Creador de contenido denuncia presunto acoso y allanamiento policial sin orden judicial en San Salvador

Durante el procedimiento, los policías informaron a Arévalo que él figuraba en un "código amarillo" dentro de un proceso judicial, sin explicarle de qué caso se trataba ni brindarle mayores detalles. Además, le indicaron que debía permanecer en el lugar para observar el desarrollo del procedimiento. El creador de contenido manifestó su desconcierto e indicó que no tiene procesos judiciales activos, al menos no le han sido notificados formalmente, y expresó su intención de acudir a un centro judicial para aclarar su situación.

Contexto legal y antecedentes

Jesús Arévalo había convocado a una conferencia de prensa ese mismo día en la PDDH para aclarar que no posee procesos judiciales pendientes, tras haber sido sobreseído en enero de 2025 en un caso relacionado con resistencia. También mencionó que una denuncia por cuota alimenticia interpuesta por su expareja fue retirada. En dicha conferencia, aseguró que solicitará apoyo a la PDDH para obtener documentación que acredite la inexistencia de problemas legales en su contra.

Fuentes judiciales consultadas explicaron que el "código amarillo" es una clasificación utilizada para identificar a personas que están pendientes de captura o que son localizables o rebeldes en un proceso judicial. En estos casos, la persona debe presentarse ante el tribunal correspondiente para verificar su estatus legal.

Acusaciones de acoso y seguimiento

Desde hace meses, Arévalo interpuso un habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),denunciando acoso, seguimiento y hostigamiento por parte de la PNC. En dicha acción legal, solicitó medidas de protección para él y su familia, quienes, según afirma, han sido afectados por las constantes visitas y acciones policiales.

Además, el creador de contenido manifestó que se ha intentado vincularlo con un proceso judicial contra vendedores del Centro Histórico de San Salvador, quienes fueron capturados por supuestas agrupaciones ilícitas. Arévalo negó cualquier relación con ese caso y aseguró que miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) le han aconsejado retirarse de los lugares donde comercializa sus productos para evitar confrontaciones o problemas legales.

Reacciones y contexto institucional

Al cierre de esta publicación, la Policía Nacional Civil no había emitido respuesta oficial a las denuncias presentadas por Jesús Arévalo. Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos podría intervenir como mediadora para verificar la situación y garantizar el respeto a los derechos fundamentales del denunciante.

Contexto general en El Salvador

El caso de Jesús Arévalo se enmarca en un contexto nacional donde las denuncias de presunto acoso y seguimiento a ciudadanos, en especial a quienes ejercen la libertad de expresión mediante redes sociales, han sido recurrentes. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha sido un actor clave en la protección de los derechos civiles y ha recibido múltiples solicitudes de amparo y protección ante posibles abusos de autoridad.

Asimismo, la clasificación de "puntos rojos" por parte de la PNC se utiliza como estrategia para la prevención del crimen en ciertas zonas consideradas de alto riesgo. Sin embargo, esta medida ha sido cuestionada cuando se implementa sin protocolos claros o con acciones que afectan a ciudadanos inocentes o sin procesos judiciales activos.

Implicaciones sobre la libertad de expresión

Jesús Arévalo expresó su preocupación de que las acciones policiales puedan estar relacionadas con sus críticas al gobierno, lo cual, según él, estaría atentando contra su derecho a la libertad de expresión. Este derecho está protegido por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por El Salvador, que garantizan a los ciudadanos expresar opiniones y críticas sin temor a represalias.

Próximos pasos

Ante la falta de claridad sobre el motivo del allanamiento y la información sobre el supuesto proceso judicial, Arévalo manifestó que acudirá a los tribunales para esclarecer su situación jurídica. También buscará el apoyo de la PDDH para obtener la documentación oficial que demuestre que no posee procesos pendientes ni órdenes de captura.

El seguimiento de este caso será relevante para evaluar el respeto a los derechos humanos y las garantías legales en procedimientos policiales y judiciales en El Salvador, especialmente en contextos donde la libertad de expresión y el derecho a la protesta social son elementos sensibles.