Corte de Cuentas detecta nuevas irregularidades en gestión municipal de El Refugio y sanciona a funcionarios

La Corte de Cuentas de la República (CCR) notificó la existencia de tres nuevos reparos relacionados con la administración municipal de El Refugio, correspondiente al período 2021-2024 bajo la dirección de Darwin Regalado. Estas observaciones corresponden al primer semestre de 2023 y se suman a una serie de irregularidades previamente detectadas durante la gestión del alcalde, quien actualmente también dirige el municipio de Ahuachapán Norte.

El municipio de Ahuachapán Norte comprende, además de El Refugio, las localidades de Atiquizaya (cabecera municipal),San Lorenzo y Turín. La CCR ha venido señalando diversas inconsistencias financieras desde el inicio de la administración de Regalado, incluyendo a exconcejales y exfuncionarios en sus pliegos de reparos.

Contexto de las auditorías recientes

En agosto del año pasado, la CCR emitió un primer pliego de reparos financieros detectados en los primeros meses de gestión. Posteriormente, una segunda auditoría profundizó en nuevas irregularidades, notificando a exconcejales sobre reparos por un monto aproximado de $30,000. En esta última revisión, la Cámara Cuarta de Primera Instancia de la CCR atribuyó tres reparos adicionales, señalando responsabilidades administrativas y patrimoniales no solo al actual alcalde, sino también a exconcejales y dos tesoreros municipales.

Hallazgos financieros y responsabilidades

Uno de los principales reparos detectados corresponde a fondos propios municipales por un valor de $10,878.27 que no fueron remitidos a las cuentas bancarias municipales durante enero y febrero de 2023. Estos ingresos provinieron de impuestos, tasas, servicios de agua potable y actividades como fiestas patronales. Sin embargo, dichas sumas no habrían sido depositadas oportunamente en las cuentas destinadas para el resguardo del efectivo.

La CCR identifica al tesorero municipal de ese periodo, Edgar A., como responsable de no cumplir con la función de depositar íntegramente los fondos recaudados, lo que derivó en una disminución de los recursos propios del municipio. En consecuencia, se ordenó que el funcionario cancele la cantidad correspondiente a los fondos no remitidos, además de una multa administrativa de $120, que equivale al 20% de su salario durante el tiempo auditado.

El informe menciona que el tesorero alegó haber solicitado a los auditores revisar la documentación para determinar con precisión a los responsables de las remesas incompletas. Indicó que la colectora municipal manifestó que estos fondos no le fueron entregados para su depósito, sino que habrían sido entregados directamente al alcalde y a una persona designada por él para cubrir “diversos gastos”. A pesar de esta declaración, la Corte de Cuentas señala que no se presentaron pruebas de descargo, por lo que el tesorero sigue incluido en los reparos por su función de custodiar los recursos municipales.

Uso de pagarés como garantía y riesgos para fondos públicos

Otra irregularidad detectada por la CCR fue la aceptación de pagarés como fianzas para garantizar el manejo de fondos públicos, un mecanismo considerado riesgoso por no ofrecer protección suficiente para la recuperación de recursos en caso de irregularidades. La auditoría identificó pagarés emitidos a nombre de María L., entonces tesorera municipal ($3,000),Wendy T., encargada de colecturía ($1,500),y José G., recolector de impuestos municipales ($400).

La Cámara Cuarta concluyó que estos mecanismos dejaron los recursos municipales desprotegidos. Por estas irregularidades, la CCR impuso multas a varios funcionarios: $500 para el alcalde Darwin Regalado, $300 para el síndico, y $182.50 a cada uno de tres regidores que autorizaron o aceptaron estas garantías inadecuadas.

Retrasos en depósitos y acumulación de efectivo

El informe también señala que los ingresos propios municipales no fueron depositados con la debida oportunidad, registrándose retrasos de entre 29 y 42 días hábiles en los depósitos a las cuentas bancarias. Esta situación generó una acumulación de efectivo en la municipalidad, limitando la utilización oportuna de los fondos para cubrir gastos operativos.

Por esta razón, la CCR impuso multas por responsabilidad administrativa equivalentes al 20% del salario durante el periodo auditado a dos tesoreros que ejercieron funciones en diferentes momentos y a la encargada de colecturía, quienes no realizaron la entrega y remesa oportuna de los fondos recaudados. La Corte determinó que los montos correspondientes deberán ser ingresados al fondo general de la nación, conforme a la normativa vigente.

Respuesta institucional y seguimiento

El equipo de El Oficial solicitó una entrevista en el despacho municipal ubicado en Atiquizaya para conocer la postura del alcalde Darwin Regalado respecto a los nuevos reparos emitidos por la CCR. El asistente del funcionario indicó que se transmitiría el mensaje para obtener una respuesta, pero hasta el cierre de esta publicación no se recibió pronunciamiento alguno.

Asimismo, se intentó contactar a los exconcejales y exempleados señalados en las auditorías para conocer sus versiones, pero no se obtuvo respuesta a las llamadas realizadas a los números telefónicos disponibles.

Implicaciones para la gestión municipal

Los hallazgos y sanciones de la Corte de Cuentas evidencian la importancia de fortalecer los mecanismos de control interno y transparencia en los municipios salvadoreños, especialmente en aquellos con administraciones recientes. La correcta gestión de los fondos públicos es fundamental para garantizar el desarrollo local y la prestación eficiente de servicios a la población.

El caso de El Refugio pone de manifiesto los riesgos asociados a la inadecuada administración financiera y la falta de rendición de cuentas, aspectos que la CCR busca corregir a través de sus auditorías y acciones sancionatorias.

El seguimiento a estas observaciones y la implementación de medidas correctivas serán cruciales para evitar afectaciones mayores a las finanzas municipales y para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades locales.