CSJ y Fiscalía no poseen registros detallados de capturas y liberaciones bajo régimen de excepción en El Salvador

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador han confirmado que no disponen de registros estadísticos detallados referentes a las capturas, liberaciones ni el estado judicial de los procesos vinculados al régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. Esta situación ha sido revelada tras una solicitud formal de acceso a información pública realizada en abril de 2024.

El requerimiento, presentado en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP),solicitaba datos precisos sobre el total de personas detenidas por agrupaciones ilícitas, aquellos liberados o beneficiados con medidas sustitutivas, el avance de procesos judiciales en investigación o finalizados, así como información sobre menores de edad capturados y liberados desde la implementación del régimen de excepción hasta abril de 2026.

Respuesta oficial: información no existe o no está sistematizada

La Dirección de Planificación Institucional de la CSJ explicó que no puede entregar la información solicitada debido a que los datos requeridos contienen elementos demasiado específicos que no se encuentran incluidos en sus sistemas de recolección estadística. En la resolución oficial, la Corte indicó que “algunos requerimientos planteados, y sobre los cuales la unidad organizativa ha expresado no contar con esos datos, escapan al principio de rendición de cuentas, lo cual implica que la información solicitada no existe dentro de la unidad encargada”.

Para fundamentar esta postura, la CSJ citó los artículos 62 y 73 de la LAIP, que establecen que las instituciones únicamente están obligadas a entregar información que se encuentre en su poder y permiten declarar inexistente aquella que no esté archivada institucionalmente.

Por su parte, la Fiscalía General comunicó que, tras una búsqueda realizada por su Unidad de Administración Documental y Estadística, no se localizaron documentos estadísticos que contengan el desglose solicitado sobre personas detenidas, liberadas o procesadas bajo el régimen de excepción. Además, la Fiscalía aclaró que la normativa vigente no obliga a crear nuevos documentos o reportes estadísticos para responder solicitudes ciudadanas.

Repercusiones y críticas de organizaciones sociales

La falta de acceso a datos detallados ha sido calificada como una omisión grave por organizaciones que acompañan procesos judiciales relacionados con el régimen de excepción y que brindan apoyo a familiares de las personas detenidas. Indrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, advirtió que esta ausencia de información representa un incumplimiento de los deberes institucionales y un patrón de opacidad que imposibilita evaluar la legalidad de las detenciones.

Asimismo, el representante del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR),Samuel Ramírez, expresó que el cierre de canales oficiales para obtener información ha obligado a las familias a recurrir a denuncias públicas y protestas como única vía para exigir transparencia y justicia. Ramírez lamentó que, hasta la fecha, ninguna institución gubernamental haya respondido a estas demandas.

Cifras oficiales y denuncias sobre el régimen de excepción

El Gobierno ha informado públicamente sobre más de 91,000 capturas realizadas bajo el régimen de excepción desde su inicio el 27 de marzo de 2022 hasta el 15 de febrero de 2026. Esta cifra fue presentada en el último informe del Gabinete de Seguridad durante la aprobación de la prórroga número 48 de la medida.

No obstante, más allá de este dato general, las instituciones no han proporcionado información detallada sobre el estado de salud, ubicación o situación jurídica de los detenidos. Familias y organizaciones de derechos humanos han denunciado dificultades para acceder a estos datos y han documentado casos de personas que permanecen meses sin contacto con sus parientes o cuyos procesos judiciales avanzan sin información pública disponible.

Organismos internacionales han señalado que la falta de datos oficiales dificulta conocer el número real de personas liberadas, sobreseídas o que continúan enfrentando procesos penales, lo que complica la supervisión y evaluación del régimen de excepción a más de cuatro años de su vigencia.

Reservas y opacidad en el manejo de información sensible

Además de las limitaciones en los registros sobre capturas y liberaciones, otras instituciones del Estado han aplicado reservas o declarado inexistente información relacionada con el régimen de excepción:

• Muertes de reos: La Dirección General de Centros Penales declaró una reserva de siete años para la información relacionada con fallecimientos de personas privadas de libertad durante el régimen. La institución se negó a entregar estadísticas, causas de muerte y situación jurídica de los reos argumentando la reserva de datos del Sistema Informático Penitenciario (SIPE).
• Autopsias: La Fiscalía y Medicina Legal respondieron a solicitudes afirmando que no cuentan con registros de autopsias practicadas a personas fallecidas bajo custodia estatal durante este periodo, señalando que dicha información “no existe”.
• Denuncias contra jueces: La CSJ impuso una reserva de siete años a los expedientes administrativos abiertos contra jueces de los Tribunales Especializados contra el Crimen Organizado, encargados de procesar casos relacionados con el régimen de excepción. Estos expedientes se encuentran sin finalizar y no son accesibles al público.

Contexto y desafíos para la transparencia

El régimen de excepción fue instaurado en El Salvador con el objetivo de combatir la criminalidad y las agrupaciones ilícitas, permitiendo a las autoridades ampliar sus facultades para realizar detenciones y procesos judiciales. Sin embargo, la falta de transparencia y el limitado acceso a información detallada generan preocupación entre sectores sociales, organismos de derechos humanos y familiares de los detenidos.

La ausencia de registros estadísticos específicos impide una evaluación objetiva del impacto del régimen y la garantía de los derechos humanos en el marco de esta medida. La opacidad institucional dificulta también la supervisión pública y el control social, elementos esenciales en un Estado de Derecho.

Ante este panorama, las organizaciones sociales continúan demandando mecanismos efectivos para el acceso a información veraz y completa, así como garantías para el debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las personas afectadas por el régimen de excepción.