Desafíos y estigmas: la reinserción laboral tras el régimen de excepción en El Salvador

Jonathan Edenilson Santos Castillo recuperó su libertad el 19 de febrero de 2025 después de permanecer dos años y dos meses detenido bajo la acusación de agrupaciones ilícitas dentro del contexto del régimen de excepción en El Salvador. Sin embargo, fue hasta marzo de 2026, más de un año después, cuando logró obtener un empleo informal para contribuir al sustento de su familia, evidenciando las dificultades que enfrentan quienes salen de prisión en esta situación.

Antes de su captura, ocurrida el 26 de diciembre de 2022, Jonathan se desempeñaba en una maquila. Tras su liberación, ha intentado reincorporarse al mercado laboral formal, pero sus antecedentes penales han sido un obstáculo recurrente. “Solo arregle eso y después puede venir”, ha sido la respuesta que ha recibido en diferentes empresas al presentar su historial judicial.

Reynaldo Santos, padre de Jonathan, relató que realizaron múltiples entrevistas laborales en grandes ferreterías y maquilas. A pesar de haber superado exámenes teóricos, prácticos y médicos, las empresas concluyeron el proceso al conocer sus antecedentes penales. “Regrese cuando haya resuelto su situación”, fue la indicación constante.

Ante estas limitaciones, Jonathan ha buscado alternativas formativas para mejorar sus oportunidades. Se capacitó en albañilería, un sector en auge por el crecimiento en construcciones, y también inició estudios en carpintería. Sin embargo, dejó estos últimos debido a un incidente de violencia en su comunidad, que provocó la presencia de miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y un ambiente de temor por posibles recapturas.

El joven de 24 años aspiraba a ser ingeniero en sistemas, pero la pandemia de COVID-19 en 2020 alteró sus planes, motivándolo a trabajar para apoyar a su familia. Participó en la distribución de paquetes solidarios del gobierno durante la emergencia sanitaria y posteriormente ingresó a una maquila hasta su detención.

Un empleo informal como única alternativa

Finalmente, al inicio de marzo de 2026, Jonathan consiguió un trabajo informal como ayudante en el transporte de ripio, labor que realiza junto a un vecino de su colonia. Este empleo le ha permitido generar ingresos y retomar un ritmo laboral que contribuye a su bienestar emocional y económico.

Reynaldo Santos expresó que esta oportunidad es gratificante para su hijo, ya que le permite reinsertarse en un ambiente laboral y mantener la motivación pese a las adversidades. La familia espera que esta etapa pueda consolidarse y que la situación jurídica de Jonathan se resuelva favorablemente.

Afectaciones físicas y emocionales tras la detención

La experiencia en prisión también dejó secuelas físicas para Jonathan. Durante su internamiento en el penal La Esperanza, conocido como Mariona, contrajo escabiosis, lo que actualmente le obliga a seguir un tratamiento médico con cinco medicamentos, entre cremas y tabletas. Además, presenta síntomas como dolor abdominal leve, reflujo gástrico, dolor epigástrico y molestias en las extremidades, lo que ha requerido un control médico constante.

En cuanto a su salud emocional, Jonathan evita concurrir a lugares concurridos por temor a estigmatización o a ser nuevamente detenido. Estas limitaciones afectan su calidad de vida y su proceso de reinserción social.

Procesos judiciales pendientes y la incertidumbre

A pesar de estar en libertad, la situación jurídica de Jonathan permanece incierta. En abril de 2025, el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado lo incluyó en un grupo de 75 personas que enfrentan audiencias únicas abiertas. Sus abogados defensores renunciaron meses después, y actualmente se encuentra en búsqueda de nueva representación legal para enfrentar la audiencia, cuya fecha aún no ha sido establecida.

Según información oficial hasta marzo de 2026, desde el inicio del régimen de excepción se han capturado a 91,650 personas, y aproximadamente 10,000 han salido de prisión mediante medidas alternas a la detención. No obstante, la falta de actualización en las cifras y la ausencia de programas de reinserción dificultan el seguimiento y acompañamiento de estas personas.

Estigmatización y falta de oportunidades para la reinserción

La directora de una organización dedicada al socorro jurídico humanitario ha señalado que quienes salen de prisión bajo el régimen de excepción enfrentan una doble carga: la estigmatización social y laboral, y la constante presión de juicios masivos que amenazan con una posible condena arbitraria. “Salir no significa recuperar la libertad completa”, explicó, al destacar que las personas permanecen bajo sospechas permanentes, lo que limita su acceso a un empleo digno y a una vida normal.

Actualmente, esta organización da seguimiento a 152 casos relacionados con el régimen de excepción, de los cuales 51 cuentan con medidas sustitutivas. Sin embargo, el estigma y la exclusión siguen siendo obstáculos significativos.

Por otro lado, el coordinador de un movimiento de víctimas del régimen ha denunciado que quienes están bajo medidas alternas sufren amenazas de recaptura y hostigamiento por parte de agentes estatales, describiendo la situación como un trato “inhumano”. Los afectados también reportan discriminación, acoso y la imposibilidad de mantener un salario digno, situación que afecta no solo a ellos, sino también a sus familias.

Este colectivo ha solicitado que se implementen programas específicos de reinserción laboral y apoyo emocional para quienes han sido liberados bajo este régimen, dada la ausencia de oportunidades y la vulnerabilidad que enfrentan.

Respuesta institucional y perspectivas

El Oficial solicitó información a las autoridades responsables sobre los procesos judiciales y posibles programas de reinserción para personas liberadas en el marco del régimen de excepción, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.

La situación de Jonathan Santos es un reflejo de un fenómeno más amplio en El Salvador, donde miles de personas enfrentan la complejidad de reintegrarse a la sociedad tras periodos prolongados de detención en contextos de seguridad y emergencia nacional. La falta de políticas claras y programas efectivos dificulta su rehabilitación social, laboral y emocional, prolongando las consecuencias de su encarcelamiento.

La necesidad de un enfoque integral que garantice derechos, oportunidades y justicia es fundamental para romper con el ciclo de exclusión y vulnerabilidad que afecta a esta población, contribuyendo así a una sociedad más inclusiva y respetuosa de los principios fundamentales del Estado de derecho.