Denuncian retrasos en entrevistas a testigos de descargo en caso La Floresta en El Salvador

La Unidad por la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) ha expresado su preocupación por la aparente falta de avance en las diligencias que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso denominado La Floresta, ubicado en San Juan Opico, La Libertad. Según informó el vocero y abogado de la organización, Rudy Joya, la Fiscalía no ha llevado a cabo las entrevistas a los testigos de descargo que fueron presentados y autorizados por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, lo que podría representar una táctica para dilatar el proceso judicial.

El abogado y también imputado en este proceso, explicó que desde el inicio de la etapa de instrucción, los abogados defensores han solicitado de manera constante que se realicen entrevistas a los testigos que podrían aportar elementos para demostrar la inocencia de los 23 habitantes de la comunidad La Floresta y del vocero de Unidehc, Fidel Zavala, quienes enfrentan cargos relacionados con agrupaciones ilícitas, venta irregular de parcelas, amenazas y otros delitos.

"Todos los abogados de la defensa técnica han estado solicitando al Tribunal la entrevista de testigos de descargo y de pruebas para probar la inocencia de cada uno de ellos. Hasta la fecha, a pesar de que el Tribunal a regañadientes ha aprobado la aceptación de los testigos, la Fiscalía no ha entrevistado a ninguno. ¿Qué están esperando? Se está dilatando el proceso por falta de pruebas, de investigación integral", señaló Joya.

Contexto y estado actual del proceso judicial

El caso comenzó a tomar relevancia en febrero de 2025, cuando fueron detenidos 24 habitantes de la comunidad La Floresta y el vocero de Unidehc, Fidel Zavala. El Tribunal Quinto de Sentencia decretó que el proceso avanzara a la etapa de instrucción, estableciendo medidas cautelares de detención para 23 de los imputados. Desde entonces, las diligencias para la recopilación y presentación de pruebas han sido objeto de cuestionamientos por parte de la defensa.

Fuentes judiciales indican que el periodo de instrucción tiene un plazo límite hasta el 13 de marzo de 2026, fecha en que el tribunal deberá programar una audiencia o la Fiscalía presentará una solicitud para una segunda prórroga. Hasta el momento, la defensa ha denunciado que la Fiscalía no ha presentado pruebas contundentes contra los acusados, lo que podría influir en el desarrollo del proceso.

Acusaciones de dilación y falta de imparcialidad

El abogado Rudy Joya ha manifestado que la omisión de entrevistar a los testigos de descargo autorizados podría tratarse de una estrategia para justificar una eventual solicitud de prórroga por parte de la Fiscalía. Además, ha insistido en la necesidad de que el proceso se conduzca con imparcialidad y respeto a los derechos de los imputados.

"Hemos pedido la libertad de los habitantes de La Floresta y de los líderes comunitarios, así como de Fidel Zavala, pues no hay pruebas que los incriminen. Pedimos a los fiscales que han fabricado el caso que de manera imparcial investiguen y reciban las pruebas de descargo. No queremos que en los próximos meses se venza el plazo y la Fiscalía use estas herramientas de dilatación y pida una prórroga", declaró.

Estos señalamientos surgen en un contexto donde la comunidad y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por la situación legal de los procesados, quienes además señalan que las acusaciones podrían estar relacionadas con conflictos territoriales y políticos en la zona.

Respuesta de la Fiscalía General de la República

El Equipo de Comunicaciones de la Fiscalía General de la República fue contactado para obtener una versión oficial respecto a las denuncias sobre la falta de entrevistas a testigos de descargo y la posible dilación del proceso. Sin embargo, al cierre de esta publicación, no se recibió respuesta alguna que aclarara estos puntos.

La ausencia de pronunciamiento oficial mantiene abierta la incertidumbre sobre los avances reales en la investigación y el cumplimiento de los plazos legales establecidos para el proceso.

Implicaciones para el sistema judicial y el respeto a los derechos humanos

Este caso pone en evidencia desafíos en la administración de justicia en El Salvador, especialmente en procesos relacionados con comunidades y organizaciones sociales. La denuncia sobre la falta de diligencia en la entrevista de testigos de descargo cuestiona la transparencia y la efectividad de las investigaciones, elementos esenciales para garantizar un juicio justo y el respeto a los derechos fundamentales de los imputados.

La situación también invita a reflexionar sobre la importancia de que las instituciones judiciales actúen con celeridad y equidad para evitar procesos prolongados innecesariamente, que puedan afectar la presunción de inocencia y la integridad de las personas involucradas.

Conclusiones

La denuncia realizada por la Unidad por la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios sobre la falta de entrevistas a testigos de descargo autorizados en el caso La Floresta evidencia una posible dilación en el proceso judicial. Esta situación ha generado preocupación en la defensa, que advierte la utilización de estas demoras como una estrategia para extender el periodo de instrucción y justificar prórrogas.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la República no ha ofrecido explicaciones públicas sobre las diligencias pendientes o los motivos detrás de la ausencia de entrevistas a los testigos. El desarrollo y resolución del caso serán determinantes para evaluar el respeto a los derechos de los implicados y la eficacia del sistema judicial salvadoreño en la administración de justicia en contextos complejos.