Custodio de Mariona condenado a seis años de prisión por extorsionar a madre de reo

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador dictó una condena de seis años de prisión contra un custodio del Centro Penal La Esperanza, conocido popularmente como Mariona, tras comprobarse su responsabilidad en el delito de cohecho propio. El acusado, identificado como Bryan Oswaldo Chachagua Martínez, fue declarado culpable por solicitar dinero a la madre de un privado de libertad a cambio de información sobre el estado de salud de su hijo.

De acuerdo con el expediente judicial, los hechos ocurrieron el 15 de marzo de 2025, cuando la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas y mensajes de texto provenientes del imputado. En dichas comunicaciones, Chachagua Martínez exigía la cantidad de 200 dólares para brindarle detalles sobre su hijo, quien se encontraba internado recibiendo atención médica en el Hospital Nacional Zacamil.

Durante el intercambio de mensajes, el custodio se identificó explícitamente como parte del personal del penal y envió a la madre una fotografía del interno bajo su custodia para corroborar la veracidad de la información. Además, instruyó a la mujer a depositar el dinero solicitado en una cuenta bancaria específica, lo cual evidenció el modus operandi ilícito.

La madre del privado de libertad no pudo reunir la suma exigida y optó por presentar una denuncia formal ante las autoridades correspondientes. El caso fue llevado a juicio público, donde el tribunal valoró diversas pruebas, incluyendo documentales, periciales y testimoniales, que permitieron establecer la culpabilidad del acusado.

Delito de cohecho propio y consecuencias legales

El delito de cohecho propio, tipificado en la legislación salvadoreña, se refiere a la conducta de un funcionario público que solicita o recibe beneficios económicos indebidos para realizar u omitir un acto en el ejercicio de sus funciones. En este caso, el custodio abusó de su posición para extorsionar a la madre de un interno, atentando contra los principios de transparencia y legalidad en el sistema penitenciario.

El Tribunal Sexto de Sentencia, además de imponer la pena privativa de libertad de seis años, ordenó al condenado el pago de responsabilidad civil para resarcir los daños ocasionados a la víctima. Esta medida busca reparar, en la medida de lo posible, el perjuicio causado por el accionar ilícito del custodio.

Contexto sobre la seguridad y transparencia en centros penales

El Centro Penal La Esperanza, ubicado en San Salvador y conocido como Mariona, es uno de los principales recintos penitenciarios del país, albergando a un número significativo de privados de libertad. En los últimos años, las autoridades han implementado diversas estrategias para garantizar la seguridad, el respeto a los derechos humanos y la erradicación de prácticas corruptas dentro de las instalaciones.

Sin embargo, este caso pone en evidencia que persisten desafíos en la supervisión y control del personal que labora en los centros penales. La extorsión y otros actos de corrupción no solo afectan a los internos, sino también a sus familiares, quienes en ocasiones se ven sometidos a presiones y amenazas para obtener beneficios ilícitos.

Las instituciones encargadas de la administración de justicia y seguridad pública han reiterado su compromiso para sancionar con rigor a quienes incurran en conductas irregulares dentro del sistema penitenciario, fortaleciendo los mecanismos de control interno y promoviendo una cultura de transparencia.

Implicaciones para el sistema judicial y penitenciario

La condena contra Bryan Oswaldo Chachagua Martínez representa un mensaje claro sobre la intolerancia ante la corrupción en el ámbito penitenciario. Este tipo de sentencias contribuye a la restauración de la confianza pública en las instituciones y refuerza el marco legal que protege a los privados de libertad y sus familias de abusos y extorsiones.

Asimismo, se espera que este caso sirva como precedente para futuros procesos judiciales relacionados con actos ilícitos cometidos por funcionarios públicos en el sistema carcelario. La coordinación entre entidades judiciales, policiales y penitenciarias es fundamental para identificar, investigar y sancionar estas conductas que vulneran los derechos humanos y el debido proceso.

Recomendaciones para familiares de privados de libertad

Ante situaciones similares, es importante que los familiares de internos conozcan los canales oficiales para comunicarse y obtener información sobre sus seres queridos. Las autoridades penitenciarias suelen contar con protocolos establecidos para garantizar la transparencia y evitar abusos.

Se recomienda denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión o conducta irregular por parte del personal penitenciario o terceros. La colaboración ciudadana es vital para erradicar la corrupción y mejorar las condiciones dentro de los centros penales.

En conclusión, la sentencia impuesta al custodio de Mariona subraya la necesidad de mantener una vigilancia rigurosa sobre el desempeño de los funcionarios públicos en todos los niveles, especialmente en sectores tan sensibles como el sistema penitenciario, donde la dignidad y los derechos fundamentales deben ser protegidos con especial atención.