Denuncian actos arbitrarios y violaciones a derechos humanos contra comunidades en La Unión

Habitantes de las comunidades La Agencia y El Amate, ubicadas en el distrito de Intipucá, La Unión Sur, presentaron el miércoles 15 de abril una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA). La denuncia se fundamenta en presuntos actos arbitrarios y violaciones a derechos humanos cometidos por dicha institución durante los procesos de regularización de la tenencia de tierras en esas comunidades.

Las comunidades afectadas, con el acompañamiento del Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA),manifestaron ante las autoridades su preocupación por las medidas adoptadas por el ISTA, que de acuerdo con ellos, han afectado los derechos de aproximadamente 140 familias asentadas en esos territorios desde hace varias décadas, algunos incluso desde hace más de 100 años.

Contexto y reclamos de las comunidades

Desde mediados del año 2025, habitantes de La Agencia y El Amate buscaron la intervención del ISTA para obtener la regularización formal de sus tierras. Este proceso fue motivado por recientes procesos judiciales relacionados con casos de usurpación en áreas cercanas y la necesidad de garantizar seguridad jurídica sobre sus predios.

Sin embargo, según explicó un vocero de MILPA, la institución estatal habría cambiado las condiciones inicialmente planteadas. Los habitantes denunciaron que se les presentó el proceso como gratuito, pero posteriormente se les impuso la obligación de pagar por la adquisición de sus terrenos, con precios que oscilan entre $19,000 y $40,000, lo que consideran injusto y fuera de su alcance económico.

Supuestas irregularidades en el proceso

Entre las denuncias se mencionan prácticas coercitivas por parte del ISTA, incluyendo la solicitud de firmas en documentos en blanco, que posteriormente se utilizaron como base para establecer los valores de los terrenos. Además, se reportaron amenazas a los habitantes para que firmaran los documentos de avalúo y compra, bajo la advertencia de posibles intervenciones policiales si se negaban.

Estos hechos han generado temor y afectaciones emocionales en la comunidad, quienes temen la posibilidad de ser desalojados, dado que no cuentan con otro lugar para habitar. Asimismo, se señala que el ISTA estaría "mercantilizando el derecho a la tierra", favoreciendo intereses inmobiliarios en la zona oriental del país.

Testimonios de afectados

Uno de los afectados, miembro de MILPA, relató que en junio de 2025 el personal del ISTA visitó la comunidad El Amate para realizar mediciones de terrenos y comunicar que se otorgaría la posesión de las casas a un precio razonable. Sin embargo, tras reuniones grupales, se les hizo firmar documentos que incrementaron considerablemente los costos, generando preocupación entre las familias debido a su limitada capacidad económica.

Otro residente con más de 40 años viviendo en el lugar manifestó que se han utilizado engaños para hacerles firmar documentos y se intenta minimizar el tiempo de ocupación de sus hogares, con la intención de invalidar sus derechos. Esta situación ha motivado la petición de una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía.

Respuesta institucional y seguimiento

Al cierre de esta nota, las autoridades del ISTA no habían emitido una respuesta oficial respecto a las denuncias presentadas ni sobre los supuestos cobros elevados por la adquisición de tierras. Se solicitó información tanto al presidente del instituto como a la unidad de comunicaciones de la institución, pero la comunicación se encontraba pendiente.

El caso ha generado atención debido a la complejidad de la tenencia de tierras en El Salvador, especialmente en zonas rurales con comunidades históricas, que enfrentan desafíos para garantizar sus derechos territoriales en el marco de procesos administrativos y legales.

Contextualización en la realidad salvadoreña

El Salvador ha experimentado históricamente conflictos relacionados con la tenencia de tierras, en especial en áreas rurales y comunidades indígenas o campesinas. La regularización agraria es un proceso fundamental para brindar seguridad jurídica y reducir la vulnerabilidad de estas poblaciones frente a desplazamientos forzados o usurpaciones.

Instituciones como el ISTA tienen la responsabilidad de facilitar estos procesos de manera transparente, justa y respetuosa de los derechos humanos. Las denuncias recientes en La Unión evidencian tensiones y posibles irregularidades que podrían afectar la confianza de las comunidades en las políticas públicas y la gestión estatal.

Conclusiones y próximos pasos

La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República abre un espacio para que se investiguen las presuntas irregularidades en la gestión del ISTA, especialmente en lo que respecta a la imposición de pagos y la coerción hacia las comunidades afectadas. Además, pone en relieve la necesidad de garantizar mecanismos efectivos para la protección de los derechos territoriales y humanos de las poblaciones históricas.

Los habitantes de La Agencia y El Amate esperan que las autoridades competentes atiendan con celeridad estas denuncias, normalicen la situación de la tenencia de la tierra y eviten acciones que puedan derivar en desalojos o conflictos mayores. Este caso es un reflejo de los retos que enfrenta El Salvador en la implementación de procesos agrarios que sean inclusivos y respetuosos del bienestar social.