Cuatro fallecidos en enfrentamientos con la policía en El Salvador en último mes: análisis y contexto

En el transcurso del último mes, al menos cuatro personas han fallecido en enfrentamientos con elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) en El Salvador. Las autoridades han señalado que estas muertes se produjeron en el marco de "legítima defensa" durante intervenciones relacionadas con violencia intrafamiliar y ataques contra agentes policiales. Sin embargo, versiones de fuentes cercanas a algunos casos y análisis de especialistas ponen en duda la versión oficial, además de destacar que estos fallecimientos no se incluyen en los registros oficiales de homicidios en el país.

Casos recientes de fallecimientos en enfrentamientos con la PNC

El primer incidente reportado ocurrió el 18 de febrero de 2026 en Uluazapa, San Miguel. Según la PNC, los agentes atendieron una denuncia por violencia intrafamiliar contra Ever Antonio Gómez Benítez, quien al momento de la intervención huyó y posteriormente atacó con un arma blanca a los policías, lo que motivó que los agentes hicieran uso de la fuerza letal para neutralizar la amenaza. La institución policial manifestó a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) que el agresor se abalanzó contra el personal con un arma blanca, justificando la acción bajo la figura de legítima defensa.

No obstante, fuentes cercanas al caso, que prefirieron mantener el anonimato, desmintieron esta versión. Indicaron que Ever Antonio no huyó de las autoridades, sino que fue agredido primero por un agente policial, lo que provocó que sacara una navaja en defensa propia. Según estas fuentes, fue tras esta acción que recibió dos disparos que le causaron la muerte. Estas declaraciones cuestionan la narrativa oficial y exigen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.

El segundo caso se registró el 24 de febrero en Sesori, San Miguel, donde Héctor Mario Lara, de 65 años, atacó a sus hijos con un arma de fuego, causando la muerte de uno de ellos, para luego intentar agredir a su expareja. Tras lograr escapar, fue interceptado por elementos policiales en el camino hacia El Triunfo, Usulután. La versión oficial indica que Lara disparó contra un agente, quien respondió utilizando su arma y provocó su muerte.

Un tercer hecho ocurrió el 26 de febrero en San Francisco Gotera, Morazán, donde Misael Pérez Gómez, de 52 años, falleció tras un enfrentamiento con agentes de la PNC y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). La policía reportó que Pérez intentó agredir a una mujer en el agromercado local, se produjo un forcejeo durante el intento de detención y, tras escapar, fue abatido. Familiares de Misael han solicitado una investigación profunda, puesto que padecía problemas mentales y consideran que la actuación policial fue desproporcionada.

Por último, el 3 de marzo en Teotepeque, La Libertad, Ernesto Antonio Montoya fue reportado por agredir con un corvo a una mujer de 39 años. Según la PNC, al llegar al lugar los agentes fueron atacados con el mismo arma y respondieron en legítima defensa, resultando Montoya herido y falleciendo posteriormente en un centro asistencial.

Contabilización y registro oficial de homicidios

Estos cuatro casos no han sido contabilizados dentro del registro oficial de homicidios del país. Según datos oficiales, durante 2026 se han reportado 14 homicidios, con enero como el mes más violento (6 casos),seguido de febrero (5) y marzo con 3 hasta la fecha. En 2025, la cifra total de homicidios fue de 82, sin incluir feminicidios.

Ante la falta de respuesta oficial de la PNC y el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia (MSPJ) respecto a la exclusión de estos casos en las estadísticas, la situación genera inquietudes sobre la transparencia y los criterios para la clasificación de muertes violentas en el país.

Perspectivas de expertos y solicitud de medidas

El secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP),Marvin Reyes, explicó que los procedimientos policiales consideran distintos niveles de uso de la fuerza, ajustados a la situación. Destacó que la presencia de armas blancas representa una amenaza letal para los agentes, quienes reciben adiestramiento para responder proporcionalmente. No obstante, señaló que la respuesta en fracciones de segundos dificulta apuntar a zonas no letales, como piernas o brazos, y que cuando la vida del policía está en riesgo se aplica el uso de fuerza letal.

Reyes también enfatizó la necesidad de dotar a la policía de equipo no letal, como pistolas taser o armas de electrochoque, para poder neutralizar a agresores sin recurrir a disparos. Comentó que aunque la actual administración ha propuesto la adquisición de este tipo de equipamiento, no ha habido avances significativos. Además, criticó que la munición para armas de fuego sea adquirida por los mismos agentes, aspecto que busca cambiar.

Marco legal de la legítima defensa en El Salvador

El artículo 27 del Código Penal establece que quedan excluidos de responsabilidad penal quienes actúan en legítima defensa, siempre que concurran tres requisitos: la existencia de una agresión ilegítima, la necesidad razonable de la defensa empleada para impedir o repeler dicha agresión, y que la defensa no haya sido provocada de manera suficiente por quien la ejerce.

Una abogada penalista, portavoz de una organización de control ciudadano, explicó que para invocar esta figura legal es fundamental que la agresión sea ilegítima y que la respuesta sea el único medio disponible para proteger la vida o los derechos, utilizando la fuerza mínima necesaria. Añadió que estas situaciones deben ser investigadas individualmente, verificando si se aplicaron comandos verbales, recogiendo testimonios y realizando inspecciones correspondientes.

Asimismo, recomendó que ante la recurrencia de muertes a manos de agentes policiales se aplique el Protocolo de Minnesota, conjunto de normas internacionales de la ONU para investigar muertes sospechosas o desapariciones forzadas relacionadas con el Estado. Este protocolo establece la necesidad de investigaciones independientes, imparciales y técnicas para garantizar el derecho a la vida y la justicia.

Contexto y cifras de ejecuciones extrajudiciales

Según informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH),entre junio de 2022 y mayo de 2023 se registraron 25 ejecuciones extrajudiciales, mientras que de junio de 2023 a mayo de 2024 la cifra descendió a 12. No se reportaron datos para el periodo siguiente. Estas cifras evidencian un reto persistente en materia de derechos humanos y actuación policial en el país.

Conclusión

Los recientes fallecimientos en enfrentamientos con la policía en El Salvador generan un debate crucial sobre la aplicación del uso de la fuerza, la transparencia en la investigación de estos hechos y su correcta contabilización en las estadísticas oficiales. La incorporación de equipamiento no letal y la adopción de protocolos internacionales para la investigación independiente podrían contribuir a mejorar la situación y garantizar el respeto a los derechos humanos en el país.