para sustraer grandes sumas de dinero es una modalidad que ha ido en aumento, lo que representa un desafío para las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia.

Las instituciones financieras y judiciales del país han intensificado sus esfuerzos para combatir estos delitos, promoviendo campañas de prevención y fortaleciendo la legislación relacionada con el hurto informático. Sin embargo, la colaboración ciudadana y el uso responsable de las tecnologías también juegan un papel fundamental en la reducción de estos crímenes.

Recomendaciones para usuarios de servicios bancarios

• Reportar inmediatamente cualquier pérdida o robo de tarjetas a las entidades financieras para bloquear el acceso.
• Evitar compartir información personal o financiera a través de medios no seguros.
• Monitorear frecuentemente los movimientos de las cuentas bancarias.
• Utilizar mecanismos adicionales de seguridad como la autenticación de dos factores.
• Denunciar cualquier actividad sospechosa ante las autoridades correspondientes.

Conclusiones

El fallo emitido por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador refleja la aplicación de la justicia en casos de delitos complejos que involucran tanto violencia física como fraude tecnológico. La condena de 10 años de prisión para Andrés Isaac Zeledón Merino y las penas adicionales para sus cómplices envía un mensaje claro sobre la firmeza del sistema judicial salvadoreño frente a estas conductas ilícitas.

Este caso también subraya la importancia de mantener una vigilancia constante y adoptar medidas preventivas para proteger los recursos financieros personales, especialmente en un contexto donde la tecnología facilita nuevas formas de delincuencia.