Detenciones sin pruebas ni sentencia: jóvenes permanecen presos en el CECOT a la espera de juicio

En El Salvador, la situación de varios jóvenes detenidos y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ha generado preocupación debido a la ausencia de pruebas que los vinculen con pandillas y la falta de sentencia firme tras años de prisión preventiva. Este centro penitenciario, inaugurado en 2023 durante el régimen de excepción, fue diseñado para albergar a personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales, según información oficial. Sin embargo, casos recientes evidencian que no todos los internos cuentan con antecedentes penales ni han sido condenados.

El caso de José David Sánchez: detenido mientras trabajaba sin vínculos criminales

El 16 de junio de 2022, José David Sánchez, un joven de 19 años, fue arrestado junto a otros siete jóvenes mientras laboraba en un taller artesanal de pirotecnia ubicado en el cantón Cantarrana, Santa Ana. José David había llegado a ese lugar buscando una oportunidad laboral temporal mientras esperaba conseguir empleo como electricista, carrera en la que se había graduado previamente en el Instituto Nacional de Santa Ana (INSA).

La Policía capturó al grupo bajo la acusación de “sostener una reunión como pandilleros” en la champa de láminas donde elaboraban cohetes artesanales. No obstante, ni José David ni sus compañeros presentaban tatuajes ni antecedentes relacionados con pandillas, información que fue confirmada durante las revisiones policiales en el momento de la detención.

Según relata Esmeralda, madre de José David, una vecina del sector, con quien aparentemente existía una disputa personal, denunció ante las autoridades la supuesta presencia de pandilleros en el taller, lo que desencadenó la intervención policial. Incluso, soldados presentes en el operativo sugirieron no arrestar a José David debido a la falta de pruebas, pero un comisionado ordenó su captura.

Tras su detención, José David fue trasladado inicialmente al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona; posteriormente fue enviado al Centro Penal de Izalco y más tarde retornado a Mariona. Fue en ese último traslado cuando la familia perdió el rastro de su paradero. Tras varios días de incertidumbre, se confirmó que José David permanecía recluido en el CECOT, un penal de máxima seguridad donde permanece hasta la fecha.

La abogada defensora del caso, Roxana Cardona, ha señalado que la Fiscalía ha realizado pruebas que demuestran que José David no tiene tatuajes ni vínculos con pandillas, y la familia ha intentado reiteradamente demostrar su inocencia. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido una resolución judicial que le otorgue la libertad. Incluso, uno de los investigadores del caso admitió que la captura fue un error, pero ello no ha repercutido en el proceso judicial ni en la liberación del joven.

Ricardo Antonio Ayala: deterioro de salud y ausencia de información en el CECOT

Otro caso que refleja la compleja situación en el CECOT es el de Ricardo Antonio Ayala, detenido el 4 de junio de 2023 al salir de su turno en una maquila en Santa Ana. Antes de su arresto, Ricardo gozaba de buena salud y era descrito por sus familiares como una persona fuerte y activa.

Tras su ingreso al sistema penitenciario, su estado físico se deterioró considerablemente. Un informe de la Dirección General de Centros Penales detalla que, aunque ingresó clínicamente sano, requirió atención médica en seis ocasiones durante nueve meses, presentando síntomas como dolor intenso, escalofríos, moretones, palidez y frialdad en las extremidades. Su peso descendió de 80 a 50 kilogramos.

La defensa de Ricardo interpuso un habeas corpus que fue admitido por la Cámara de la Segunda Sección de Occidente, la cual determinó que el Estado había incumplido al negar la revisión médica por parte de un perito forense. Posteriormente, la defensa solicitó una audiencia especial para verificar su estado, encontrándose con un panorama alarmante: Ricardo presentaba un aspecto muy deteriorado, incapaz de comunicarse, con un aspecto físico similar al de un anciano de 60 años, pese a tener poco más de 40.

Desde enero de 2024, se desconoce el estado actual de Ricardo, ya que la familia no ha recibido información sobre su salud ni ha podido visitarlo desde una audiencia virtual realizada ese año. Su traslado al CECOT y la falta de detalles sobre su permanencia en dicha prisión generan inquietud en sus allegados y defensores.

Un tercer caso similar: joven sin antecedentes en prisión preventiva

El tercer caso corresponde a un hombre de 31 años, también detenido en 2023 en Santa Ana y recluido actualmente en el CECOT. Antes de su captura, trabajaba en un taller realizando diversos oficios para sostenerse. Al igual que en los casos anteriores, no presenta tatuajes, antecedentes penales ni vínculos con pandillas.

Este joven acumula dos años en prisión preventiva, a la espera de juicio, sin que se hayan presentado pruebas que lo relacionen individualmente con estructuras criminales. Su defensa ha insistido en la ausencia de evidencia, mientras la posición oficial continúa tachando al CECOT como un centro dedicado exclusivamente para pandilleros.

Contexto y postura oficial sobre el CECOT

El CECOT fue inaugurado en 2023 durante el régimen de excepción impulsado por el Gobierno salvadoreño como un centro penitenciario de máxima seguridad destinado a albergar a pandilleros y personas vinculadas a estructuras criminales. El presidente de la República anunció el traslado de miles de internos a este penal, enfatizando que permanecerían allí por décadas para evitar daños a la población.

En diversos pronunciamientos públicos, las autoridades han sostenido que en el CECOT solo están recluidos pandilleros, negando denuncias sobre posibles abusos o malos tratos. Sin embargo, la existencia de casos de personas sin antecedentes ni vínculos criminales cuestiona la aplicación rigurosa de esta política y pone en evidencia posibles fallas en los procesos de detención y judicialización.

Implicaciones para el sistema judicial y derechos humanos

Los tres casos revisados reflejan preocupaciones sobre la presunción de inocencia, la duración de la prisión preventiva y el respeto a los derechos fundamentales. La prolongada detención sin sentencia firme, la ausencia de pruebas individualizadas y la falta de información a las familias sobre el estado y ubicación exacta de los internos plantean serios cuestionamientos al sistema penal y penitenciario en El Salvador.

La abogada defensora ha denunciado la carencia de transparencia y la demora en la presentación de informes concluyentes por parte de la Fiscalía, así como la falta de acceso a visitas y atención médica adecuada para los detenidos. La situación exige una revisión exhaustiva de los procesos judiciales y penitenciarios para garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar injusticias.

Conclusión

La permanencia de jóvenes sin antecedentes penales ni vínculos con pandillas en el CECOT, un penal de máxima seguridad destinado a criminales peligrosos, plantea serias preguntas sobre el respeto al debido proceso en El Salvador. A pesar de la ausencia de pruebas y la espera prolongada de sentencias, estas personas continúan en prisión preventiva, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las garantías judiciales y la transparencia en el sistema penal del país.

Este análisis destaca la importancia de proteger los derechos fundamentales y de asegurar que las medidas excepcionales adoptadas en el marco del régimen de excepción no vulneren las garantías básicas de los detenidos. La justicia debe actuar con celeridad y basarse en evidencias claras para evitar detenciones arbitrarias y la prolongación injustificada de la prisión preventiva.