Defienden reducción de controles en proyecto de Ley de Alianzas Público Privadas en El Salvador

El Ministerio de Economía (MINEC) y representantes del partido oficialista defendieron este jueves en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Alianzas Público Privadas (APP),que contempla una reducción significativa de controles y garantías de transparencia en la gestión de estos contratos.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de El Salvador, fue expuesta por el equipo técnico del MINEC ante la ausencia de la ministra María Luisa Hayem, quien no atendió la convocatoria legislativa. Clarissa Valdebrán, directora de Inversiones del ministerio, realizó una presentación breve en la que destacó algunas de las novedades del proyecto, entre ellas la posibilidad de que las APP puedan originarse tanto por iniciativa estatal como privada, y que se permita ceder a los privados cualquier fase del proyecto —diseño, construcción, operación o mantenimiento—, ya sea para infraestructura o servicios públicos.

Características y modalidades de las APP según el proyecto

Valdebrán explicó que las alianzas podrán clasificarse en tres modalidades: cofinanciadas, cuando reciben fondos estatales; autosostenibles, cuando se financian con tarifas cobradas a los usuarios; o una combinación de ambas. Según la funcionaria, esta flexibilidad busca cubrir la brecha de infraestructura que enfrenta el país, agilizando los procesos y evitando largos plazos en la ejecución de proyectos.

Debate tenso en la Comisión Legislativa

La sesión fue marcada por un ambiente tenso, especialmente en los intercambios entre la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, y el presidente en funciones de la comisión, William Soriano, de Nuevas Ideas. Rivas cuestionó la eliminación de controles establecidos en la ley vigente, especialmente la exclusión de sectores sensibles como salud, educación y recursos hídricos, que en la actual normativa están excluidos de las APP.

La diputada expresó su preocupación sobre la omisión de dicha exclusión en el nuevo proyecto, advirtiendo que esta situación abre la puerta para que empresas privadas puedan prestar estos servicios esenciales. No obstante, la respuesta oficial no fue directa, ya que Soriano intervino para señalar que el tema ya había sido aclarado en reuniones anteriores y aseguró que la Constitución salvaguarda la no privatización de esos servicios.

“No es técnicamente necesario que se incluya la exclusión, si ya contamos con eso en la Constitución. No entendemos por qué se insiste en un tema que ya explicamos muchas veces”, afirmó Soriano.

Rivas respondió señalando una aparente contradicción, pues señaló que el proyecto sí incluye disposiciones constitucionales como la autorización legislativa para concesiones a privados, pero no incorpora la exclusión explícita de salud, educación y agua. La diputada insistió en que esa omisión genera incertidumbre.

Resistencia a responder preguntas clave

Durante la sesión, Rivas solicitó que el MINEC respondiera sus inquietudes, pero Soriano negó la palabra a los técnicos y la concedió a otro diputado oficialista, Edgardo Mulato, quien reiteró que la ley no busca privatizar servicios públicos.

La diputada de Vamos señaló que la eliminación de las limitaciones en el proyecto de ley implica que habrá alianzas con privados en sectores estratégicos, cuestionando además con qué empresas se realizarán dichas alianzas.

Transparencia y rendición de cuentas

Otro punto de controversia fue la eliminación de las disposiciones que obligaban a presentar informes periódicos a la Asamblea Legislativa sobre el estado de las APP en ejecución, así como la exclusión del rol activo de la Fiscalía General en la vigilancia del cumplimiento de los contratos. Valdebrán defendió que el proyecto obliga a las empresas a presentar estados financieros a las entidades contratantes y a permitir auditorías externas, pero no aclaró por qué se eliminó la obligación de informar directamente al Órgano Legislativo.

El techo del gasto en APP eliminado

La diputada Rivas también cuestionó la supresión del límite máximo del 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el gasto estatal anual en APP que contiene la ley vigente. Soriano nuevamente impidió que el ministerio respondiera y argumentó que la intención es eliminar barreras regulatorias para agilizar los trámites de inversión.

Próximos pasos en el análisis legislativo

Tras la presentación del MINEC, la Comisión acordó citar para su próxima sesión a Rodrigo Ayala, presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones de El Salvador (INVEST),para continuar con la discusión del proyecto. Sin embargo, Soriano rechazó la propuesta de Vamos de incluir la lectura de su propuesta para permitir la participación de otras organizaciones interesadas en el tema.

Contexto del debate en El Salvador

La discusión sobre la Ley de Alianzas Público Privadas se enmarca en un contexto donde el Gobierno salvadoreño busca atraer inversión privada para acelerar el desarrollo de infraestructura y servicios públicos mediante mecanismos de colaboración público-privada. No obstante, la reducción de controles y la exclusión de sectores estratégicos en la regulación han generado preocupación en sectores de oposición y sociedad civil, que advierten riesgos de privatización y falta de transparencia.

El debate legislativo continúa abierto, con posiciones divididas sobre el equilibrio entre la promoción de la inversión y la protección de derechos y servicios públicos esenciales.