Denuncian incumplimiento en proyecto de agua potable en San Juan Opico por $70,000

El 31 de marzo de 2026, habitantes de varias comunidades en San Juan Opico presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el incumplimiento de un proyecto de agua potable que involucró una inversión aproximada de $70,000, aportados por las propias familias afectadas. Este proyecto, que debía beneficiar a seis cantones rurales, no fue entregado conforme a lo pactado, lo que ha generado preocupación y malestar entre los residentes.

Entre los denunciados figuran un expresidente de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) del caserío Pitichorro, ubicado en la zona rural de San Juan Opico, así como los actuales representantes de las ADESCOS de Loma del Frío y San Antonio. Según testimonios recabados de los afectados, estos dirigentes lideraron la iniciativa que ahora está bajo investigación.

Antecedentes y contexto del proyecto

El proyecto fue gestionado a partir de enero de 2023, con la meta de instalar un sistema de agua potable en seis cantones de San Juan Opico, entre ellos Pitichorro, que colinda con el distrito de Ciudad Arce. Los habitantes recibieron información sobre la implementación de dicho sistema, que inicialmente generó confianza por el respaldo que supuestamente tenía de un país extranjero.

Estas comunidades rurales enfrentan dificultades significativas para acceder al agua potable, ya que muchas familias deben recorrer hasta tres kilómetros para conseguirla o recurrir a la compra de agua en pipas, situación que representa una carga económica y logística considerable, especialmente para familias dedicadas a la agricultura y con recursos limitados.

Financiamiento y expectativas de la comunidad

Ante la necesidad urgente de acceso al agua, al menos 84 hogares decidieron integrarse al proyecto. Para participar, se solicitó un pago inicial de $400 en efectivo por cada integrante familiar, además de una cuota adicional de $54 para la elaboración de una carpeta técnica del sistema. Estas contribuciones económicas fueron reunidas por los habitantes mediante el sacrificio de la venta de granos básicos y animales de corral, con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida.

Los responsables del proyecto aseguraron la existencia de un río subterráneo con capacidad suficiente para abastecer a las comunidades involucradas. Sin embargo, desde el inicio se presentaron irregularidades, entre ellas la perforación de un pozo que no arrojó resultados positivos y constantes explicaciones relacionadas con fallas en la maquinaria utilizada para la perforación.

Irregularidades y falta de avances

Tras la recolección de los fondos, la comunicación por parte de los encargados del proyecto se interrumpió durante varios meses, lo que generó inquietud entre los beneficiarios. Al intentar obtener información a través de grupos de mensajería, el expresidente de la ADESCO de Pitichorro abandonó estos espacios y posteriormente confrontó a algunas familias, cuestionando su capacidad económica para haber aportado los fondos.

Esta falta de transparencia y los conflictos internos llevaron a que los afectados comenzaran a cuestionar la viabilidad y la seriedad del proyecto, denunciando un incumplimiento evidente en la entrega del sistema de agua potable prometido.

Acciones legales y demandas de las comunidades

La denuncia presentada ante la Fiscalía busca que se inicie una investigación exhaustiva para determinar si existe la comisión de delitos relacionados con la gestión de fondos y el incumplimiento del proyecto. Además, se pretende identificar las responsabilidades civiles y penales que correspondan a los involucrados.

La abogada que representa a las comunidades afectadas señaló que la denuncia tiene como objetivo que se establezca con claridad quiénes son los responsables legales y que se resarzan los perjuicios económicos sufridos por las familias. Según cálculos de los afectados, las pérdidas ascienden a cerca de $30,000 por comunidad.

Contexto social y retos en acceso al agua potable en El Salvador

El caso de San Juan Opico refleja un problema recurrente en zonas rurales de El Salvador, donde el acceso al agua potable sigue siendo limitado para muchas comunidades. A pesar de los esfuerzos gubernamentales y de organizaciones civiles, la infraestructura y los proyectos para garantizar este derecho básico enfrentan desafíos en su ejecución y sostenibilidad.

La inversión comunitaria y el involucramiento de asociaciones locales son estrategias comunes para impulsar mejoras en servicios básicos. Sin embargo, la falta de transparencia, control y rendición de cuentas puede derivar en conflictos, pérdidas económicas y desconfianza que afectan directamente a los vecinos y su calidad de vida.

Perspectivas y próximos pasos

Las autoridades fiscales y judiciales están llamadas a investigar a fondo el caso para esclarecer las circunstancias que rodearon el incumplimiento del proyecto y deslindar responsabilidades. Mientras tanto, las comunidades afectadas continúan en la búsqueda de soluciones que les permitan acceder al agua potable, recurso esencial para la salud y el desarrollo.

Este caso subraya la importancia de mecanismos efectivos de supervisión en proyectos comunitarios y la necesidad de fortalecer capacidades locales para la gestión transparente y eficiente de recursos. La garantía del acceso al agua potable es un reto que requiere compromiso conjunto entre autoridades, organizaciones y población para evitar que situaciones similares se repitan en otras zonas vulnerables del país.