Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala, bajo la lupa por presuntas adopciones ilegales de niños indígenas

Consuelo Porras, quien se encuentra finalizando su segundo mandato como fiscal general de Guatemala, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional. Recientemente, un panel de expertos de las Naciones Unidas solicitó la realización de investigaciones independientes en torno a presuntas adopciones ilegales de niños indígenas vinculadas a un centro de atención temporal que Porras dirigió en 1982.

Solicitan investigación internacional por adopciones ilegales

El organismo internacional expresó su preocupación tras recibir información sobre la situación de al menos 80 niños indígenas que fueron internados en el Hogar Temporal Elisa Martínez, un centro ya clausurado donde Consuelo Porras ejerció como directora y administradora durante siete meses en 1982. Según el panel, existen indicios de que estas adopciones pudieron haberse realizado mediante prácticas ilegales, incluyendo fraude en la declaración de adoptabilidad, falsificación de documentos oficiales, coacción y falta de consentimiento informado de los padres biológicos, además de posibles beneficios económicos indebidos para intermediarios.

Las y los expertos de la ONU también manifestaron inquietud por la ausencia de una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial por parte de las autoridades estatales, así como por la aparente falta de reconocimiento y reparación para las familias afectadas por estas adopciones.

Un mandato marcado por la controversia

Consuelo Porras asumió la dirección del Ministerio Público en mayo de 2018, tras ser designada por el entonces presidente Jimmy Morales. En 2022, fue reelegida para un segundo período de cuatro años, decisión que generó críticas tanto internas como externas. Durante su gestión, la fiscal ha sido señalada por supuestamente bloquear investigaciones judiciales, criminalizar a jueces y fiscales, y proteger a políticos vinculados a actos de corrupción.

En 2022, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Porras en su lista de actores corruptos y antidemocráticos, señalándola por obstruir investigaciones anticorrupción y proteger a aliados políticos para obtener favores indebidos. Como consecuencia, se suspendió la cooperación con su despacho y le fue retirada la visa para ingresar a ese país.

Rechazo y presión política

Durante 2023, la figura de Porras fue uno de los focos centrales de las protestas ciudadanas en Guatemala, donde se exigió su renuncia. En ese contexto, la fiscal fue acusada de colaborar con el expresidente Alejandro Giammattei para obstaculizar procesos judiciales y limitar la independencia del sistema de justicia.

La Fiscalía bajo su dirección también impulsó acciones legales para suspender al Movimiento Semilla, partido político que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia en las elecciones de agosto de 2023. Estas acciones fueron cuestionadas por organismos internacionales. Luis Almagro, entonces secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA),calificó las denuncias presentadas por el Ministerio Público como persecución política sin base legal clara. Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por las medidas que parecían socavar el proceso electoral y el estado de derecho en Guatemala.

Bernardo Arévalo, actualmente presidente de Guatemala, ha solicitado públicamente la renuncia de Porras desde que asumió el cargo. Intentó, sin éxito, removerla de su puesto durante su mandato.

Antecedentes y cuestionamientos en su carrera

Nacida en 1953 en San Juan Comalapa, Guatemala, Consuelo Porras es licenciada en Ciencias Jurídicas y ha desempeñado cargos en la Corte de Apelaciones y como magistrada suplente en la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, no contaba con experiencia significativa en investigación criminal de alto impacto antes de su nombramiento en el Ministerio Público.

Su llegada al Ministerio Público coincidió con el retiro definitivo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),una misión que durante 12 años logró desarticular numerosas redes criminales. Uno de los primeros actos de Porras fue iniciar acciones legales contra su predecesora, Thelma Aldana, quien se vio obligada a exiliarse tras enfrentar acusaciones penales que muchos calificaron como parte de una campaña de criminalización.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que bajo la dirección de Porras se produjo una ola de persecución contra jueces, fiscales y periodistas vinculados a investigaciones anticorrupción, muchos de los cuales optaron por abandonar el país para evitar represalias.

Reacciones y postura de Porras

A pesar de las críticas, Porras ha defendido su gestión reiterando que ha promovido la independencia y profesionalización de la Fiscalía. Al concluir su primer mandato, aseguró que la lucha contra la corrupción fue una prioridad y que el Ministerio Público se consolidó como una institución técnica sin sesgos políticos.

En contraste, sus detractores la acusan de servir a intereses políticos y de socavar el estado de derecho en Guatemala. Su gestión también ha sido cuestionada por sectores como la Iglesia católica, comunidades indígenas, estudiantes y organizaciones civiles.

Intentos fallidos de avanzar en la carrera judicial

En el último periodo, Porras aspiró a ser magistrada titular o suplente de la Corte de Constitucionalidad, cargos asignados por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única universidad pública del país. Sin embargo, no logró el respaldo necesario para acceder a estas posiciones.

Contexto y desafíos para Guatemala

La gestión de Consuelo Porras se inscribe en un momento complejo para Guatemala, donde la lucha contra la corrupción, la independencia judicial y los derechos humanos han sido temas centrales. La presión internacional y la movilización ciudadana reflejan el descontento con el sistema de justicia y la demanda de fortalecer las instituciones para garantizar transparencia y respeto a los derechos fundamentales.

El llamado de la ONU a investigar de manera independiente las adopciones ilegales vinculadas a Porras añade un nuevo capítulo a las controversias que han marcado su carrera y plantea desafíos para la justicia en Guatemala en los años venideros.