Corte Suprema de EE.UU. evaluará política que limita solicitudes de asilo en puertos fronterizos oficiales

La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para escuchar el próximo 24 de marzo un caso que podría definir el acceso al asilo en puertos oficiales de entrada en la frontera sur del país. El expediente Noem vs. Al Otro Lado examina la legalidad de la política conocida como "turnback" o rechazo en frontera, implementada durante el primer mandato del expresidente Donald Trump.

Dicha política consistía en que agentes fronterizos impedían físicamente que migrantes solicitaran protección internacional en los puntos oficiales de ingreso a Estados Unidos, obligándolos a esperar en ciudades mexicanas sin acceso a los procedimientos legales establecidos. Esta práctica ha sido cuestionada por una amplia coalición formada por legisladores demócratas, exfuncionarios federales, organizaciones internacionales de derechos humanos, académicos y grupos religiosos.

Antecedentes y alcance de la política de rechazo

El mecanismo denominado "metering" o rechazo en frontera fue una medida administrativa bajo la que las autoridades fronterizas limitaban el número de personas que podían ingresar a los puertos oficiales para solicitar asilo. Esto provocó que miles de solicitantes, muchos provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica —incluido El Salvador—, quedaran varados en condiciones precarias en ciudades mexicanas fronterizas.

Organizaciones de derechos humanos y grupos migrantes han documentado que esta política expuso a los solicitantes a riesgos como secuestros, extorsiones, violencia sexual, robos y otras vulnerabilidades, al tiempo que impedía el acceso a un proceso legal justo y oportuno para evaluar sus solicitudes de protección.

Argumentos legales y respaldo político

Los escritos legales presentados ante la Corte Suprema sostienen que la política violó la legislación federal estadounidense porque impidió el acceso al proceso migratorio ordenado por el Congreso. En particular, un grupo de 26 legisladores demócratas respaldó esta posición a través de un escrito amicus curiae, donde enfatizan que el Poder Ejecutivo no tiene facultad para modificar unilateralmente las reglas migratorias establecidas.

Los legisladores subrayan que cualquier cambio en la política migratoria debe realizarse mediante reformas legislativas y no por medio de órdenes ejecutivas o prácticas administrativas que bloqueen físicamente las solicitudes de asilo. Según ellos, "el presidente no puede borrar decisiones legislativas bloqueando físicamente el acceso al proceso legal".

Respaldo bipartidista de exfuncionarios federales

De manera significativa, un grupo bipartidista de exfuncionarios de alto nivel de al menos seis administraciones presidenciales distintas, que incluye exrepresentantes de los Departamentos de Seguridad Nacional, Estado, Justicia y Salud, emitió un escrito conjunto ante la Corte. En él, remarcan que el asilo es un componente fundamental del sistema migratorio estadounidense y no puede ser tratado como un mecanismo opcional sujeto a conveniencias políticas.

Estos exfuncionarios destacan que, históricamente, el gobierno ha mantenido un equilibrio entre el control fronterizo y la obligación legal de garantizar procesos justos para quienes solicitan protección. Aunque reconocen diferencias en cuanto a la efectividad de diversas políticas, coinciden en que la política de rechazo fue contraria a la ley federal y vulneró compromisos internacionales asumidos por Estados Unidos.

Perspectiva de organizaciones de derechos humanos y académicos

Organizaciones como Amnesty International USA, Human Rights Watch, Human Rights First y Physicians for Human Rights también presentaron argumentos legales ante el máximo tribunal. Estas entidades documentan que la política causó daños físicos y psicológicos a los solicitantes al forzarlos a esperar durante meses en condiciones inseguras y degradantes.

En sus escritos, enfatizan que impedir el acceso al asilo viola obligaciones internacionales, principalmente el principio de no devolución (non-refoulement),que prohíbe retornar a personas a lugares donde puedan enfrentar persecución o daños graves. Este principio es un pilar esencial del derecho internacional de refugiados.

Asimismo, dieciocho profesores especializados en derecho migratorio argumentan que permitir que el gobierno bloquee el acceso físico a los puertos de entrada contraviene el propósito y el lenguaje de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.

Apoyo de grupos religiosos y éticos

Una coalición interreligiosa compuesta por 31 organizaciones de fe, junto con la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, también se manifestó en contra de la política mediante escritos presentados ante la Corte. Estos grupos señalan que negar el acceso al asilo contradice principios morales y obligaciones humanitarias históricas vinculadas a la protección de personas perseguidas.

Implicaciones para El Salvador y la región centroamericana

El caso adquiere especial relevancia en el contexto centroamericano, ya que una parte considerable de quienes buscan asilo en la frontera sur estadounidense provienen de países del Triángulo Norte, entre ellos El Salvador. Durante los años en que se aplicó la política de rechazo, múltiples organizaciones migrantes documentaron que solicitantes salvadoreños quedaron varados en México sin poder iniciar sus procesos legales.

Especialistas en migración han señalado que las decisiones judiciales sobre el acceso al asilo en Estados Unidos inciden directamente en las rutas migratorias regionales. Esto se debe a que estas resoluciones determinan si las personas pueden presentar solicitudes de protección internacional al llegar a puertos oficiales o si deben permanecer fuera del territorio estadounidense en condiciones vulnerables.

Además, el fallo que emita la Corte Suprema podría influir en la formulación de futuras políticas migratorias de Estados Unidos hacia la región, en un momento marcado por el endurecimiento del control fronterizo y el incremento de medidas destinadas a limitar el ingreso irregular.

Próximos pasos y audiencia en la Corte Suprema

La Corte Suprema aceptó revisar este caso el 17 de noviembre de 2025, tras una solicitud de la administración Trump para examinar una resolución previa del Noveno Circuito que declaró ilegal la política de rechazo en frontera. La audiencia oral está programada para el 24 de marzo, en la que se espera que los magistrados evalúen los argumentos presentados por las partes y los amicus curiae.

El resultado de este proceso judicial tendrá un impacto significativo sobre la protección de derechos humanos y el acceso al asilo en la frontera sur de Estados Unidos, con repercusiones directas para miles de migrantes centroamericanos, incluyendo a quienes huyen de la violencia y la pobreza en El Salvador.