Conflicto institucional en Chalatenango Sur entre alcalde y concejo municipal por acusaciones de irregularidades

El municipio de Chalatenango Sur atraviesa una crisis institucional luego de que el alcalde Milton Guadalupe Serrano Ramírez y su concejo municipal se enfrentaran públicamente por señalamientos de irregularidades administrativas que han escalado hasta la amenaza de procesos legales ante los órganos de justicia del país.

Rechazo a la destitución y acusaciones de irregularidades

El jueves, el alcalde Serrano Ramírez rechazó categóricamente la decisión del concejo municipal que, un día antes, anunció su destitución tras un proceso sancionatorio por supuestas faltas administrativas graves. A través de un comunicado oficial divulgado en las redes sociales del municipio, Serrano calificó la información sobre su destitución como "falsa y malintencionada" y afirmó que continúa en "pleno ejercicio de sus facultades legales y constitucionales".

En el mismo documento, el jefe edil denunció irregularidades en el proceso que llevó a su destitución, señalando que este presenta una "nulidad absoluta por vicios de quórum". Según Serrano, la reunión donde se acordó separarlo del cargo no cumplió con los requisitos establecidos en el Código Municipal ni en la Ley de Procedimientos Administrativos. Además, cuestionó la legitimidad del secretario municipal que firmó el acuerdo, quien supuestamente no cuenta con la calidad ni la relación laboral necesaria para desempeñar ese rol, lo que, según el alcalde, implicaría una usurpación de funciones.

Asimismo, Serrano señaló que dos concejales firmantes del acuerdo estaban "suspendidos de sus funciones" al momento de participar en el acto, lo que también afectaría la validez del procedimiento. Ante estos señalamientos, el alcalde indicó que su equipo legal ya ha iniciado las acciones judiciales pertinentes para defender su posición y calificó la situación como un "evento de quiebre institucional basado en irregularidades manifiestas".

Orígenes del conflicto y controversias internas

El conflicto entre el alcalde y el concejo municipal se ha intensificado en los últimos meses, con varios episodios que evidencian la división interna. Uno de los detonantes fue la designación de un nuevo secretario municipal por parte del concejo, luego de que se separara de su cargo a la secretaria propietaria, presuntamente por incumplimiento de sus responsabilidades.

El alcalde Serrano no reconoció la legitimidad de Carlos Vargas, quien fue nombrado en sustitución, y se le acusa desde el concejo de continuar pagando el salario a la secretaria destituida, lo que sería considerado una anomalía administrativa. A raíz de esta situación, Serrano procedió a suspender de sus funciones al síndico Álvaro Rafael Velázquez y al primer regidor propietario Víctor Manuel Hernández, impidiéndoles el acceso a las instalaciones municipales, una acción que ambos concejales calificaron como ilegal.

Acciones del concejo municipal y solicitud de intervención judicial

En respuesta, el secretario municipal junto con el síndico y el primer regidor convocaron a una sesión extraordinaria del concejo donde acordaron la destitución del alcalde, alegando actos arbitrarios y manejo irregular en la gestión municipal. Ayer, los tres miembros del concejo, acompañados por el tercer regidor propietario Pablo Molina, realizaron una conferencia de prensa para presentar los señalamientos que motivaron la destitución y demandaron una intervención inmediata de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Corte de Cuentas.

Los concejales solicitaron una auditoría exhaustiva de las cuentas municipales y la deducción de responsabilidades penales por presuntas sustracciones de fondos y actos arbitrarios. Entre las acusaciones resaltan el traslado de más de $33,000 de cuentas municipales a otras cuentas sin autorización del concejo y la compra de baterías a un miembro del concejo, hechos que, según los denunciantes, incumplen con las normas de transparencia y legalidad.

Nombramiento de edil en funciones y pasos legales

Tras la destitución, el concejo municipal nombró a Víctor Hernández como alcalde en funciones y remitió la documentación correspondiente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que expida las credenciales oficiales que avalen el cambio de mando. Durante la conferencia, los concejales urgieron al TSE a proceder rápidamente con este trámite para garantizar la estabilidad administrativa y la continuidad en la gestión municipal.

La situación en Chalatenango Sur refleja un escenario complejo de confrontación institucional entre autoridades locales, que pone en riesgo la gobernabilidad y la prestación de servicios públicos en la jurisdicción. La disputa judicial que se avecina definirá el futuro político de la alcaldía y la legitimidad de sus autoridades, mientras la población observa con atención el desarrollo de los acontecimientos.

Contexto municipal en El Salvador

Los conflictos entre alcaldes y concejos municipales no son inéditos en El Salvador, donde la dinámica política local a veces se ve marcada por enfrentamientos internos que afectan la administración pública. La legislación salvadoreña establece mecanismos claros para la destitución de autoridades municipales, pero la interpretación y aplicación de estos procesos puede generar controversias cuando existen diferencias profundas entre los actores involucrados.

El caso de Chalatenango Sur ejemplifica estas tensiones y subraya la importancia de respetar los procedimientos legales y administrativos para garantizar la transparencia y la institucionalidad en los gobiernos locales.

Conclusión

El enfrentamiento entre el alcalde Milton Guadalupe Serrano Ramírez y el concejo municipal de Chalatenango Sur ha escalado hasta un punto crítico, con acusaciones cruzadas que involucran supuestas irregularidades administrativas, cuestionamientos sobre la validez de procesos internos y la intervención de instancias judiciales y electorales. La evolución de este conflicto será determinante para la estabilidad política y administrativa del municipio, así como para la confianza de la ciudadanía en sus autoridades locales.