Defensa de ambientalistas de Santa Marta no presentará más recursos tras ratificación de absolución

La defensa legal de los cinco ambientalistas de Santa Marta informó que no tiene previsto presentar recursos adicionales luego de que la Cámara de la Tercera Sección del Centro, con sede en San Vicente, ratificara la absolución de los líderes del caso por un presunto delito cometido durante la guerra civil salvadoreña. Aunque la sentencia confirma la absolución penal, mantiene la responsabilidad civil sobre algunos de los acusados.

Este fallo se produjo luego de un proceso judicial que se ha extendido por más de tres años y ha generado un amplio seguimiento por parte de diversos sectores en El Salvador, especialmente en el ámbito ambiental y judicial.

Situación actual del proceso judicial

Peter Nataren, representante de la Comunidad Santa Marta, señaló que el siguiente paso en el proceso podría ser la presentación de un recurso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para cuestionar la responsabilidad civil que pesa sobre algunos de los ambientalistas. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no han considerado iniciar este tipo de acción.

"Después de que dos tribunales diferentes han emitido resoluciones no favorables para la Fiscalía, sería ilógico que ellos acudan a la Sala. De nuestra parte no hemos considerado presentar un recurso ante la Sala y esperamos que la Fiscalía también dé por concluido el proceso para que la sentencia quede en firme y se cierre este capítulo", expresó Nataren.

El plazo para la presentación de recursos tras la resolución de la Cámara vence el 21 de mayo de este año. La defensa de los ambientalistas confía en que el proceso finalice debido, entre otras razones, a la situación de salud de los implicados y sus familias. Durante el desarrollo del caso, al menos dos de los procesados sufrieron la pérdida de sus esposas y otros familiares, lo que ha agravado la carga emocional del proceso.

Antecedentes del caso

El 24 de septiembre de 2025, el Tribunal de Sentencia de San Vicente absolvió a los cinco ambientalistas de Santa Marta y a otros tres civiles por los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas. La acusación se relacionaba con el asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, ocurrido en agosto de 1987 en el contexto del conflicto armado interno de El Salvador.

No obstante, el tribunal declaró responsables civilmente a cuatro de los procesados, lo que implica que podrían enfrentar procesos relacionados con daños a la familia de la supuesta víctima.

Milton Rivas, hijo de uno de los ambientalistas procesados, expresó su satisfacción por la resolución judicial. "Celebramos la absolución y la decisión en la que no se aceptó la apelación de la Fiscalía. Esto es una señal positiva para la comunidad de Santa Marta y permitirá a los procesados reincorporarse a sus labores habituales", indicó.

Rivas también agradeció el apoyo recibido durante los años que duró el proceso y manifestó su esperanza de que la sentencia se mantenga firme para que sus familiares puedan retomar sus actividades con tranquilidad.

Perspectivas y denuncias desde la comunidad ambientalista

Desde la comunidad de Santa Marta, Alfredo Leiva calificó el proceso judicial como una represalia por las denuncias hechas contra la reactivación de la minería metálica en El Salvador. Según Leiva, la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas contundentes para sostener las acusaciones, lo que llevó a la absolución en dos instancias judiciales.

"El tiempo y los hechos han demostrado que la detención de los ambientalistas fue una represalia por denunciar las intenciones gubernamentales de revertir la prohibición de la minería metálica, una industria extractiva nociva para el medioambiente", afirmó Leiva.

El dirigente comunitario enfatizó que el sistema judicial y el Estado deben estar orientados a proteger el medioambiente en lugar de perseguir a quienes defienden los recursos naturales.

Contexto ambiental y legal en El Salvador

El Salvador mantiene una prohibición absoluta de la minería metálica desde 2017, una medida que ha sido respaldada por diferentes sectores sociales y ambientales debido al impacto negativo que esta actividad representa para los ecosistemas y las comunidades locales. La defensa de los ambientalistas de Santa Marta se ha enmarcado en este contexto, en el que la protección ambiental es un tema prioritario para la sociedad salvadoreña.

Este caso refleja la complejidad de la relación entre las políticas públicas, la justicia y la defensa del medioambiente en el país. La resolución judicial y la postura de la comunidad ambientalista evidencian la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y garantizar procesos judiciales justos que respeten los derechos humanos y ambientales.

Conclusión

Con la ratificación de la absolución por parte de la Cámara de San Vicente, la defensa de los ambientalistas de Santa Marta ha decidido no presentar más recursos, a la espera de que la Fiscalía General de la República también concluya el proceso. La comunidad y familiares de los procesados buscan con ello poner fin a un caso que ha durado varios años y que ha tenido un alto costo emocional para quienes han estado involucrados.

Este caso continúa siendo un referente importante sobre la defensa ambiental en El Salvador y plantea desafíos para el sistema de justicia en la protección de los derechos de los activistas y de las comunidades que luchan por la conservación de sus territorios.