Congresistas estadounidenses exigen transparencia sobre salvadoreños detenidos en CECOT

Un grupo de 28 congresistas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, liderados por el demócrata James P. McGovern, dirigió una comunicación oficial el 1 de abril de 2026 a dos altos funcionarios del gobierno estadounidense, en la que solicitaron información detallada sobre salvadoreños deportados a El Salvador y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

La misiva fue enviada al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en la cual los legisladores exigen la divulgación de los nombres y números de expedientes migratorios de todos los ciudadanos salvadoreños enviados a esta megacárcel durante el año 2025.

Preocupación por desapariciones y violaciones a derechos humanos

Los congresistas expresaron profunda preocupación por la situación de estas personas, muchas de las cuales han sido reportadas por sus familiares en calidad de desaparición forzada. En la carta se señala que el gobierno estadounidense ha negado a estos individuos el derecho fundamental a impugnar sus deportaciones y detenciones.

“Nos preocupa enormemente que el gobierno de Estados Unidos haya negado a estas personas el derecho a impugnar estas deportaciones y detenciones. Como miembros del Congreso es nuestro deber moral y oficial garantizar que Estados Unidos no viole las normas internacionales de derechos humanos, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas de sus actos oficiales”, indica el texto enviado a los funcionarios.

Contexto de las deportaciones y detenciones en CECOT

Entre marzo y abril de 2025, el gobierno estadounidense informó públicamente sobre la deportación de entre 30 y 40 salvadoreños en vuelos que también transportaron a 251 venezolanos. Estos últimos fueron señalados por presunta vinculación con estructuras criminales. Tras su estancia en el CECOT, los venezolanos fueron regresados a su país en julio de ese mismo año.

No obstante, a diferencia de los venezolanos, muchos de los salvadoreños deportados permanecen detenidos en el centro penitenciario, sin que sus familiares o abogados hayan logrado establecer comunicación con ellos o conocer detalles sobre su estado de salud.

Implicaciones legales y humanitarias

La negativa del gobierno estadounidense a proporcionar información clara y oportuna sobre estas personas ha sido calificada por los congresistas como un acto que podría constituir desaparición forzada, lo que implicaría una grave violación a los derechos humanos conforme al derecho internacional.

Este señalamiento se fundamenta en la ausencia de datos oficiales que permitan conocer la situación jurídica y física de los salvadoreños detenidos, así como la imposibilidad de sus familias para acceder a información que garantice sus derechos.

Relevancia para El Salvador y la comunidad internacional

El caso cobra especial relevancia en el contexto salvadoreño, donde la percepción sobre las políticas migratorias y de seguridad ha sido objeto de debate. La existencia del CECOT, un centro penitenciario con un enfoque en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, ha generado controversias por las condiciones de detención y el respeto a los derechos fundamentales.

La solicitud de los congresistas estadounidenses representa un llamado a la transparencia y responsabilidad en la gestión de deportaciones y detenciones, y subraya la necesidad de respetar los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Respuesta oficial y próximos pasos

Hasta la fecha, no se ha registrado una respuesta oficial pública por parte de las autoridades estadounidenses a la carta enviada por los miembros del Congreso. La situación pone en evidencia la complejidad y sensibilidad de las deportaciones hacia El Salvador, así como el papel que juega el gobierno estadounidense en la garantía de los derechos de los migrantes deportados.

El seguimiento de este caso será fundamental para evaluar el compromiso de las autoridades con la transparencia y la protección de los derechos humanos, tanto desde la perspectiva de Estados Unidos como en el ámbito de la cooperación internacional con El Salvador.

En definitiva, la exigencia de información por parte de los congresistas estadounidenses marca un precedente sobre la importancia de la rendición de cuentas en procesos migratorios y de detención, especialmente cuando existen denuncias de desapariciones y violaciones a los derechos fundamentales.