Cuatro años del régimen de excepción en El Salvador: un análisis sobre derechos y obligaciones internacionales

El pasado viernes, El Salvador conmemoró cuatro años desde la implementación del régimen de excepción, una medida que ha marcado el rumbo del país en materia de seguridad y derechos humanos. Desde su instauración, este régimen ha sido prorrogado de manera mensual por el presidente, el vicepresidente y el gabinete ministerial, con la aprobación consecutiva de la Asamblea Legislativa, totalizando 48 extensiones hasta la fecha. Esta práctica, que inicialmente generó amplio debate público, actualmente transcurre con relativa indiferencia en la agenda nacional.

Suspensión de derechos fundamentales: alcance y duración

Durante todo este periodo, el Estado salvadoreño ha mantenido suspendidos varios derechos fundamentales que forman parte del marco constitucional y de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Entre estos derechos se incluyen:

• El derecho a ser informado de manera inmediata y comprensible sobre los motivos y derechos al momento de la detención.
• El derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo.
• El derecho a contar con asistencia letrada desde el inicio del proceso.
• El límite máximo para la detención administrativa, que originalmente era de hasta 72 horas, ha sido extendido hasta 15 días.
• El derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y la protección contra la interferencia en las comunicaciones privadas.

Es importante destacar que estas suspensiones no se limitan únicamente a personas imputadas por delitos relacionados con pandillas o asociaciones ilícitas. La normativa vigente establece que todos los habitantes dentro del territorio salvadoreño —nacionales o extranjeros— se encuentran sujetos a estas restricciones mientras dure el régimen de excepción.

La legislación y el control constitucional en tensión

Este prolongado estado de excepción ha generado una dinámica particular en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde la continuidad del régimen se convierte en una rutina aprobada sin mayores cuestionamientos. La Constitución y las leyes nacionales, que tradicionalmente han sido el parámetro para el control de las decisiones gubernamentales, han visto su vigencia modificada en la práctica. En varias ocasiones, el presidente ha ordenado modificaciones constitucionales que son aprobadas en la misma jornada por la Asamblea Legislativa, evidenciando un proceso acelerado y poco deliberativo.

No obstante, existe un marco normativo internacional que el Estado salvadoreño ha ratificado y que no puede ser modificado unilateralmente ni por decreto presidencial: las obligaciones derivadas de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Estas normas establecen límites claros sobre qué derechos pueden ser suspendidos y bajo qué condiciones.

Obligaciones internacionales y la naturaleza temporal del estado de excepción

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 4 y la Observación General n.º 29 sobre estados de emergencia, establece que la suspensión de derechos fundamentales en situaciones de emergencia debe ser temporal y justificada. De igual manera, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 27, regula la suspensión de garantías bajo estados de excepción, enfatizando que esta medida no debe convertirse en una norma permanente.

En este contexto, resulta cuestionable que un estado de excepción se mantenga vigente durante cuatro años consecutivos. La naturaleza temporal del régimen de excepción se ha diluido y la suspensión de derechos se ha convertido en una práctica habitual, alejándose de lo previsto en los instrumentos internacionales.

Garantías judiciales y límites en el estado de emergencia

Además, los mismos instrumentos internacionales hacen énfasis en que, incluso bajo un estado de emergencia, no pueden suspenderse las garantías judiciales esenciales. Esto incluye, de forma particular, el derecho a ser informado oportunamente sobre la detención, el derecho a la asistencia legal y la prohibición de la autoincriminación.

La prolongada suspensión de estos derechos en El Salvador, que está regulada en el artículo 12, inciso 2.º, de la Constitución, plantea un escenario de incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país.

Reflexiones y recomendaciones a los actores políticos

El reciente informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) ha hecho un llamado urgente a la reflexión sobre esta situación. Este documento, producto de un análisis riguroso, invita a los miembros del Consejo de Ministros y a los diputados de la Asamblea Legislativa a evaluar con responsabilidad la continuidad del régimen, considerando los compromisos internacionales y el impacto en los derechos humanos.

Es fundamental que los funcionarios públicos conozcan y asuman las consecuencias jurídicas y éticas del incumplimiento de las obligaciones internacionales. La prolongación indefinida del régimen de excepción no solo afecta el marco legal interno, sino que también puede generar repercusiones en la imagen y relaciones internacionales de El Salvador.

Conclusión

Cuatro años bajo un régimen de excepción que suspende derechos fundamentales representan un desafío para el equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos humanos en El Salvador. La necesidad de garantizar la seguridad ciudadana debe ir acompañada del respeto irrestricto a las obligaciones internacionales y constitucionales. La continuidad de esta medida requiere un debate amplio, informado y transparente que involucre a todos los sectores de la sociedad y que priorice el respeto a la dignidad humana.

El análisis y la reflexión propuestos por el GIPES son una oportunidad para que los poderes públicos reconsideren la duración y alcance del régimen de excepción, asegurando que las medidas extraordinarias no se transformen en la regla permanente, preservando así el Estado de Derecho en El Salvador.