Corte Penal Internacional recibe informe sobre muertes de privados de libertad en El Salvador durante régimen de excepción

La Corte Penal Internacional (CPI) recibió un informe detallado sobre las muertes ocurridas en centros penitenciarios de El Salvador en el contexto del régimen de excepción vigente desde 2022. La documentación fue entregada el 2 de marzo de 2026 por la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH),bajo el título "Crímenes de lesa humanidad contra población inocente".

El informe contiene información sobre 470 muertes inicialmente documentadas, cifra que ha sido actualizada a 495 según los datos más recientes proporcionados por el SJH. Además, se reporta la captura de más de 90,000 personas bajo la medida de seguridad instaurada por el gobierno salvadoreño. La organización señala que en centros penales como La Esperanza (conocido también como Mariona),Izalco y Apanteos, las muertes habrían ocurrido en condiciones de tortura, negación de atención médica y trato inhumano.

Detalles y contexto del informe presentado a la CPI

El SJH solicitó a la Corte Penal Internacional que abra una investigación preliminar sobre estas muertes ocurridas bajo custodia estatal, así como sobre los abusos sistemáticos que han sido documentados. La petición incluye investigar la responsabilidad del Estado salvadoreño, abarcando a las autoridades penitenciarias, fuerzas policiales, militares y funcionarios gubernamentales, quienes podrían haber autorizado o tolerado estos actos.

Asimismo, se busca garantizar la rendición de cuentas por los presuntos delitos cometidos en el marco del Estado de Excepción y asegurar medidas de no repetición para las víctimas y sus familias. La directora del SJH recordó que El Salvador es parte del Estatuto de Roma desde 2016, un tratado internacional que prohíbe expresamente el asesinato, la detención arbitraria masiva sin debido proceso y la desaparición forzada de personas.

Según explicó la representante de la organización, el informe fue enviado al fiscal de la CPI con indicios que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. "El Estatuto de Roma abre la posibilidad de judicializar a los agentes del Estado que cometen estos delitos. Cualquier ciudadano puede presentar estos indicios para que se investigue, dado que son demasiadas muertes bajo custodia estatal y tenemos información que podrían existir más casos", afirmó.

Respuesta institucional y situación actual

Hasta el cierre de esta publicación, El Oficial ha intentado obtener una versión oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) respecto a las denuncias presentadas ante la CPI, sin recibir respuesta.

Muertes registradas en 2026 y condiciones en los centros penitenciarios

El informe actualizado al 1 de marzo de 2026 indica que, en lo que va del año, han fallecido 21 personas bajo custodia estatal, de las cuales cuatro son mujeres. Esto eleva a 495 el total de víctimas desde el inicio del régimen de excepción. Entre los fallecidos se encuentran cuatro bebés.

De estas 21 muertes ocurridas en 2026, 11 no cuentan con una causa de muerte establecida, nueve fueron atribuidas a negligencia o falta de atención médica oportuna, y una se debió a una enfermedad terminal. Además, 14 de las víctimas estaban recluidas en el Centro Penal de Izalco, ubicado en Sonsonate.

Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR),destacó la importancia de investigar estos fallecimientos, señalando que varios casos presentan indicios de muerte violenta. "Existen investigaciones y documentación sobre torturas y malos tratos en las prisiones de El Salvador, por lo que pedimos que se investigue y se sancione a los responsables. No es aceptable que bajo el régimen de excepción se permitan estas violaciones a los derechos humanos", afirmó.

Análisis estadístico de las muertes bajo custodia

De acuerdo con el informe del SJH, el 31.8% de las muertes presentan signos de violencia. Un 31.6% se atribuye a negligencia o falta de atención médica adecuada, mientras que el 31.1% restante corresponde a causas desconocidas. Estos datos reflejan un patrón preocupante en el tratamiento de los privados de libertad durante el régimen de excepción.

Marco legal y posibles implicaciones

El régimen de excepción, implementado por el gobierno salvadoreño para combatir la criminalidad, ha sido objeto de diversas críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos. La elevada cantidad de detenciones masivas y muertes en prisiones ha generado alarma tanto a nivel nacional como internacional.

El Estatuto de Roma, que regula la competencia de la Corte Penal Internacional, establece que actos como el asesinato sistemático, la detención arbitraria y la tortura pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad cuando se cometen de forma generalizada y sistemática. La presentación de este informe a la CPI podría abrir una investigación formal que involucre a altos funcionarios y agentes del Estado.

Repercusiones y próximos pasos

La entrega de este informe a la CPI representa un paso significativo en la denuncia de presuntas violaciones graves de derechos humanos en El Salvador. La organización Socorro Jurídico Humanitario ha enfatizado la necesidad de que las autoridades nacionales e internacionales actúen para esclarecer estos hechos y proteger a la población privada de libertad.

Mientras tanto, la comunidad internacional mantiene una atención constante sobre la evolución del régimen de excepción en El Salvador, especialmente en lo que respecta al respeto de los derechos fundamentales y el debido proceso.

El Oficial continuará dando seguimiento a esta situación e informará sobre cualquier desarrollo relacionado con la investigación y las respuestas oficiales a estas denuncias.